«A mí no me dejan viajar»

Otro caso reciente y sonado, protagonizado también por un aristócrata, ha sido el de la fiesta cordobesa, que se convirtió en foco de contagio del virus, en la que participó el príncipe Joaquín de Bélgica, para quien ni siquiera hubo cuarentena al llegar desde su país. El punto común de todos estos escándalos es que hacen sospechar –o confirman, según para quién– de la existencia de un doble rasero a la hora de cumplir las normas en función del estatus de cada cual.

El pasado fin de semana El Diario Montañés publicó una información en la que se contaba que el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, había acompañado a su hija a San Sebastián para ayudarla en la mudanza de su alojamiento en la residencia universitaria Manuel Agud Querol, una vez finalizado el curso. Eso mismo, que hacen tantos padres cada año, no tendría mayor trascendencia en circunstancias normales, pero ahora, en pleno estado de alarma, se convierte en un hecho llamativo.

No tardaron en llegar al periódico llamadas de otros progenitores cántabros que, en una situación prácticamente idéntica, no han obtenido permiso para realizar el viaje, y entendiendo que el presidente había tenido trato preferente. Como ejemplo, una carta al director que ayer mismo apareció en estas páginas. En ella, Marta Vivero explicaba cómo hace unos días consultó en la Delegación de Gobierno de Cantabria por la posibilidad de ir a buscar a su hijo a Madrid, también estudiante universitario, dado que el curso se da por terminado. «La respuesta fue que, en fase dos, no podía viajar entre comunidades autónomas por ningún motivo, tampoco para recoger a mi hijo estudiante. Que trajera su equipaje como pudiera».

Fue, más o menos, la misma respuesta que obtuvo otra madre que contactó con El Diario, y que prefiere permanecer en el anonimato, cuando consultó en ese mismo organismo. Ella pretendía ir a buscar a su hija, estudiante en Salamanca, hace unas semanas. «Me indicaron que no se podía viajar entre comunidades autónomas y que mi hija, estando allí, tendría que traer su equipaje o hacerlo por medio de una empresa de transporte, pero no era posible ir a ayudarla porque no se puede salir de la provincia».

¿Recibió Revilla un trato de favor? Según explicaron desde la residencia Manuel Agud Querol, donde ha residido su hija Lara este año mientras cursaba segundo de Psicología en la Universidad del País Vasco, después de consultar a la Ertzaintza se les informó de que todos los residentes podían ir a recoger sus cosas, en vista de que finalizaba su contrato. Antes de emprender viaje el propio presidente lo puso en conocimiento de la Delegación de Gobierno de Cantabria, que contactó con su homóloga del País Vasco, y esta confirmó que el lehendakari, Íñigo Urkullu, había dado ese pase especial a todos los padres de otras provincias con hijos en la residencia.

Las críticas de otro padre con el que ha hablado este periódico surgen por un motivo algo distinto, ya que a él la Delegación de Gobierno le comunicó que sí podía desplazarse. Su hija estudia en León y, cuando anunciaron el estado de alarma, volvió a casa para pasar esos quince días que fueron alargándose hasta convertirse en meses. Ahora llega el momento de ir a desmontar su piso compartido.

«Nos pidieron una serie de documentos, como la acreditación del contrato de alquiler del piso y un certificado de matrícula de la Universidad, y nos parece correcto. Se lo mandamos y la Delegación de Gobierno me dice que podemos viajar. ¿Y si me paran y me multan? Me dicen que tengo la posibilidad de poner un recurso. La Administración me pide documentos y yo pido lo mismo, un documento que demuestre que puedo, pero me dicen que no lo pueden emitir». Sucedió, según dijo, el pasado lunes.

Habrá quien piense que este señor es demasiado desconfiado, pero es que tiene sus razones. Anteriormente, el rector de la Universidad de León extendió un permiso con el que los alumnos podían viajar... hasta que pararon a uno de ellos y le dijeron que no era válido. El rector se apresuró a enviar otro correo rectificando su postura y remitiéndoles a la Delegación de Gobierno. «Lo que no puede ser es que estés a expensas de la buena voluntad de la pareja de la Guardia Civil que te pare; creo que hay que ser más serio: o se puede hacer o no. Es muy fácil lavarse las manos. Nos dan un correo electrónico para que nos dirijamos a ellos, pero para darte permiso te llaman por teléfono, y ahí está la trampa».

Por lo visto, no siempre ocurre así. Este mismo viernes mismo Susana Fernández se puso en contacto con la Delegación en Cantabria para acompañar a su hijo estudiante a recoger sus bártulos de Madrid. Esta es la respuesta que recibió, con otro correo electrónico, minutos después: «De acuerdo a su solicitud, se informa que las normas aprobadas como consecuencia del estado de alarma no contemplan la posibilidad de desplazamientos por ninguna autoridad. Así mismo indicarle que según nos traslada, su situación podría considerarse prevista en el art. 7 del Real Decreto 463/2020 apartado: g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad; h ) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza. Situación que deberá acreditar documentalmente en caso de ser requerida».

Según fuentes de la Delegación de Gobierno, el cambio de criterio sobre este tipo de viajes se ha producido «cuando existe fin de contrato de alquiler, fin de curso con necesidad de acceder a pertenencias educativas para exámenes finales y cuando las residencias de estudiantes cierran. No se podía ir cuando los contratos estaban en vigor y aún estaban en periodo lectivo, sin fechas finales fijadas por las universidades».