El Defensor del Profesor atiende trece casos de acoso a docentes de Cantabria, uno por amenazas de muerte

Entre esos trece casos registrados en el curso 2022-23, hay uno que reviste especial gravedad. Tiene que ver, explica ANPE, con una familia «conflictiva», en la que la madre y el padre de un alumno de Primaria, ambos «con antecedentes», amenazaron de muerte a un profesor por «reprender» a su hijo el pasado mes de junio. El escolar presenta un comportamiento «disruptivo» y sigue en el mismo centro. El docente, que ha cogido la baja médica, denunció los hechos a la Policía, y, según denuncia el sindicato, la Administración educativa «ha desaparecido» del caso, pues ni el equipo directivo del colegio ni la Inspección activaron el protocolo.

ANPE también destaca otros seis casos relacionados con el entorno laboral o administrativo, detrás de los que, recurrentemente, está la «burocracia» que trae aparejada la aplicación de la nueva ley de educación, la Lomloe. Según el sindicato, «el problema más grave» es el aumento de los casos relacionados con problemas entre la Administración y los docentes por falta de formación y gestión de liderazgo.

Rus Trueba, presidenta de ANPE; su vicepresidente, Federico de los Ríos, y la defensora del Profesor, Blanca Rivero, presentaron ayer el informe y consideraron «prioritario» que existan unas normas «claras» que regulen la convivencia escolar.

En cualquier caso, desde ANPE subrayan que Cantabria tiene un índice de conflictividad «bajo», que los casos «no son de alta intensidad» ni hay problemas graves de convivencia en comparación con los datos estatales.

Así, el pasado curso el Defensor del Profesor atendió trece casos en la escuela pública, diez de ellos en el primer trimestre, lo que ANPE atribu ye a la implantación de la Lomloe. Del total, tres han necesitado una atención continua durante todo el curso y otros tres han causado baja de larga duración, con profesores afectados por problemas psicológicos y emocionales. En total, once profesores han sufrido ansiedad o depresión, y, de los trece casos, cuatro han sido atendidos por el servicio jurídico de ANPE.

Los casos se reparten por diferentes etapas, sobre todo Educación Primaria, ESO y Formación Profesional. Cinco de ellos fueron provocados por el alumnado; tres por las familias y los seis restantes tienen que ver con el entorno laboral o con la Administración. Entre las causas del acoso figuran la presión para modificar las notas o los informes, los problemas para dar clase y las faltas de respeto y amenazas por parte de alumnos y familias.

ANPE pide que se regulen las funciones y el perfil profesional más adecuado para resolver las necesidades de los centros, así como un Plan Estratégico de Mejora de la Convivencia Escolar a nivel nacional. En Cantabria, que cuenta con la 'Unidad técnica de mediación en el ámbito docente', el sindicato reclama una modificación del decreto que regula los planes de convivencia de los centros de modo que la Administración actúe de oficio para poder atender casos como el del profesor amenazado de muerte, que ha tenido que contratar un abogado. «No se puede mirar más para otro lado» porque «los protocolos no han funcionado», critica Trueba.