Los deberes urgentes del Gobierno de Buruaga

El consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, ha mantenido un perfil público y mediático muy bajo en estas primeras semanas, mucho más centrado en el trabajo de despacho ante los dos retos inminentes que tiene por delante: la reforma fiscal y el Presupuesto autonómico para el año que viene.

La bajada de impuestos fue uno de los principales compromisos adquiridos por Buruaga durante la campaña electoral. «Bajaré todos los que pueda y todo lo que pueda», repitió la presidenta durante su investidura. Lo que ahora debe hacer Agüeros es cuantificar exactamente ese 'todos'. De momento, ya ha avanzado que este mes de septiembre tendrá una primera estimación de los tributos que se van a tocar.

El compromiso de la presidenta es extender la bonificación del 100% del Impuesto de Sucesiones que actualmente se aplica entre cónyuges y padres e hijos a los hermanos, reducir el de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tanto para bienes muebles como inmuebles, eliminar el Impuesto de Patrimonio y rebajar el tramo autonómico del IRPF a las rentas medias y bajas.

«Pero no va a ser una cosa repentina, sino que requiere un estudio más detallado», ha matizado el consejero de Economía. De hecho, aunque la primera tanda de la rebaja entrará en vigor ya en enero de 2024, se ceñirá solo a los tributos «más urgentes y evidentes». Y durante el resto de la legislatura harán «un estudio más exhaustivo de aquellas que pueden tener una influencia más a largo plazo en los beneficios para la economía»

Estos cambios irán en la Ley de Acompañamiento que se someterá a la votación del Parlamento a finales de este año junto al Presupuesto de 2024. Este, precisamente, es otro de los hitos inminentes de Agüeros. No solo tiene que diseñar unas cuentas inversoras que superen los 3.504 millones de este año, sino que deben integrar también las cesiones a otros partidos. El PP se encuentra en minoría en la Cámara, por lo que necesita de los votos de otros grupos para sacarlo adelante, y eso supondrá integrar en el documento sus peticiones. Un trabajo que la Consejería de Economía tiene que estar adelantando ya si quiere llegar a tiempo a Navidades o comienzos de enero para su aprobación.

Si Buruaga fue tan exigente con sus compromisos económicos más urgentes, no lo fue menos con las medidas que quería implementar en la sanidad cántabra nada más pisar Peña Herbosa. Para ella es algo más que un área del Gobierno. Su paso por esa Consejería durante la legislatura 2011-2015 la convirtió en una obsesión para ella, sobre todo ahora, cuando «ha sufrido un deterioro sin precedentes en manos del anterior Ejecutivo». No tuvo reparos, incluso, en presentarse en su investidura como una presidenta «con un perfil muy sanitario», y con el objetivo de «reconstruir asistencial y profesionalmente la sanidad de Cantabria».

Las listas de espera, que han superado ya la barrera de las 16.000 personas, son el problema más acuciante sobre la mesa del consejero César Pascual, que se ha autoimpuesto un calendario muy riguroso para solventar un problema endémico de la Consejería. El reto es mayúsculo: reducir en un año esos tiempos máximos de espera a 30 días para una prueba diagnóstica, a 60 días para una consulta de especialista y a 180 días para una intervención quirúrgica, teniendo en cuenta que hay cientos de cántabros esperando más de un año para operarse.

La primera fecha marcada en rojo en su calendario es el próximo 15 de septiembre. Pascual quiere que antes de ese día se hayan retomado las operaciones por las tardes como primer paso del Plan de Choque. «Ha habido un primer contacto con el Sindicato Médico y estamos de acuerdo en renegociar. En septiembre empezaremos a ver de qué manera se ajusta y se retoma la actividad extraordinaria», dijo en una entrevista concedida el pasado domingo a este periódico.

Por si eso fuera poco, la Consejería de Salud tiene más frentes urgentes abiertos y no menos importantes que las lista de espera. El primero, una cuestión de organización interna: la elección de los nuevos directores-gerentes del Hospital Valdecilla, Sierrallana-Tres Mares y Laredo, así como el gerente de Atención Primaria. Por primera vez, el Gobierno ha optado por cubrir esos cargos con una convocatoria pública de libre concurrencia. «No se trata de hacer nombramientos sin más, sino de elegir a los mejores», señaló Pascual.

El consejero tampoco puede demorar más las negociaciones por la polémicas agendas de pacientes que tanto indignaron a los médicos de Atención Primaria, así como los resultados de la auditoría encargada sobre el Servicio Cántabro de Salud (SCS). Esa radiografía sobre su gestión y estado actual debería estar terminada a finales de este mes de septiembre, según las previsiones del Ejecutivo.

