El PP defiende a los afectados por la Ley de Costas frente a los «talibanes» que quieren destruir el tejido productivo

El Partido Popular ha presentado una iniciativa en el Parlamento para que el Ejecutivo regional inste al Gobierno de Pedro Sánchez a retirar el nuevo decreto que desarrolla la Ley de Costas y, a su vez, retome la vía de la renovación de las concesiones administrativas. Es, según el PP, una medida para defender a los afectados frente a los «talibanes» que quieren destruir el tejido productivo de Cantabria.

El portavoz del PP, Íñigo Fernández, ha explicado al respecto que, «después de que se diera solución a la negativa incidencia de la Ley de Costas para más de 1.000 pequeñas y medianas empresas, renovando las concesiones allí donde se pudiera hacer, han vuelto los socialistas, con la ministra, y ahora también vicepresidenta, Teresa Ribera a la cabeza, a crear de nuevo un problema».

El portavoz del PP ha recordado que en esos terrenos afectados por la Ley de Costas se desarrollan cientos de actividades ganaderas, industriales e incluso residenciales. «El problema estaba resuelto», ha asegurado, «pero reapareció con la moción de censura a Mariano Rajoy y la llegada de Teresa Ribera al ministerio: ni una sola renovación de las concesiones desde esa fecha».

Por ello, ha señalado, «no podemos permitir que los talibanes acaben con el tejido productivo de Cantabria, y no podemos permitirnos en Cantabria mirar para otro lado cuando los talibanes vienen a llevarse por delante a cientos de ganaderos, a cientos de empresarios, a cientos de trabajadores, a cientos de negocios y, en algunos casos, incluso viviendas».

«Porque, hay que decirlo así, hemos vuelto a la casilla de salida, los afectados están como el primer día y Teresa Ribera es la autora de la persecución a esos afectados por la Ley de Costas», ha subrayado Íñigo Fernández quien también ha señalado al Gobierno de Cantabria que, en su opinión, «sigue sin reconocer el problema y sin mostrar disposición a defender el tejido productivo de Cantabria».

Según el portavoz del PP, mientras distintas administraciones e instituciones, como la Xunta de Galicia o la CEOE, «están movilizándose, al Gobierno de Cantabria y a su consejero, Gochicoa, no le preocupa la situación de los afectados, es incapaz de reconocer lo que significa para un pequeño empresario o un ganadero cerrar su negocio, porque la administración le expulsa de allí donde ha venido ejerciéndolo toda la vida».

«Pedimos que también el Gobierno de Cantabria se implique y solicite la retirada de este nuevo decreto, porque Cantabria tiene que decir no a este cambio que se prepara y tiene que decir sí a los afectados», ha señalado Iñigo Fernández.

Íñigo Fernández ha concluido señalando que «no vienen buenos tiempos para la economía, no podemos permitirnos el lujo de que, por este motivo, cierre ni un solo negocio, ni un solo taller, ni una sola estabulación ganadera, no podemos permitir que unos talibanes, de paso por el ministerio, den un golpe como este al tejido productivo de Cantabria y España».