Los deberes del equipo de Buruaga

La primera tarea de Urrutia será de tipo organizativo, ya que deberá realizar una reestructuración de las sedes del Ejecutivo y distribuir a los nuevos consejeros y directores generales por los edificios públicos que están a disposición del Gobierno. La popular tendrá que continuar desarrollando el Plan de Lucha contra la Despoblación que puso en marcha su antecesora, la regionalista Paula Fernández, que gracias a las aportaciones del Gobierno central emprendió también la modernización de la Justicia. Y tendrá que desarrollar el proceso de comarcalización que se quedó a medias en la anterior legislatura, ya que ni siquiera está confirmado cómo será el mapa definitivo.

¿Novedades? Por ejemplo, la creación de una Oficina Antiokupación, tal y como figura en el programa electoral del PP. Además, la hasta ahora diputada, una persona de la máxima confianza de Buruaga, se encargará de las relaciones con el Parlamento, algo que cobra especial relevancia en una legislatura en la que el partido que sustenta al Gobierno no tiene mayoría absoluta y sudará la gota gorda para sacar adelante cada ley y proyecto.

Todas las medidas económicas que el nuevo Gobierno quiera poner en marcha necesitan de un relanzamiento industrial de la región para no quedarse solo en buenas intenciones. En el escenario ideal, este sector debe representar el 25% del PIB de Cantabria. Actualmente ronda el 18%, según el Icane. Para conseguirlo, el nuevo consejero de Industria, Eduardo Arasti, tiene el reto de aprobar un plan que haga viable la transición energética de Solvay; la permanencia en Cantabria de industrias tan emblemáticas como Sidenor o Ferroatlántica; y volver a convertir el suelo de la desaparecida Sniace en un territorio productivo capaz de albergar proyectos empresariales, a la espera de si el nuevo Gobierno apoya el plan para instalar allí una planta de hidrógeno verde como quiere el Ayuntamiento de Torrelavega. Ese plan también debe recoger el futuro de las Excavadas y La Hilera en la capital del Besaya; la gestión directa del Polígono de La Vega en Campoo; la aprobación del Polígono Industrial de Laredo y el desarrollo de dos nuevas áreas industriales en el entorno de la A-8, en Cabezón de la Sal y en Penagos-Santa María de Cayón.

Un capítulo aparte será el desarrollo del polígono de La Pasiega, proyecto estrella de Miguel Ángel Revilla y que los populares ya han avanzado que continuarán. Arasti también deberá decidir qué hacer con la ampliación del Pctcan, un proyecto a priori necesario, especialmente visto el crecimiento y dinamismo del sector tecnológico en la comunidad. Tal es así que el PP pretende impulsar la creación de un 'Hub Digital' que ayude a articular todo este aumento de actividad y empleo. Y en este ámbito secundario, en concreto para su revitalización, el PP tiene diseñado un 'Plan de Choque' con actuaciones prioritarias en el Besaya y en Campoo. El proyecto incluye también atención a la industria de la automoción y a los nuevos nichos de actividad que se puedan potenciar en áreas como la forestal o la agrónoma. Y luego está el impulso al desarrollo eólico –en esta última etapa se han dado licencias, pero no se han comenzado obras como la de El Escudo– y a otros proyectos energéticos privados como el de Repsol en Alsa.

Buruaga ya avisó de la importancia de esta Consejería al avanzar que sería una presidenta «con un perfil muy sanitario». César Pascual, un hombre de toda la confianza de la líder del PP, y que conoce muy bien el Hospital Valdecilla, del que fue gerente, deberá poner en marcha la auditoría de la situación organizativa, financiera y asistencial del Servicio Cántabro de Salud (SCS) anunciada por Buruaga durante la campaña electoral y su investidura.

La sanidad cántabra, que «ha sufrido un deterioro sin precedentes», en palabras de la líder del PP, tiene entre sus grandes conflictos la imposición de agendas de Atención Primaria y la situación en los Servicios de Urgencias (SUAP). Para solucionarlos, Pascual tiene la encomienda de firmar durante los cien primeros días de mandato un pacto con los profesionales sanitarios de Cantabria. Una «hoja de ruta», lo llamó Buruaga, para reconocer a los trabajadores y para ayudar en la sostenibilidad de un sistema que ha sufrido sucesivas crisis en los últimos años.

Las listas de espera, como es previsible, se encuentran en lo más alto de la agenda del nuevo consejero, que, como diputado, ha sido muy crítico con los tiempos de espera durante la pasada legislatura en el Parlamento. Buruaga le ha marcado un reto mayúsculo: reducir en un año esos tiempos máximos de espera a 30 días para una prueba diagnóstica, a 60 días para una consulta de especialista y a 180 días para una intervención quirúrgica. Y al final, en el umbral de la legislatura, reducir las listas a la mitad, tanto el número de personas como el tiempo. «Nadie esperará más de 90 días para una intervención quirúrgica», se comprometió la presidenta.

Una vez que el apoyo a la protonterapia –uno de los planes estrella de PRC-PSOE– está asegurado, Pascual deberá establecer medidas para no cerrar ningún consultorio más, frenar el declive del Hospital de Laredo y construir «un nuevo dispositivo hospitalario» en Castro Urdiales. Y resolver el futuro de la Residencia Cantabria, a la que Buruaga quiere convertir en un Parque Científico y Tecnológico vinculado a las ciencias de la salud.

