Los deberes del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez con Cantabria

En la lista de nuevas exigencias, introducidas tras el pulso entre los socios que terminó en tablas, se encuentra un asunto no menor: el mantenimiento del statu quo del actual modelo de financiación autonómica, un asunto clave para Cantabria que no figuraba en el famoso 'papeluco' que firmaron en junio Mazón y José Luis Ábalos en su calidad de secretario de Organización del PSOE.

Al margen de la falta de entendimiento con Sánchez en la cuestión catalana –el argumento que enarboló Revilla para justificar el voto negativo de Mazón–, el líder regionalista ha visto las orejas al lobo en materia de financiación autonómica tras las andanadas de valencianos y catalanes. Esquerra Republicana, cuya abstención fue decisiva en la investidura de Sánchez, se queja sistemáticamente de la discriminación de Cataluña con respecto a Cantabria, al ser la que más dinero recibe proporcionalmente. ERC, como los valencianos de Compromís, creen que el actual modelo no es sostenible y debe ser renegociado.

Aunque ahora se pretende abrir el melón de la financiación, Revilla dio la voz de alarma hace dos años y medio, precisamente en la apertura del Foro Económico de El Diario Montañés celebrado en septiembre de 2017. Ante los principales representantes políticos, sociales y empresariales de la región, el presidente señaló que el «problema con mayúsculas» que tiene Cantabria «a medio plazo» no es el paro, sino el nuevo modelo de financiación autonómica, ya que la comunidad autónoma podría dejar de ingresar 312 millones de euros si cambian las reglas de juego y dejan de primarse parámetros como el envejecimiento de la población, las despoblación y el coste real de los servicios públicos prestados. De este modo, Revilla ha forzado a su socio socialista a incluir en la nueva agenda cántabra el mantenimiento de ese statu quo, cuya modificación supondría una seria amenaza para las cuentas regionales.

En ese 'toma y daca' para salvar el bipartito, el PRC ha comprometido su apoyo a los Presupuestos del Estado para este año, siempre y cuando incluyan las partidas para hacer efectivos los acuerdos. Sin ningún ministro cántabro entre los dieciocho ministerios del gabinete de Sánchez, estos son los principales deberes que pone Cantabria al primer Ejecutivo de coalición de la democracia.

Es sin duda la cartera más importante para el desarrollo de Cantabria y la que más reivindicaciones tiene por parte del Ejecutivo cántabro. Todos los compromisos en esta materia se recogieron en el 'papeluco' firmado en junio entre Ábalos y Mazón, y están plenamente vigentes. En diciembre se dio un primer avance en el cumplimiento de los acuerdos al salir a licitación las obras del tramo Amusco-Osorno, en Palencia, de la línea de alta velocidad que unirá Cantabria con Madrid, por 104,4 millones.

El objetivo es que las obras del trayecto completo entre Palencia y Alar del Rey puedan comenzar a más tardar en 2021. Esta licitación se suma a la del estudio informativo del tren Santander-Bilbao para ser sometido a información pública el próximo año y a la adjudicación del enlace de Quintanilla de las Torres, en Valderredible, a la Autovía de la Meseta.

Pero lo que más reclaman los trabajadores ferroviarios se circunscribe a las cercanías, y al plan de reparación, mejora y modernización de la red. La promesa del Ministerio, recogida en el Plan de Cercanías para Cantabria, es invertir 530 millones en obras de mejora hasta 2022.

Tanto el Gobierno como la oposición estarán vigilantes para que se cumplan los plazos respecto a los compromisos en carreteras. Está previsto que el próximo septiembre esté acabada la nueva obra de acceso al Puerto de Santander desde la A-67 (21 millones) y habrá avances significativos en los trabajos para deshacer el nudo de Torrelavega (109 millones), que son los dos grandes proyectos en ejecución. En cuanto a trámites administrativos, este año Fomento debe de sacar a licitación la obra del desfiladero de La Hermida y otras actuaciones menores. Más complicado será que se avance en el tercer carril de la A-8 y de la A-67. En el primer caso, Ábalos se ha comprometido a que haya un proyecto antes de final de legislatura y en el segundo, ya se está redactando pero sin horizonte temporal.

A Ábalos le corresponde también apoyar el Centro Logístico de La Pasiega. Como espacio de extensión de las áreas de influencia portuaria, requiere la colaboración directa de Puertos del Estado, ente público empresarial dependiente de Fomento. Fomento tendrá que firmar también este año el convenio que regulará su colaboración con el espacio Enaire, cuya sede en las Naves de Gamazo en Santander está previsto que abra al público antes del verano, así como su aportación a la rehabilitación de la Biblioteca Menéndez Pelayo y del Palacio de Cortiguera.

