El PP defenderá en el Parlamento regional las autovías libres de peaje

El portavoz del PP en el Parlamento de Cantabria, Iñigo Fernández, ha explicado en rueda de prensa el rechazo de su partido a esta medida incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, aprobado por el Consejo de Ministros del pasado 13 de abril y que incluye «más subidas de impuestos».

Y como ejemplo de sus efectos en Cantabria ha estimado que el recorrido en coche entre Santander y Reinosa ida y vuelta podría suponer cuatro euros de peaje, lo mismo que entre Santander y Castro Urdiales; entre Santander y Santoña o Laredo, 3 euros; y entre Santander y Torrelavega, no menos de 2 euros.

Fernández ha asegurado que se vuelve a demostrar que la medida de los peajes solo tiene un «afán recaudatorio» por la necesidad de equilibrar ingresos y gastos de la Administración General del Estado, y que «cuando gobierna la izquierda los españoles pagamos más impuestos y no solo pagan más los ricos, pagamos más impuestos todos».

El portavoz popular ha subrayado que la propuesta del Gobierno de Sánchez no persigue construir nuevas infraestructuras introduciendo la figura del peaje en ellas, sino aplicar un peaje a las que ya existen.

«Estamos en contra de que se introduzca el peaje en las autovías en toda España y nos parece especialmente grave en Cantabria porque es cierto que la comunidad autónoma dispone de una red de autovías gratuitas, pero también que muchas de estas infraestructuras llegaron a la región mucho más tarde que a otras», ha dicho Fernández, recordando que la autovía Santander-Bilbao o la autovía de la Meseta se inauguraron con décadas de retraso a la región en relación a otras infraestructuras del país.

«La única compensación que le quedó a Cantabria por el hecho de que las autovías se construyeran con décadas de retraso fue su carácter gratuito. No nos parece que debamos permitir sin más que nos impongan peajes ahora y con el fin de mantener la fiesta de gasto en la que se ha metido el Gobierno de Pedro Sánchez», ha abundado.

Desde el PP han recordado que la implantación de peajes por circular por las autovías españolas es una determinación jamás adoptada por ningún Ejecutivo hasta la fecha y han advertido de la afectación que supondrá para la economía de los ciudadanos y para el empleo en el sector del transporte.

«No hay peor medida para la recuperación de la economía que aumentar la presión fiscal, que es la receta que siempre maneja la izquierda. La economía española necesita medidas de estímulo y no hay mejor estímulo que la reducción de tasas e impuestos», ha sentenciado Fernández.

Los populares consideran que la medida, en caso de llevarse a cabo, supondrá una afectación directa al derecho de los ciudadanos a circular libremente por todo el territorio del país, que se vería mermado si se cobra por usar la red de más de 12.000 kilómetros de vías gratuitas de alta capacidad que vertebran España.

Y advierten de la «cascada de quiebras» que provocaría esta medida en el sector del transporte, de gran importancia socioeconómica puesto que supone el 8,5% del PIB nacional y genera más de 1,3 millones de empleos en España.

De hecho, en su iniciativa recuerdan que las reacciones en contra de dicha decisión no se han hecho esperar y destacan por su trascendencia la de la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), que considera que este tipo de medidas no solo no reactivarían la economía, sino que traerían la pérdida de muchos empleos en el sector, al igual que el final para muchas empresas transportistas que, ante la alerta sanitaria, siguen adelante con enormes dificultades.

Fernández también ha recordado el retraso que acumulan ciertas infraestructuras de la región, como el nudo de autovías de Torrelavega y los accesos al Puerto de Raos, cuyas obras fueron adjudicadas en 2018 y están lejos de concluir, o los tramos pendientes de la autovía entre Burgos y Aguilar de Campoo.

La proposición no de ley del Grupo Popular se registró en el Parlamento de Cantabria el pasado 6 de mayo y se debatirá en el Pleno del día 25. Se trata de una iniciativa que el PP también está defendiendo en las Cortes Generales y en otras asambleas autonómicas.