Su primera decisión será encargar una auditoría de la gestión de la Consejería de Obras Públicas tras el caso de las mordidas en los contratos de carreteras que ha acabado con un funcionario en la cárcel en espera de juicio. Una trama que afectaba también a varias empresas conocidas en la región. «Abriremos puertas y ventanas, esta nueva etapa en ningún caso puede comenzar echando tierra encima del mayor escándalo de corrupción que se ha producido en esta comunidad», avisó Buruaga en su investidura.

Roberto Media, que dirigirá una de las consejerías más potentes del nuevo Gobierno, también deberá afrontar la reforma de la Ley del Suelo para flexibilizar la construcción de vivienda en los pueblos. Y, sobre todo, la aprobación de un Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) para ordenar los usos del suelo en asuntos como los eólicos, por ejemplo.

Media tendrá que decidir si da luz verde al Plan de Carreteras 2023-2030 que dejó hecho José Luis Gochicoa. Incorporará, seguro, la nueva carretera entre Liébana y Reinosa que prometieron en campaña. De lo que no han hablado es del famoso puente entre Requejada y Suances, un proyecto que el PRC volvió a desempolvar hace un año como infraestructura estrella del plan.

Más allá del conflicto por el proceso de estabilización, la última fue una legislatura relativamente tranquila en Educación, un ámbito en el que, históricamente, los conflictos laborales y la contestación de los profesionales han sido una constante. Silva cuenta con la ventaja de conocer de cerca a todos los representantes de los trabajadores, pero también con el reto de desarrollar un programa electoral que no gusta a los sindicatos de la pública. No gusta, por ejemplo, el anuncio que hizo Buruaga en su investidura de extender los conciertos en Bachillerato a los centros privados.

No habrá problemas si la promesa de extender las aulas de 0 a 2 años se cumple apostando por un modelo público. Y hay dudas, porque el PP no se ha pronunciado, sobre qué hará la nueva Consejería con el calendario escolar. Gran conocedor de la FP, Silva tiene el encargo de extender los programas y adaptarla a las necesidades del mercado en un órgano que recupera la competencia de Universidades, por lo que negociará la financiación de la UC.

Nada más llegar a la Consejería, Luis Ángel Agüeros tendrá que empezar a diseñar con una mano los Presupuestos de Cantabria para 2024, el documento que marcará la línea de las políticas del nuevo Gobierno en su primer año de mandato, y con la otra la profunda reforma fiscal que le ha encargado Buruaga con la premisa de «bajar todos los impuestos posibles y bajarlos todo lo posible».

Antes de que eche a andar la legislatura desde la oposición ya avisan que esa medida tendrá como consecuencia un descenso en los ingresos y obligará a hacer recortes. En el PP niegan la mayor y creen que una menor presión fiscal aumentará la actividad económica y generará empleo, lo que compensará la recaudación. Ese es su reto, que cuadren los números y, a la vez, reducir la abultada deuda pública. Otro de los encargos es sacar el máximo partido a los fondos europeos del Plan de Recuperación y deberá pelear con Madrid, que previsiblemente abrirá en los próximos meses el melón de la financiación autonómica.

Buruaga tenía claro que Cultura y Turismo tenían que estar juntas. Que la oferta cultural de la comunidad autónoma debe convertirse en un atractivo más para quienes visitan Cantabria y que los turistas lleguen a lo largo de todo el año, no solo en los meses de verano. Eva Guillermina Fernández hereda en estos dos campos los proyectos sin acabar de Zuloaga y Marcano. En infraestructuras culturales, el buque insignia es el nuevo Mupac, cuyas obras ya están en marcha. La labor administrativa está hecha, pero no es descartable que tenga dificultades para hacer frente a la financiación del museo.

Por otra parte, el bipartito deja el aeropuerto con unos datos que apuntan a récord anual y una gran oferta de conexiones, pero con algunas carencias históricas sin resolver. Además, la nueva consejera será la máxima responsable política de Cantur, un gigante que en los últimos meses ha sido noticia por los problemas internos, especialmente en lo referente a las relaciones laborales y la política de contratación.

El lobo será una de las piedras de toque de las políticas rurales del nuevo Gobierno de Cantabria. El PP, al igual que el PRC antes, no está de acuerdo con la protección del lobo que promulga el Ministerio de Transición Energética. Pablo Palencia deberá, además, incrementar las ayudas a los ganaderos por los ataques y agilizar los trámites para cobrarlas. El nuevo consejero también deberá pedir la revisión del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común para el periodo 2023-2027 con el fin de mejorar la viabilidad de las explotaciones y la estabilidad del sector.

Asimismo, deberá desarrollar un Plan de liquidez para los operadores del sector agroalimentario y forestal y un Plan integral de modernización de las Oficinas Comarcales Agrarias, además de modificar la Ley de Caza de Cantabria sobe la constitución y renovación de los cotos de caza.

Durante su etapa en la oposición, el PP ha sido muy crítico con el desarrollo en Cantabria de la Ley de Dependencia. Según sus cálculos, actualmente hay expulsadas del sistema cerca de 4.000 personas que no reciben ni un solo servicio o prestación. Con esa premisa, Gómez del Río tiene un encargo triple:mejorar las prestaciones, reducir los tiempos de espera y reducir los copagos en servicios como la teleasistencia o la ayuda a domicilio. Además, la promesa es poder implementar un nuevo modelo de atención centrado en la persona.

Habrá que ver cómo avanzan las negociaciones con el Estado para que Cantabria se haga cargo de la gestión del Ingreso Mínimo Vital y hasta qué punto tiene éxito y revierte los datos demográficos el anunciado plan de natalidad. En medio de la polémica por la eliminación de concejalías en ayuntamientos de PP y Vox, Buruaga une las competencias de Familia e Igualdad.