«La ley debe dejar claras las reglas del juego en relación con los préstamos hipotecarios»

-Porque es necesaria.

-Pues que va en la buena dirección porque, ya por lo pronto, va a aclarar quién tiene que asumir el pago de cada uno de los gastos vinculados con los préstamos hipotecarios. Eso es importante para los bancos y es importante para los clientes, pero también lo es para los notarios, que necesitamos con urgencia una ley que establezca claramente cuales son las reglas del juego en relación con los préstamos hipotecarios para evitar que sean los tribunales los que, a posteriori, tengan que determinar quién debe costearlos porque eso genera muchísima inseguridad jurídica.

-A nosotros, al cuerpo de notarios, lo que más nos interesa es que la ley marque unos criterios muy claros. Y parece que el borrador va en esa dirección.

-Antes, hace años, la ley no establecía, por ejemplo, qué se entendía por un interés de demora abusivo, de manera que yo, como notario, desconocía si el interés de demora que se le estaba aplicando a un señor que iba a firmar un contrato hipotecario lo era o no.

-Yo le podía explicar y preguntarle: '¿se da cuenta de que le han puesto un 14% de interés de demora y que si usted está seis meses sin pagar el crédito hipotecario va a tener que pagar una burrada de intereses?'. Pero hasta ahí. No podía hacer más. Ahora, en cambio, la nueva ley definirá claramente qué se entiende por un interés de demora abusivo y ello, en consecuencia, me permitirá valorar si procede o no procede la firma del contrato.

-Que también nos parece bien porque extenderá la función notarial al ámbito de la etapa precontractual y ello nos permitirá incrementar la seguridad del cliente.

-Con la entrada en vigor de la nueva ley hipotecaria, los notarios vamos a recibir en nuestros despachos toda la información que el cliente tiene que saber sobre su contrato antes de que él llegue a la notaría. Con esa información en la mano, y en los días anteriores a la firma, nosotros le realizaremos un cuestionario para cerciorarnos de que entiende bien todas las cláusulas que va a aceptar.

-Exactamente.

-Será gratuito.

-No. Vamos a dedicar más horas y más medios humanos y técnicos, pero no, no vamos a cobrar por ello porque desde nuestro doble status (somos profesionales del Derecho y al tiempo funcionarios públicos) entendemos que este tipo de actuaciones forman parte de nuestra función pública.

-La primera para realizar ese cuestionario y la segunda para proceder al acto de la firma. Sí.

-Sí, claro, pero la daremos por buena si gracias a esas actas nos aseguramos de que nuestros clientes se presentan a la firma de un contrato bien informados.

-Y así es.

-No. Lo que hace la nueva ley es recoger la distinción que en su sentencia sobre las 'cláusulas suelo' hizo el Tribunal Supremo entre transparencia formal y material.

-Sí, verá. En la sentencia que dictó en relación a las 'cláusulas suelo', el Tribunal Supremo incidió en el hecho de que en el periodo que abarca la intervención precontractual -es decir, esa esfera de tiempo que discurre desde que el consumidor va al banco a solicitar un préstamo hasta que va a la notaría a firmarlo- existía un déficit de información que provocaba que éste no llegara al momento de la rúbrica con una idea lo suficientemente formada. Es decir, que el vacío que detectó no se hallaba en la fase de la firma, en la que participamos los notarios, sino en la previa, la precontractual, aquella en la que el consumidor apenas tenía capacidad de decisión.

-Resumiendo, lo que venía a decir el Tribunal Supremo en esa sentencia es que en el momento de firmar ya era tarde para que el consumidor pudiera valorar toda la información y echarse atrás.

-Que todavía no se haya aprobado. Que llevemos tantos meses esperando a que la normativa vea la luz. La sensación de inseguridad jurídica que esta situación provoca no es un problema menor.

-Su cambio de jurisprudencia demuestra que es un tema complejo que, insisto, pide a gritos una ley que deje claras las reglas del juego porque, a día de hoy, es evidente que no lo están.

-Cuando salió la primera sentencia, que estableció que el pago del impuesto iba a cargo de los bancos, lo primero que hicimos fue informar a los clientes de esa decisión y, obviamente, asegurarnos bien de que en la escritura que iba a firmar no se reflejara nada que contraviniera lo dicho en aquella sentencia. Y después, cuando salió la segunda, que modificaba la anterior jurisprudencia y devolvía a los clientes la responsabilidad sobre este pago, obramos de igual modo.

-Luego, efectivamente, intervino el Gobierno.

-Cuando se dictó la primera sentencia se produjo alguna paralización porque ni siquiera se conocía aún el contenido íntegro de aquel fallo. Sí. Diría que hubo un cierto parón. Pero en cuanto se conoció el fondo, la actividad se retomó.

-Sí.

-Todavía no sabemos cómo ha quedado redactado exactamente el texto del proyecto de esta nueva ley. Pero, si como parece, va en la línea de todo lo que acabamos de hablar, no tengo dudas de que el colectivo será muy receptivo a los cambios. Entendemos que son buenos porque fortalecen la seguridad de los consumidores.

-Pues a los que me han consultado y me han dado la oportunidad de explicarles los cambios normativos les ha parecido muy bien.

-Sí. Lo creo. Pero ya no sólo la ley. Gracias en una buena medida a las sentencias del Tribunal Supremo, se está generando una atmósfera muy favorable para los intereses de los consumidores.

-Yo no diría tanto como ignorados pero sí caídos a un segundo plano. De hecho, le diré que cuando estaba estudiando la carrera siempre tuve la impresión de que la defensa de los derechos de los consumidores no era entonces una materia muy importante.

-No. Y sin embargo, hoy por hoy, parece que todo el mundo concibe los derechos de los consumidores como algo muy valioso para el país. En ese sentido, puedo decirle que estoy muy satisfecho.

-Porque el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI), que es la primera institución mundial en la lucha contra este tipo de delitos, y cuyas recomendaciones siguen escrupulosamente todos los países, tiene puesto como ejemplo nuestra base de datos sobre el titular real de una propiedad.

-Esa base es un suministrador de información muy valioso para los organismos judiciales y policiales que persiguen este tipo de delitos, en los que, con cierta frecuencia, surgen las figuras de los testaferros, que, como imagino que ya sabrá, son aquellas personas de las que se valen los titulares reales de cierta propiedad para no aparecer ellos. Ese dato, el del titular real, no consta en las administraciones, ni siquiera en los registros mercantiles, así que la única vía para llegar a él es a través de nuestra base de datos, que, como dice nuestro presidente, es la envidia de Europa.

-Parece. Y, sinceramente, los notarios no entendemos esta batalla, como en su día no entendimos que si el GAFI tenía nuestra base puesta como ejemplo de eficacia, el anterior ministro de Justicia la atribuyera al Registro Mercantil cuando, a día de hoy, allí no existe ninguna base de datos.