La declaración responsable, primera medida que entra en vigor con la Ley de Simplificación

¿Qué es exactamente lo que se activará de manera automática? La segunda parte de la Ley de Simplificación. No la que hace referencia a los principios generales, creación de nuevas herramientas y la implementación de nuevas formas de trabajo, sino los artículos que modifican hasta 24 leyes distintas, algo muy criticado por la oposición al considerar que actúa como si fuera una 'ley ómnibus'. Estas modificaciones de otras normas son las que tienen efecto instantáneo. Entre otros muchos cambios, aquí aparece el polémica retoque de la Ley del Suelo que permitirá el desarrollo de Planes Singulares de Interés Regional (PSIR) para la construcción de urbanizaciones en suelo rústico siempre que estén ligadas a un gran equipamiento.

Hay tantos casos prácticos como modificaciones. Desde ya, la nueva redacción de la Ley de Subvenciones de Cantabria también dará más flexibilidad a los beneficiarios a la hora de justificar el uso del dinero. Por ejemplo, si un ganadero ha recibido una ayuda para mejorar su explotación y no ha tenido tiempo para gastarla en el plazo previsto inicialmente, podrá justificar la obra en el ejercicio siguiente. Y lo mismo si la subvención es para que un particular cambie las ventanas o para que un empresario contrate desempleados.

Entran en vigor desde la próxima semana el nuevo funcionamiento del carné joven, que se renovará de forma automática y gratuita sin que el interesado tenga que renovarlo como hasta ahora; la modificación legal que permitirá al Parque Natural de Oyambre conceder licencias para crear áreas de autocaravanas; o el cambio en la Ley de Montes que facultará a los ayuntamientos a usar el dinero que han sacado del aprovechamiento forestal de un monte en otro que también sea público. Además, entre otros muchos asuntos, está en este apartado el cambio de la Ley de Caza que dará paso a renovaciones automáticas de los cotos siempre y cuando no haya variaciones en las condiciones respecto al año anterior, el que dará de forma automática un grado de discapacidad a la persona que ya tenga un grado de dependencia para evitar que duplique trámites o el que permitirá que los planes de autoprotección de pruebas deportivas o eventos populares los apruebe el técnico municipal de Protección Civil sin tener que esperar durante meses –como ocurre ahora– el visto bueno de una comisión autonómica. La nueva redacción de la Ley del Consejo de la Mujer servirá para que el Ejecutivo no esté obligado a pedir informes a este órgano sobre asuntos que le incumban, sino que bastará con informarle.

No todo será inmediato. Las tres patas sobre las que se asienta la Ley de Simplificación y donde de manera más clara se aprecia la intención del Gobierno de Cantabria de simplificar los trámites, mejorar la relación con el ciudadano y reducir la burocracia son la generalización de la figura de la declaración responsable que sustituirá a la mayoría de licencias de obra y actividad, la implantación del silencio administrativo positivo y el establecimiento de un plazo máximo de tres meses para los procedimientos de la administración salvo excepciones puntuales. De estas tres figuras, la única que empezará a funcionar cuando la norma esté en el BOC es la primera.

A partir de la semana que viene, una persona podrá abrir una frutería, un taller mecánico o una discoteca sin necesidad de esperar al visto bueno de su ayuntamiento. Le bastará con declarar que tiene en regla todas las exigencias legales. Es decir, no tendrá que permanecer cerrado hasta que un técnico municipal emita un informe positivo, sino que ese mismo técnico hará la comprobación cuando el negocio ya esté funcionando. Y si detecta que la realidad no se corresponde con lo que el empresario ha asegurado en su declaración responsable, tendrá que enfrentarse a importantes sanciones.

Desde la Consejería de Presidencia explican que los consistorios no tendrán que modificar ninguna ordenanza, aunque eso no es lo que han denunciado algunos grupos parlamentarios, que advierten de los problemas que llegarán a la hora de aplicar esta herramienta. El Gobierno regional también subraya que la Ley de Simplificación recoge una disposición transitoria por la que, si una persona inició el trámite con la norma anterior, ese expediente quedará anulado –si así lo desea– y podrá abrir su negocio con la declaración responsable sin necesidad de esperar la respuesta de su consistorio. Esta forma de proceder es la misma en caso de que una persona o empresa quiera realizar una obra: para la mayoría de las actuaciones bastará con la declaración responsable. Adiós a las licencias de obras, que no al pago de tasas.

Resulta curioso que la declaración responsable se active cuando aún no se saben todos los detalles sobre cómo funcionarán las entidades colaboradoras de certificación. La Consejería tiene seis meses para publicar un decreto que establezca qué colegios profesionales o empresas podrán acreditar que una declaración responsable particular concuerda con la realidad. En caso de que un técnico municipal después diga lo contrario, esta entidad deberá hacer frente a la infracción.

Tampoco ahora, sino en tres meses, Presidencia deberá tener preparada para su entrada en vigor la lista de silencios administrativos que pasarán de ser negativos a positivos. Esto está relacionado con la adaptación antes de que pase medio año de los plazos máximos de resolución en los más de 1.287 procedimientos de las distintas consejerías. Ese plazo máximo, de forma general, pasará a ser de tres meses salvo en los supuestos más complejos como la resolución de subvenciones o los procedimientos de dependencia. De esta forma y a partir de ese momento, si la Consejería da la callada por respuesta, si el ciudadano no tiene respuesta cuando haya transcurrido el plazo máximo, se entenderá que la administración no pone impedimentos.

Como consecuencia de una enmienda del PSOE, además, esa persona recibirá una comunicación en la que se le informará de ese silencio positivo siempre que haya aceptado compartir su correo electrónico o teléfono móvil. Forma parte de un principio más amplio de la Ley, el que tiene que ver con la proactividad de la administración. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que cuando vaya a caducar un permiso de caza (o de cualquier otro asunto), será la Consejería correspondiente la que informará al afectado. También hará que sea la administración la que informe de los plazos y de los siguientes pasos administrativos cuando un ciudadano o empresa inicie un trámite.

Y en relación a la declaración responsable, la administración regional tendrá un tiempo de tres meses –no ha dado un periodo de adaptación a los ayuntamientos, pero sí se lo otorga a ella misma– para revisar sus normas y ver en qué ámbitos se puede utilizar más allá de las licencias de obras y de apertura, de competencia local.

La Ley también obliga al Gobierno de Cantabria a no pedir documentos al ciudadano que ya tiene en su poder o que puede conseguir de otra administración. En teoría, eso entra en vigor ya. Incluso antes, porque hay una norma nacional que lo ampara. En la práctica, el interesado podría acogerse a ese derecho, pero si no quiere problemas tendrá que seguir llevando todos los documentos. Al menos hasta que se cree en un año una Plataforma de Gobernanza de Datos que se encargará de gestionar toda esa información.

Si un ciudadano se pone burro y quiere pagar una tasa o impuesto regional con Bizum, la ley también le ampara. Otra cosa es que esté implementado el procedimiento informático, que no lo está. En este asunto, Presidencia apunta que estará listo tan pronto como la Agencia Cántabra Tributaria desarrolle la herramienta.