El decreto sobre pisos turísticos regulará más de mil alojamientos que están al margen de la ley

La medida tiene un efecto inmediato sobre dos colectivos: el gremio de hostelería y las asociaciones vecinales. El primero se felicita porque el decreto vendrá a «regularizar el sector o, al menos, pondrá los cimientos para conseguirlo», explica Ángel Cuevas, presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería. Cada 45 días, esta agrupación traslada a la Consejería de Turismo un listado de apartamentos y chalés sobre los que alberga sospechas de que funcionan como alojamientos vacacionales de forma «ilegal». Calcula que en toda la comunidad existe más de un millar de viviendas en esta situación, inmuebles «de pequeño formato pero que entre todos suman miles de camas. Confiamos en que el decreto acote esto y que todos los agentes participantes en el mercado turístico podamos jugar con el mismo balón».

La normativa establece las condiciones obligatorias para poner en marcha un negocio de este tipo, desde los carteles identificativos y la presencia de hojas de reclamación hasta el plan de seguridad y la documentación que acredita la habitabilidad e higiene del inmueble. No se aplicará a los establecimientos hoteleros, extrahoteleros, alojamientos en el medio rural, albergues turísticos y campamentos de turismo porque todos ellos se rigen por su propio reglamento. Tampoco sobre las viviendas protegidas porque no pueden utilizarse para este fin.

La consejera de Educación, Formación Profesional y Turismo calificó ayer este decreto como «imprescindible» y «urgente» no sólo para combatir el intrusismo, sino para fijar las exigencias a los dueños, procurar la paz social en las comunidades de vecinos y garantizar la seguridad de los clientes. Lombó recordó que la aprobación durante este año era un compromiso que adoptó con los hosteleros cuando accedió al cargo «y así ha sido», y subrayó la necesidad de establecer unas «reglas comunes» porque los alojamientos vacacionales son «una realidad que está ahí».

Hay datos que avalan su apreciación. De hecho, predicen que este negocio se convertirá en un potente motor de la economía turística, además de una auténtica jungla de la competitividad. A mediados de este año, Airbnb, una de las principales plataformas de alquiler, disponía ya en todo el mundo de seis millones de alojamientos, mientras otro coloso de las reservas en internet, Booking, rebasaba los 5,5 millones. A su vez, algunas cadenas hoteleras han comenzado a interesarse en este mercado, que registra un alto grado de fidelidad. HomeAway, compañía con una presencia muy elevada en la red, calcula que el 44,3% de los usuarios de viviendas turísticas únicamente busca este tipo de hospedaje para su ocio. La estancia de una pareja es de 12 noches, frente a las 4,4 en un hotel. Su estudio indica que Cantabria se lleva el 2,9% del turismo nacional asiduo de este mercado. Los extranjeros prefieren los dos archipiélagos y el Mediterráneo.

La asociación cántabra de hostelería ve «muy positivo» que el Ejecutivo haya asumido sus tres alegaciones en el decreto regional: que las comunidades de vecinos aprueben la presencia de un alojamiento turístico en su edificio -lo que probablemente llevará al cierre de bastantes ilegales-, que se considere empresa a todo aquel propietario de más de una vivienda y que se pase la lista de huéspedes cada noche a la Policía. «Hay muchas casas donde puedes encontrar a quince o veinte clientes durmiendo y no hay una lista que registre su presencia. La seguridad es importantísima, tanto para ellos como para los demás. Si un día sucede algo, además de la tragedia, todo el destino se resiente», advierte Ángel Cuevas.

La Federación Cántabra de Asociaciones de Vecinos espera que el decreto elimine «un fraude muy superior al que señalan las estadísticas», pero que permanece oculto por la dispersión de los pisos y porque su «época fuerte se limita a julio y agosto», sostiene su presidente, Ricardo Sainz. La federación asegura que Santander dista mucho de los problemas que sufren Madrid y Barcelona, «pero eso no implica que deje de ser una actividad ilegal», y, más allá que en el decreto, pone el índice «en hacer un buen seguimiento del mismo». Sin salir de Santander, Sainz constata el hábito de algunos propietarios que «entre mayo y septiembre se van a vivir a un cámping y alquilan su piso porque les sale muy rentable». Este periódico se puso ayer en contacto con varios alojamientos turísticos: todos dijeron desconocer el decreto.