Las competencias de este Ministerio han quedado devaluadas al quedar fuera las políticas relacionadas con Consumo y Bienestar Social. Solo le restan las de Sanidad, la mayoría de las cuales están transferidas a las comunidades autónomas. Pero el nuevo ministro tendrá que cumplir el compromiso suscrito para hacer frente a la deuda adquirida por el Estado con Cantabria por el coste total de las inversiones realizadas en el Hospital Valdecilla tras la catástrofe ocurrida en 1999. El Ejecutivo regional confía en que Madrid vuelva a abonar, como hizo en 2018, una nueva anualidad. Si es como las anteriores ascendería a 22 millones de los más de 120 que están pendientes de pago. Otra reivindicación, aunque no consta en el pacto gubernamental, es la transferencia de la última competencia pendiente, la del servicio sanitario de prisiones, que afecta a otras autonomías.

La principal tarea de la ministra andaluza será elaborar y aprobar los presupuestos, ya que actualmente están prorrogadas las cuentas aprobadas por Cristóbal Montoro en 2018. Eso supondrá el desbloqueo de los fondos que se transfieren a las comunidades (las llamadas entregas a cuenta, básicamente la participación de IVA e IRPF), que en el caso de Cantabria suponen casi 60 millones, ya que el pasado mes de noviembre el Estado anticipó 75,6 millones de los 135 pendientes.

Cantabria demandará también al departamento de Montero que la reforma del modelo de financiación autonómica reconozca el statu quo preexistente del actual modelo. Además reclamará que el envejecimiento de la población, la despoblación y el coste efectivo de los servicios públicos sean parámetros fundamentales en ese nuevo modelo. En 2017, último ejercicio del que hay datos oficiales, Cantabria fue la comunidad autónoma que más dinero por habitante recibió (2.971 euros) del Gobierno central para financiar las competencias y poder mantener los servicios públicos, pero fue también la segunda autonomía que más financiación perdió (-2,4%), sólo superada por Extremadura.

Lo primero que tendrá que hacer el sucesor de José Guirao es convocar al Patronato de Altamira, institución que no se reúne desde junio de 2017. De esta cita depende poder avanzar en los proyectos que el Ministerio tiene para el centro, sobre todo en la conceptualización del cambio de la exposición permanente con el fin de renovarla y de ofrecer nuevos contenidos, y para confirmar la política de visitas a la cueva original para la conservación de las pinturas rupestres. También se reclamará el apoyo económico de este Ministerio al nuevo Museo de Prehistoria y Arqueología (Mupac). Guirao reafirmó en varias ocasiones su compromiso con el museo, si bien se está a la espera de conocer el proyecto definitivo para concretar esa colaboración. Un jurado ha designado a cinco proyectos finalistas en el concurso de ideas convocado para la construcción del Mupac, al que concurrieron 73 propuestas. Los planes del Ejecutivo cántabro son que el diseño definitivo esté listo este año. Algo muy similar ocurre con el centro asociado del Reina Sofía para acoger el Archivo Lafuente, una obra que el Ayuntamiento de Santander quiere poner en marcha este mismo año con el respaldo ministerial.

La vicepresidencia de Teresa Ribera es la más importante para Cantabria, ya que suyas son las competencias para decidir sobre la ubicación definitiva de la nueva depuradora de Vuelta Ostrera, el futuro de los espigones de las playas de Santander e impulsar estrategias que permitan atajar la despoblación del entorno rural. Sobre el primer aspecto, el Ministerio ya ha dado el primer paso para demoler la infraestructura y cumplir así la sentencia del Tribunal Supremo. El pasado mes de septiembre adjudicó la redacción del proyecto de derribo por 178.001 euros, pero queda por concretar definitivamente la ubicación de la nueva depuradora. El Ministerio defiende que la estación se levante en la isla de Solvay, una propuesta que rechazan los vecinos de Polanco.

En segundo lugar es Ribera quien tiene que zanjar el futuro de los espigones de El Sardinero. En septiembre de 2018, tras la moción de censura en Madrid, el Ministerio de Transición Ecológica decidió la paralización de la obra de los diques como pedían el Gobierno de Cantabria y diversos colectivos, pero en contra del criterio del Ayuntamiento de la capital, que quería concluir la actuación. Tras el pacto municipal con Ciudadanos, la postura ha cambiado, pero es el Estado quien debe decidir. De Ribera depende también el reto demográfico, un problema al que no es ajena Cantabria. El 49% de los municipios de la región perdieron población entre 1998 y 2018.

Y todavía hay un cuarto asunto que concierne directamente a este Ministerio: la concreción del derecho de Cantabria de captar agua del pantano del Ebro para abastecer al arco de la Bahía durante el verano. El Gobierno quiere que se libere a la región de ataduras y aprovechar el agua de manera automática, sin necesidad de devolver lo recibido mediante el bitrasvase.

Cantabria espera que el nuevo Gobierno apruebe el estatuto de las empresas electrointensivas, una herramienta esencial para aliviar los costes energéticos de la gran industria. Más difuso está el proyecto de crear un Parador Nacional en el actual edificio de Correos en Santander.