El 10-N deja en el aire el pacto de Sánchez con el PRC y dificulta la llegada de fondos del Estado

El PRC, que recuerda que aquel pacto con plazos estipulados incluía la licitación de las obras de la conexión de alta velocidad por ferrocarril a Madrid en el tramo Palencia-Alar del Rey antes de finales de 2020, confía en que se mantenga durante toda la etapa de interinidad a la espera de un Gobierno con plenas facultades. De hecho, las dos licitaciones ya realizadas se han llevado a cabo durante este periodo 'en funciones'. «No ha retrasado ni paralizado nada, lo cual a nosotros nos da mucha confianza», explicaba el pasado lunes José María Mazón, la voz del PRC en Madrid.

Esa es la de arena. La de cal, la volvió a poner este miércoles Revilla al recordar algo que no es la primera vez que pone de manifiesto, que el apoyo a Sánchez está en el aire a partir del 10 de noviembre, la fecha fijada para la nueva cita electoral después de constatar el fracaso de la formación de Gobierno. Todo dependerá de lo que digan las urnas. También si el aliado vuelve a ser el PSOE o, en caso de que la derecha pueda sumar mayoría y necesite otros apoyos, el PP. «Tendríamos que negociar con aquellos que nos puedan dar las obras», subraya el líder regionalista antes de repetir uno de los mantras del PRC desde que consiguieron representación en Madrid: que su papel es defender los intereses de Cantabria -las inversiones, principalmente las de Fomento- y a la vez contribuir a la gobernabilidad del país.

Pase lo que pase en los próximos meses, el Ejecutivo regional da por descontado que el nuevo trámite de la obra del tren de altas prestaciones a Madrid se materializará. Más después de conversar en las últimas horas con la dirección de la empresa pública ADIF y confirmar que no habrá problemas para cumplir con los plazos y que «todo el proceso está ya muy avanzado». La otra gran reclamación de Peña Herbosa -y de todas las autonomías- es la llegada de los fondos adicionales que aparecían en los presupuestos fallidos de 2019 y que, según el Ministerio de Hacienda, el Estado no puede liberar hasta que haya unas nuevas cuentas o un Gobierno estable. En lo relativo a Cantabria, esto se traduce en 135 millones de euros, que la región sí tenía previstos para este mismo año y que se iban a destinar a partidas concretas, sobre todo en materia de servicios sociales. Si Hacienda no encuentra finalmente el mecanismo legal para el reparto, la Consejería de Economía ya ha avanzado que podría traducirse en recortes. Donde no hay posibilidad alguna sin Presupuestos del Estado en vigor es en la deuda de Valdecilla: 22 millones al año que también estaban en ese pacto PRC-PSOE y los regionalistas exigirían a cualquier otra formación que en una próxima legislatura reclamara su apoyo.

El nuevo escenario político nacional se traducirá en que no habrá un Gobierno al menos hasta febrero. Es decir, que se da una patada hacia adelante a muchos asuntos que estaban pendientes de un cambio normativo, de una decisión ejecutiva o de una partida económica. Y hay perjudicados. En España y también en la región. Sin ir más lejos, los jubilados. Los 126.317 cántabros que perciben algún tipo de pensión saben que el segundo fin de semana de noviembre están llamados a las urnas, pero muy probablemente acabarán el año sin conocer cuáles van a ser sus ingresos a partir del 1 de enero. La última reforma promovida por Mariano Rajoy les garantiza una actualización del 0,25%, pero no la revisión acorde al aumento del precio de la vida, que tendría que decidir este mismo 2019 un Gobierno no interino de uno u otro color que para entonces no se habrá conformado. No hay tiempo. Y más de lo mismo ocurre con la revisión del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que tiene que aprobarse en Consejo de Ministros. Puede pasar de crecer un 22% a quedarse igual que este año, en 900 euros. Evidentemente, los que lo cobran son los más afectados, pero también todos aquellos que solicitan una ayuda o subvención a la Administración, ya que este índice sirve como referencia en muchos de estos casos.

La promesa de la ministra de Sanidad de acabar en 2020 con los copagos farmacéuticos, que ahora mismo tienen que asumir 95.557 pacientes cántabros -esos eran al cierre del último ejercicio- también se quedará en el cajón. Otro colectivo que está a la expectativa es el de los funcionarios. Existe un acuerdo firmado con los sindicatos de una subida salarial de entre el dos y el tres por ciento, pero teóricamente este punto será otro de los damnificados por el bloqueo político para disgusto de los 32.747 trabajadores del sector público en la región. La cifra incluye a los 1.590 integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que se quedan sin avances en la equiparación salarial, por lo menos de momento, o los cerca de 300 funcionarios de prisiones que llevan más de un año pidiendo el aumento de la plantilla y la mejora de sus condiciones laborales.

Por su parte, a muchos autónomos que les preocupan las obras incluidas en el pacto PRC-PSOE para el desarrollo de su actividad, quizás desean más los cambios normativos que planean sobre este colectivo. El compromiso de Sánchez a este respecto era que las cotizaciones se ajustaran a sus ingresos reales, no como hasta ahora. Los alrededor de 39.500 trabajadores por cuenta propia que hay en Cantabria, y que como sus compañeros del resto de España estaban pendientes de esta modificación, también tendrán que esperar.

Todos ellos han estado pendientes de lo que ocurría estos días en el Congreso de los Diputados y los palacios de La Moncloa y La Zarzuela, al igual que el equipo de la Consejería de Economía que dirige María Sánchez, que tendrá que elaborar los Presupuestos de Cantabria para 2020 a ciegas, sin saber qué ingresos llegarán desde Madrid.

Revilla evitó ayer culpar a Pedro Sánchez del fracaso de las negociaciones para esquivar la repetición electoral, pero sí calificó la situación de «desastre» y «fracaso monumental de la política». Es más, después de valorar que Albert Rivera y Ciudadanos serán los más perjudicados en cuanto a pérdida de votos, se mostró comprensivo con el líder de los socialistas: «Yo tampoco aceptaría jamás ser presidente de nada si no me garantizan que me aprueban los presupuestos».

Menos comprensiva es la presidenta del PP regional, María José Sáenz de Buruaga, quien considera que el único culpable es Pedro Sánchez y que la repetición electoral también es una mala noticia para Cantabria, porque si a los socios del Gobierno regional ya les estaba costando arrancar, ahora más ya que «socialistas y regionalistas se van a desentender de las tareas de gobierno y de lo que les importa a los ciudadanos para volcarse en su campaña electoral».

Por lo que respecta a su formación, Buruaga cree que están preparados para afrontar unas elecciones no deseadas, pero que suponen una clara oportunidad para mejorar resultados. A casi dos meses para la cita, ya se marca como objetivo ganar las elecciones -en abril se quedaron a 10.000 votos del PSOE en Cantabria-, lo que implicaría dos diputados y tres senadores. «Es posible y está al alcance si el electorado opta por ser práctico, si opta por el voto único, necesario y útil», creen los conservadores.

En ese caso hipotético, los perjudicados serían los socialistas, que de boca de su secretario general, Pablo Zuloaga, defendieron ayer que Pedro Sánchez ha elegido «el camino correcto en lugar del fácil, que no hubiera sido bueno ni para Cantabria ni para España, pensando en el país y no tanto en intereses partidistas como han demostrado los partidos a la izquierda y a la derecha del PSOE». El vicepresidente regional insistió en que «lo fácil hubiera sido acceder a un Gobierno a cualquier precio sabiendo que iba ser presidente, pero teniendo un problema de cómo gestionar España».