Los deberes de Ana Belén Álvarez

Álvarez sale de una consejería tranquila que dominaba a un polvorín como es Economía, la menos agradecida de las nueve del bipartito y que en los últimos meses ha sido foco continuo de conflictos. Desde el Edificio Macho no se inauguran obras ni se hacen inversiones llamativas, pero la persona que se sienta en el despacho de la sexta planta debe encargarse de la poco amable tarea de controlar las cuentas de todo el Ejecutivo y tirar de las orejas a los compañeros que gasten más de lo debido o dejen partidas sin gastar. La socialista, que en el pasado se plantó ante su antecesora para exigir más recursos para Políticas Sociales, será ahora la que tenga que decir 'no' cuando en Industria, Sanidad o Educación le pidan más dinero del disponible.

Los dos primeros dosieres sobre la mesa son, precisamente, los que más quebraderos de cabeza dieron a Sánchez y los que precipitaron su salida. El comienzo del fin de la exconsejera arrancó con el aviso al resto de consejerías -precisamente salvó a Empleo y Políticas Sociales, además de a Zuloaga- por la falta de agilidad para no perder fondos europeos y por el peligro de tener que devolver partidas del Plan de Recuperación por falta de tiempo para la ejecución. El asunto generó un gran malestar en el área regionalista, aunque después se demostró que tenía buena parte de razón.

Aunque es cada departamento quien gestiona sus propios fondos, Álvarez se tiene que encargar por mandato del Parlamento de hacer un seguimiento trimestral del uso del dinero que, teóricamente, tiene que ayudar a sentar las bases de un nuevo modelo productivo y de la digitalización de empresas y administración. De hecho, en el mes de mayo tendrá que enviar a la Cámara el primer informe al respecto. Debe darse prisa porque las facturas que no se hayan emitido antes de 2024 no podrán cobrarse. Y al mismo tiempo debe poner en marcha el Plan de Choque ante la crisis de precios. El Gobierno prometió ayudas directas a los sectores afectados y una exención de tasas que Sánchez tenía bastante avanzada y que sigue sin concretarse.

Si los dos puntos anteriores constituyen lo urgente, la responsabilidad fiscal para que las cuentas cuadren suponen lo importante. Las tareas que acostumbra a hacer un consejero de Economía en situaciones más ordinarias que las que se han sucedido en los dos últimos años, con las respectivas consecuencias de una pandemia mundial y una guerra en Europa. Aunque el grueso del Presupuesto de 2023 no se vislumbrará hasta después del verano, Álvarez tendrá que fijar mucho antes sus líneas maestras. Serán las últimas Cuentas regionales antes de las elecciones, por lo que todos los consejeros pelearán por conseguir el trozo más grande del pastel y presumir ante los votantes.

Ahí a Álvarez le tocará ejercer de árbitro. De su etapa en Empleo y Políticas Sociales tiene entrenado el músculo de la negociación. Llega a su nuevo puesto con acuerdos importantes entre sindicatos y patronal bajo el brazo, pero también en su anterior responsabilidad demostró que no le importa plantarse y tomar decisiones cuando está convencida de ellas aunque tenga enfrente a propios o extraños.

Y atajar la deuda. Fue uno de los objetivos que se autoimpuso María Sánchez cuando tomó posesión. La pandemia se coló por medio. El pasivo de la comunidad autónoma cerró 2020 con su máximo histórico del 26% del PIB tras dos décadas de ascensos con la excepción de un único ejercicio y en diciembre de 2021 se redujo el porcentaje de deuda respecto al PIB por el crecimiento de la riqueza, pero aumentó la cifra asbsoluta hasta el récord de 3.426 millones de euros. Más de lo que ingresa todo un año Cantabria.

Si la cifra no baja, habrá que pedirle ya cuentas a la nueva consejera, que en cambio sí se encuentra con un periodo medio de pago a proveedores al día. Tras años en los que la situación era de descontrol y el Ministerio envió apercibimientos, este asunto ha sido resueltos. Pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Finanzas del Gobierno de Cantabria, este era el fuerte de Sánchez. Su sucesora, en cambio, es licenciada en Filosofía y Letras y técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales. En el PSOE defienden que eso no será un hándicap porque Álvarez tampoco era experta en políticas sociales y logró apaciguar un sector de la dependencia levantado en armas a la vez que se reducían los plazos en la tramitación de las ayudas -la espera para tener el reconocimiento de grado pasó de 250 a 141 días, frente a la media nacional de 450-, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y activar las estrategias de lucha contra la soledad no deseada y el sinhogarismo.

Parece que los melones económicos que tenía previstos abrir Madrid en relación a los territorios no tendrá que afrontarlos la nueva consejera en el año que le queda de mandato. PSOE y PP a nivel nacional entienden que la aprobación de la financiación autonómica tiene que hacerse ya en la próxima legislatura. En el primer borrador, Cantabria era una de las regiones más beneficiadas. De ser la primera en ingresos por habitante pasaría a perder en torno a 300 millones de euros, algo que Revilla considera que supondría que la autonomía fuera inviable. Lo más probable es que no sea Álvarez la que tenga que dar esta batalla, por lo menos de manera inmediata.

María Sánchez también anunció una reforma fiscal de profundidad en Cantabria para esta legislatura una vez que el Estado acometiera la propia para conocer el escenario general. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya tiene el informe de los expertos al respecto, pero parece que no se dará prisa en mover ficha ni en avanzar hacia la armonización fiscal entre territorios que quieren los dos socios del bipartito. Por consiguiente, también sería una sorpresa que se hiciera algo a nivel autonómico en el próximo año. Los impuestos, ni para arriba ni para abajo. Pedro Sánchez y ayer Zuloaga en este periódico ya han dicho que bajar impuestos, como pide el PP, solo se puede traducir en peores servicios públicos. Y subirlos sería algo muy arriesgado con las elecciones a la vuelta de la esquina.

A nivel interno, tendrá que resolver el «escándalo» -así lo califica la oposición- de la Oficina de Proyectos Europeos y la Fundación Comillas por la supuesta contratación anómala de sus actuales responsables y todas sus consecuencias.