Roberto Media ha sido otro de los consejeros que ha tenido una abrupta llegada a su nuevo despacho, con una carga de trabajo tan voluminosa este verano como la que le espera las próximas semanas si quiere llegar a tiempo a todas las fechas límite que tiene la Consejería de Fomento. Y a eso hay que sumarle la presión añadida de gestionar un departamento en el que están puestas todas los miradas por el caso de corrupción que marcó la recta final de la pasada legislatura.

La reforma de la Ley del Suelo está en lo más alto de la agenda de Media. El director de Urbanismo ya tiene una propuesta para volver a la regulación de 2012 sobre la construcción de vivienda en suelo rústico. Es decir, para hacerla menos restrictiva, tal y como quería también el PRC frente al mayor conservacionismo del PSOE. La idea de la Consejería es incluirla en la ley que acompañará al Presupuesto en el Parlamento a finales de este año. Al mismo tiempo, deberá apagar los fuegos que se han encendido en la Crotu, el organismo que decide, precisamente, sobre la concesión de licencias para construir viviendas unifamiliares en suelo rústico y concede los permisos a los parques eólicos, tras sacar de la Comisión Permanente a la inmensa mayoría de colegios profesionales de Cantabria.

Mientras tanto, en uno de los despachos de la sede de Fomento ya trabajan tres funcionarios en la auditoría sobre los últimos 20 años de la Consejería, a raíz del caso del funcionario que se lucró ilegalmente con los contratos de carreteras. No hay fecha para su conclusión, pero Media sí ha adelantado que los resultados serán «públicos y transparentes».

El consejero también se comprometió este verano a darle «toda la agilidad posible» al nuevo Plan de Carreteras. El bipartito dejó un documento de avance, pero el PP tiene previsto revisarlo y elaborar uno nuevo que no puede demorarse muchos meses. El documento incluirá las grandes obras no realizadas, como el puente entre Requejada y Suances, y otras nuevas, como la carretera de enlace entre Reinosa y Potes.

Otro asunto urgente para Media será retirar la Ley de Vivienda, elaborada por el PSOE, que estaba en tramitación en el Parlamento, y empezar a redactar otra que se adapte a las políticas del Gobierno del PP.

El consejero de Industria, Eduardo Arasti, no se ha dejado ver mucho en estas primeras semanas de legislatura, pero en solo dos días tendrá uno de los grandes hitos heredados de su departamento: el inicio de las obras de La Pasiega, el proyecto estrella de Miguel Ángel Revilla.

En el bipartito todos dieron por hecho que el polígono estaría en funcionamiento la pasada legislatura. Pero no ha sido así. Las máquinas empezarán a trabajar el próximo martes, día 5, pero sin que Adif sepa si la estación intermodal es viable. Esta infraestructura es clave para el futuro de La Pasiega, pensada para facilitar el transporte y la conexión con el Puerto de Santander por tren. Está previsto que este mes se hagan públicas las conclusiones del estudio y se despejen las dudas sobre esta instalación.

Arasti también tiene pendiente resolver los concursos públicos para designar los directores de las empresas públicas vinculadas a Industria, Sodercán entre ellas.

Uno de los mayores conflictos de este verano se lo encontró la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Eva Guillermina Fernández, a los pocos días de ocupar su nuevo despacho. Además de las quejas por el auge de los pisos turísticos ilegales, se encontró con que la empresa encargada de las obras del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (Mupac), Dragados, había solicitado la paralización de la obra para solucionar los problemas encontrados a la hora de la excavación. El Gobierno regional dijo no a la paralización pero sí acordó un reformado del proyecto para acometer la cimentación del edificio, modificación que ha valorado en 3,5 millones de euros. La nueva máquina que trabajará en el solar tardará un mes en ser montada. A pesar de ello, la consejera espera que los plazos de ejecución de la obra no cambien.

Al mismo tiempo, Fernández deberá buscar dinero para la segunda mitad del Año Jubilar Lebaniego. El calendario de eventos está por completar y, según ha denunciado, no hay dinero para hacerlo. La consejera culpó a su predecesor, Javier López Marcano, por la gestión de los fondos y de la mala promoción del Año Lebaniego en el exterior. El Ejecutivo del PP calcula que el bipartito PRC-PSOE solo logró 400.000 euros en patrocinios de un presupuesto global de 8 millones.

A todos estos asuntos apremiantes hay que sumar el inminente inicio del curso escolar, primer gran reto del consejero de Educación, Sergio Silva.