La debacle electoral y la fractura interna ponen en duda el futuro de Podemos

Esta crisis interna vivida en Podemos ha pasado factura en las urnas. Así sucedió el 26 de abril en las generales, cuando perdió más de 23.000 votos y el escaño que tenía en el Congreso. Y así ocurrió el domingo en las autonómicas, quedándose con apenas 10.000 votos, un insignificante 3% de apoyos y pasando de ser la cuarta fuerza más votada en Cantabria a la sexta. Ni un diputado y sólo dos concejales en toda la región, uno en Castro y otro en Bezana.

La candidata autonómica Mónica Rodero, designada a dedo por el Consejo de Coordinación Estatal de Podemos –no llegaron a celebrarse primarias–, evita utilizar la palabra fracaso para valorar los resultados. Prefiere calificarlos con un tibio «muy malos». Y no quiere asociar directamente la debacle electoral con la crisis interna vivida en Cantabria, sino con la situación nacional. «El desplome de Podemos ha sido de una manera muy generalizada a nivel estatal –el domingo perdieron 70 diputados entre las distintas comunidades–. Como formación política nos toca hacer una autocrítica seria y abrir un proceso de reflexión para llegar a las razones que nos han hecho perder tantos votos», expresa. Pero es que los problemas internos en la región han sido numerosos y de envergadura y los simpatizantes han visto a Podemos descomponerse en cuitas internas y cómo las ambiciones personales han primado por encima de los intereses de la ciudadanía. En los últimos cuatro años el partido ha tenido dos gestoras y tres secretarios generales y los tres diputados autonómicos con los que contó (José Ramón Blanco, Alberto Bolado y Verónica Ordóñez) terminaron la legislatura enfrentados y con el grupo parlamentario disuelto.

Ordóñez –junto a Lydia Alegría, secretaria general en Santander y una trabajadora del partido– denunció el pasado otoño a Blanco por supuesto acoso laboral, un caso que sigue en los juzgados. Entonces el diputado anunció que renunciaba a presentarse a las primarias donde se tenía que decidir la candidatura autonómica para la Presidencia de Cantabria y que dejaría su escaño en el Parlamento, cosa que finalmente no hizo al considerar que era objeto de «una caza de brujas».

La entonces diputada nacional y secretaria general en Cantabria, Rosana Alonso, que había ganado el proceso en abril de 2018 a Ordóñez, decidió concurrir a las primarias, pero fue inhabilitada por el Comité Electoral al tener un informe negativo del Comité de Seguridad y Salud Laboral. A su juicio, Alonso, persona muy cercana a Blanco, había incumplido «gravemente» el Código Ético de Podemos por no haber, supuestamente, actuado sobre las denuncias por acoso laboral, de las que «tenía constancia», y haber ocultado información. La misma suerte corrieron los responsables de Organización, David González, y de Feminismos, Belén Milán.

Los tres afectados emprendieron acciones legales tras su inhabilitación –que dejaba vía libre a Ordóñez para encabezar la candidatura–, por lo que el juzgado paralizó el proceso de primarias. Y el pasado mes de abril decidió anular la resolución del Comité Electoral porque se basó en un procedimiento interno «en el que no se han guardado las más mínimas garantías de los afectados, que ni siquiera fueron oídos» y porque las diligencias se hicieron de una forma «arbitraria» y «con aparente parcialidad».

La decisión de la magistrada dejó en evidencia a Podemos, pero no tuvo ninguna consecuencia real porque el partido morado, además de recurrir la sentencia, defendió que no está «obligado» a celebrar comicios internos para elegir a la candidata a la Presidencia, vulnerando derechos democráticos recogidos en las bases. De hecho, en marzo la dirección nacional había designado a Rodero y, antes, en enero, había impuesto a equipo técnico –una gestora– que asumió todas las funciones de los órganos autonómicos y que supuso el fin del mandato »de Alonso como secretaria general en Cantabria.

«Soy difícil de desilusionar», asegura Mónica Rodero, que no quiere abandonar el barco sino que se muestra dispuesta a trabajar en «la reconstrucción» del partido, que está pendiente de una Asamblea Ciudadana Autonómica –no se celebrará antes de noviembre– en la que renovar los órganos de dirección y poner fin a la actual gestora. «No hemos terminado aquí, hay que tener consideración con esas 10.000 personas que nos han votado. Nos quedan cuatro años por delante para hacer una tarea de recomposición, no vamos a parar con el trabajo que veníamos haciendo, ahora, por desgracia, desde fuera de las instituciones. Pero seguiremos en las calles trabajando con las gentes de Cantabria, acompañando a los movimientos sociales y poniendo voz a sus demandas, haciendo política desde las plazas. Intentaremos ganar la confianza que un día tuvimos y que, con sudor y esfuerzo, estamos dispuestas a recuperar», reflexiona.