El decano de los abogados confía en que «vamos a mejorar» el reglamento de Justicia gratuita

El decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria, Andrés De Diego, ha anunciado este miércoles que ya ha trasladado a la nueva consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, la necesidad de abordar una mejora en el reglamento de asistencia gratuita, un texto aprobado por el anterior Gobierno regional y que no recoge las reivindicaciones trasladadas por el Colegio de la Abogacía. El decano tiene confianza en que «vamos a mejorar el reglamento» que regula un servicio que garantiza la asistencia jurídica a quien no puede costeársela y que en Cantabria presta casi un 50% del total de profesionales colegiados.

De Diego ha hecho este anuncio durante uno de los dos actos que han celebrado los abogados de Cantabria con motivo del Día de la Justicia Gratuita. Uno promovido por el Colegio de la Abogacía y otro impulsado por la plataforma de la Abogacía Turno de Oficio.

El primer acto, el del Colegio de la Abogacía, se ha celebrado en la Plaza de la Catedral de Santander y a él han asistido, entre otros, la nueva consejera de Justicia, Isabel Urrutia; la fiscal superior de Cantabria, Pilar Jiménez; el presidente de la Audiencia Provincial, José Arsuaga, y la presidenta del Colegio de Procuradores, Rosaura Díez Garrido.

El objetivo del acto era visibilizar el trabajo que en Cantabria prestan los 533 profesionales del Turno de Oficio en favor de colectivos vulnerables como víctimas de violencia, migrantes o internos en centros penitenciarios. Una labor regulada por una norma de 1996 que no recoge compensación económica para una parte de los servicios que desarrollan estos profesionales.

Acabar con esta situación es una de las reivindicaciones que el decano ha señalado este miércoles como objetivo de los actos de conmemoración del Día de la Justicia Gratuita. «Queremos reivindicar el trabajo que los abogados y abogadas de Turno de Oficio realizan en favor de los ciudadanos y dignificar el servicio dotándolo de medios materiales y adecuando las retribuciones».

De Diego ha leído el manifiesto que se escucha esta mañana en todos los Colegios de España bajo el título de 'Paremos el acelerado deterioro de un derecho esencial'. En el texto alertan de que «el incremento de la demanda y la cronificación de los problemas que acechan a este servicio han puesto la prestación de este derecho esencial en una situación crítica, cuyo deterioro puede estar muy cerca de alcanzar un punto de no retorno».

El manifiesto recoge que «la actualización de los baremos, siendo necesaria, hace mucho tiempo que dejó de ser suficiente para recuperar las condiciones indispensables para que el servicio de Justicia Gratuita ofrezca a sus beneficiarios la igualdad de derechos que la Constitución garantiza y que los poderes públicos deben materializar».

A través de este manifiesto, la abogacía de toda España recuerda que «la reforma de leyes para proteger a los colectivos más vulnerables no puede tener nunca los efectos esperados si quienes deben hacer efectivo estos derechos ante los tribunales tiene que desarrollar su labor en una situación de extrema precariedad«. También recuerda el texto que «la reiteración en la prestación de servicios de Justicia Gratuita que finalmente no son retribuidos a los profesionales que la llevan a cabo está provocando el progresivo abandono de los compañeros y compañeras que la hacen efectiva. La persistencia en el tiempo de servicios cuya retribución queda en un extraño limbo acentúa todavía más el desinterés de las autoridades en dotar a los compañeros de unas condiciones mínimas indispensables».

El segundo acto, promovido por la plataforma Abogacía Turno de Oficio en Lucha, se ha celebrado en la plaza de Atarazanas de Santander y en él han exigido «respeto» para el colectivo y para el servicio público que prestan estos profesionales.

La plataforma ha recordado que mantiene vivas las reivindicaciones que les han llevado a convocar movilizaciones en Cantabria y a nivel estatal en los últimos meses. Resume sus reivindicaciones en un mayor «respeto y reconocimiento» para su labor, que permite desarrollar el derecho a la asistencia jurídica gratuita para los perfiles más vulnerables, así como unas retribuciones y pensiones «dignas».

Así, reclaman una remuneración «digna y suficiente» del servicio de asistencia jurídica gratuita, que a ellos les supone horas de trabajo, así como de todas las actuaciones realizadas en base a ese función, es decir, que se valore la propia asistencia y asesoramiento, haya o no juicio.

En ese sentido, piden el reconocimiento a efectos pasivos del tiempo dedicado a la prestación del turno de oficio en el Régimen General de la Seguridad, y que además sea con carácter retroactivo desde la fecha de incorporación al servicio y durante todo el periodo que se preste o haya prestado el mismo.

También plantean el derecho a la desconexión digital y a la conciliación, atendiendo a cuestiones como las bajas por enfermedad, con suspensión de plazos y vistas, tanto por enfermedad propia del letrado como por maternidad/paternidad y hospitalización o fallecimiento de familiares, y establecer un marco de períodos vacacionales con régimen de servicios mínimos. «Se trata de que los plazos marcados por la Justicia no interfieran en derechos que tienen todos los trabajadores y que en su caso no se respetan», precisa.

La plataforma también aboga por una reducción de la carga burocrática para poder concentrar toda su responsabilidad en la asistencia jurídica y legal, por lo que instan a la Administración a que requiera la documentación y firmas que correspondan a los peticionarios de justicia gratuita. Además, solicitan que se creen zonas habilitadas en los juzgados y centros de detención para atender a los investigados respetando su intimidad, en lugar de en pasillos, como ahora, así como la confidencialidad de las comunicaciones con el abogado tanto en cuarteles como en juzgados. Y reivindican respeto al tiempo tanto de los abogados como de sus representados, «que dejen de hacernos esperar durante horas en los juzgados para que se practiquen las diligencias». Piden que se fijen horas determinadas y se cumplan, respetando el criterio de prioridad en la asistencia al detenido sobre actuaciones procesales.

Otra de las reivindicaciones que se plantea es el reconocimiento al letrado del turno de oficio, en el ejercicio de sus funciones, de la condición de autoridad, ante el incremento de agresiones y amenazas que los letrados vienen sufriendo.

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