Ocho mujeres y un hombre determinarán el futuro de la supuesta decapitadora de Castro

A las nueve y media de la mañana estaban citados en el complejo judicial de Las Salesas (Santander) 36 personas que habrían sido seleccionadas previamente mediante un sorteo del censo electoral, en los mismos términos que el realizado hace unas semanas y que ha culminado con la publicación en el BOC de 700 candidatos. El acto, presidido por el magistrado Agustín Alonso, empezó con puntualidad.

«Yo no quiero salir en televisión», comentaba uno de los candidatos a otro en el pasillo, mientras aguardaban a que les llamasen para entrar en la sala de jurados, ubicada en la segunda planta del edificio. «¿Este juicio de que va?», preguntó a una candidata. «Este es el caso de la mujer que supuestamente decapitó a su novio», le contestó.

Las conversaciones, inevitablemente, se fueron sucediendo entre los candidatos. «No he entrado en un juzgado en mi vida», apuntó una mujer. «Ni yo», le contestó el hombre que desconocía de qué iba el juicio porque «estoy quitando todas mis redes sociales». «Digan lo que digan esto es un marrón», añadió otro aspirante, resumiendo de alguna manera el sentir de la mayoría.

«¿Por qué no preguntan si alguien quieres ser jurado?», propuso una mujer. «Si me libro voy a poner una vela a San Antonio», apuntó otra. «Pues yo no voy a venir todos los días aquí en coche porque me pongo nerviosa conduciendo. Que me pongan un coche para venir aquí».

Mientras se producían estas confesiones en los pasillos, dentro de la sala se procedió al acto de selección de los nueve miembros del jurado y los dos suplemente. «Se han introducido los 36 nombres de los candidatos citados en una urna y se han extraido once nombres, a partir de ahí tanto la defensa, como las acusaciones (la pública y la particular) hemos hecho uso de las cuatro recusaciones que nos corresponde por ley», explicó a este periódico la letrada de la acusación particular.

Los candidatos recusados abandonaron la sala una hora después de comenzar el acto y fue entonces cuando una funcionara de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria les explicó que simplemente por acudir al acto les correspondía una retribución de 33,50 euros, más los gastos de OLA y desplazamiento. «Y si alguien necesita un justificante que me lo pida», afirmó la funcionaria.

Media hora después, a las once, ya estaba constituido el jurado. Ocho mujeres y un hombre. Y otras dos mujeres de suplentes.

La expectación que rodea a este caso es máxima, teniendo en cuenta que hay muchos cabos por atar. El principal, dónde se encuentra el resto del cuerpo de Jesús Mari (vizcaíno, de 67 años, y jubilado de la banca). Aunque todo apunta a que la acusada no despejará este misterio ya que la única vez que ha roto su silencio en todo este tiempo fue para afirmar que ella no había tenida nada que ver con el asesinato de su pareja, «porque le quería».

Para entender todos los entresijos del caso hay que retroceder en el tiempo hasta el 11 de febrero de 2019, último día en el que los amigos de Jesús Mari lo ven en una comida en un restaurante de Barakaldo. Una semana después, Baranda no acude a su cita semanal con ellos y les manda un mensaje de whatsapp, disculpando su ausencia. A partir de ese momento, su novia mantiene que Jesús Mari se encuentra de viaje y los amigos y familiares empiezan a recibir una serie de mensajes en los que supuestamente él va relatando dónde se encuentra en todo momento. Pero no logran hablar con él y es entonces cuando su primo, Alfonso Ricondo, le manda un mensaje de advertencia: «Si no oigo tu voz, acudiré a la Guardia Civil». Ante la falta de respuesta, el 9 de abril denuncia su desaparición. Un hecho que no sienta nada bien a Carmen Merino.

La Guardia Civil abre entonces una investigación y, diez días después, es cuando la novia de Jesús Mari entrega a una amiga (Carmen Mendoza) un paquete que al parecer contenía juguetes sexuales que quería utilizar cuando regresara su novio y que le daba vergüenza que vieran los agentes al registrar su vivienda.