El decreto para regular las viviendas turísticas ilegales, en punto muerto

La Dirección General de Turismo ha dedicado cuatro años a preparar con sumo detalle un decreto para legalizar la situación de todos los alojamientos turísticos ilegales que han proliferado en los últimos años -y que se multiplican en verano-, para que todos los actores del sector jueguen con las mismas reglas. A la redacción inicial ha incorporado las alegaciones propuestas por distintas asociaciones y el resto de consejerías; se ha mirado en el espejo de otras comunidades autónomas que tuvieron problemas para sacar adelante sus propios decretos; ha tenido cuidado en evitar cuestiones polémicas que en otros lugares han acabado tumbadas por Competencia en su defensa del libre mercado... Cada paso adelante se encontraba con piedras en el camino que dilataban el proceso. Ya sólo falta el visto bueno del Consejo de Estado, pero no llega. «Puede tardar dos semanas o tres meses», confesaba en abril Eva Bartolomé, directora general de Turismo, que repetirá cargo durante esta nueva legislatura. Superada ya esa previsión máxima, nadie se atreve a estimar nuevos plazos. «No depende de nosotros», comentan resignados desde Turismo.

Ángel Cuevas, presidente de la Asociación de Hostelería de Cantabria, manifiesta la frustración del sector. «Es un horror, un horror, tantos retrasos», subraya de forma expresiva. «Estamos deseando que el decreto salga adelante de una vez para que compitamos todos con las mismas armas», incide. «No se sabe nada ni se espera... Teniendo en cuenta como están las cosas, se alargará más el tema», señala por su parte Jesús Blanco, máximo responsable de la Asociación de Turismo Rural, que tampoco cree que el decreto sea una panacea. «No pienso que vaya a subsanar los problemas de una manera rotunda, pero bien está que se pongan fronteras a esta situación», reflexiona.

Todo empezó con la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos por parte del Gobierno de España en 2013, cuando dejó los alquileres fuera de la finalidad turística. Desde entonces, esta forma de arrendamiento privado está en un limbo, engordado por las plataformas de alquiler a través de internet, que ha puesto a propietarios en el punto de mira de las administraciones y al sector hostelero de uñas contra lo que consideran un intrusismo ilegal. Cantabria lleva ya cuatro años trabajando en un decreto que dé «amparo jurídico a este tipo de oferta turística», pero falta la definitiva aprobación nacional.

«Lo lógico, y así lo consideramos, es plantearse que todos estemos en las mismas condiciones, regulados y con las mismas reglas de juego, pero por desgracia no es así. Por este motivo reclamamos una regulación firme. Debemos hacer frente común ante la competencia desleal y homogeneizar normativas y estándares. Sólo así podremos tener una industria fuerte que compita en igualdad de condiciones y que beneficie al sector y al consumidor», afirma Cuevas.

Desde la Asociación de Hostelería calculan que en Cantabria existen más de 2.500 alojamientos turísticos sin registrar que acogen turistas. «Las cifras siguen más o menos por ahí. Tras las denuncias que se han puesto, ha habido inmuebles que se han dado de alta, pero todavía en una medida pequeña», refleja Cuevas. Sin embargo, la Asociación de Turismo Rural eleva el número hasta el entorno de los 4.000, teniendo en cuenta viviendas, apartamentos, pisos... «No es un cálculo exacto, pero sí bastante real», apunta Blanco. «Sí es verdad que la gente tiene ahora un poco más de cuidado, de temor, ante las multas que se están poniendo -las más habituales son de 6.000 euros, aunque pueden alcanzar los 30.000-, pero poco han cambiado las cosas; las cifras siguen estando ahí», añade.

«Sea el número que sea, hace un daño tremendo», interpela Cuevas. «Aunque pueda parecer que no, al turismo rural nos afecta de una manera clara la existencia de pisos turísticos ilegales, nos perjudica mucho», indica Blanco por su parte. «Se está produciendo una vuelta hacia un turismo más urbano porque la oferta irregular así lo fomenta. Hoy en día la gente busca en las plataformas digitales precio y ubicación, y si existe algo dentro de sus expectativas, para qué va a seguir mirando», comparte frustrado.