La Delegación y Castro Urdiales se verán las caras en el juzgado por la sanción de los fuegos artificiales

Lo más curioso del conflicto es que se ha producido entre dos administraciones socialistas. De hecho, este episodio provocó un duro enfrentamiento en el último Comité Regional del PSOE, cuando tanto el secretario general como distintos cargos afines a la dirección de Pablo Zuloaga echaron en cara a la entonces delegada del Gobierno, Ainoa Quiñones, que abriera un expediente sancionador contra un compañero de filas. Quiñones señaló entonces que en la Delegación «no miramos el color político» a la hora de imponer sanciones, y otros cargos destacados como el portavoz en Santander, Daniel Fernández, salió en su defensa para subrayar que «la ley está para cumplirla».

Ahora, el procedimiento judicial sigue adelante ya sin Quiñones en la Delegación tras su relevo por la también socialista Eugenia Gómez de Diego.

Aunque el organismo competente para tramitar el expediente de sanción era la Delegación de Gobierno, todo partió de una denuncia formulada por los agentes de la Guardia Civil. En concreto, por las patrullas encargadas de la seguridad durante la celebración del Coso Blanco, que tuvo lugar el 7 de julio. «A pesar de la denegación expresa para su celebración, los agentes presentes en la zona observaron que en el rompeolas de Castro Urdiales se estaba llevando a cabo un espectáculo de fuegos artificiales con una duración aproximada de 15 minutos», detalla la denuncia de la Guardia Civil, que también refleja que la ley obliga a contar con una autorización previa cuando los artículos pirotécnicos superen los 100 kilogramos. En este caso, la empresa Pirotecnia Zaragozana quemó 160 kilos.

Aunque es cierto que Castro Urdiales solicitó esa autorización, lo que dice la Delegación es que lo hizo fuera de plazo: la pidió el 5 de julio, no con diez días de antelación, como establece la normativa. Y lo que responde a eso al Ayuntamiento es que el problema con los tiempos se debió a un cambio de autorización. Primero se pidió permiso para que los fuegos tuvieran lugar en el rompeolas –donde se han hecho siempre–, pero se aludió a que estaba en obras. Tras intentarlo en La Atalaya, la Delegación negó el permiso y se volvió a intentar solicitarlo en el rompeolas.

El Consistorio alega más cosas en su recurso judicial. Por ejemplo, que se ha calificado como infracción grave y se ha puesto la sanción máxima –va de 600 a 30.000 euros– sin la debida justificación. Además, frente a la versión de que existió una intención expresa de desobedecer a la Delegación, defiende todo lo contrario: Castro dice que entendió permiso tácito porque la Guardia Civil participó ese mismo día en la Junta de Seguridad en la que se estudió el operativo para los fuegos y porque estaba elaborado el Plan de Seguridad y el resto de documentos exigidos.