Los delitos sexuales frenan su escalada en Cantabria, pero hay un 26% más de violaciones

Después de una escalada de cifras casi frenética en los últimos años, llegar a este punto de estabilización supone un respiro; pero si se desciende al detalle, ahora preocupan más los datos concretos, como el incremento de las violaciones con penetración, que en los últimos meses ha puesto en alerta a las Fuerzas de Seguridad. La cifra aumentó en un 26,5% entre 2023 y 2024, lo que implica un crecimiento de 34 a 43 en las agresiones sexuales con penetración en tan solo un año. Y mayoritariamente, según explicó la delegada de Gobierno en Cantabria, Eugenia Gómez de Diego, se dan «en el entorno de la víctima», desmintiendo «la idea de ataques aleatorios en la vía pública».

Es una muestra más de que aún queda mucho por hacer, pero por lo pronto lo positivo es que ahora sí, parece conocerse la verdadera magnitud en cifras de este problema del que antiguamente no se conocía más que la punta del iceberg. «Puede ser que hayamos llegado a una zona más próxima a lo que es la realidad de estos casos», explica Diana Mirones, responsable de la Unidad de Coordinación de Violencia contra la Mujer de la Delegación del Gobierno. «Se ha hecho un gran esfuerzo en todos estos años por reforzar la autoestima de la víctima, para que sepa que está amparada por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para que sea consciente que no está sola y que puede denunciar sin temer nada», detalla la experta, que conoce las dificultades que a veces tienen las mujeres para dar el paso.

Es un escenario que se encuentran a diario en la Emume, que son las siglas de 'Equipo Mujer-Menor' de la Guardia Civil, encargado de gestionar esta serie de casos. «De hecho, para eso tenemos en marcha el llamado 'protocolo cero', que consiste en que nosotros actuamos, digamos, de oficio, ante casos en los que no hay denuncia pero sabemos que existe peligro real por la seguridad de la víctima», detalla Almudena González, cabo primero y responsable de la Emume en Cantabria.

Pero todo este trabajo que se desarrolla tanto desde la Guardia Civil como desde la Policía Nacional -que cuenta con una unidad similar con el nombre de Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (Ufam)- parece que no es suficiente. «Necesitamos más esfuerzo porque no todas las mujeres están bien protegidas y amparadas para denunciar. Siempre hace falta más», matiza Ana Bolado, portavoz de la asociación 8 de Marzo. Y acto seguido recuerda el reciente caso del asesinato de Liaño, en que José Reñones mató a la que era su expareja, Eva Jaular, y a la bebé de ambos en diciembre de 2021. «Ese es un caso claro de que no se hizo lo que se debía, de que no se cumplieron bien los protocolos, de que no se detuvo a este individuo, y pudo hacer lo que hizo. Habría sido evitable», protesta Bolado.

Desde 2003 ha habido 1.305 mujeres que han perdido la vida a manos de hombres en toda España. En Cantabria esa cifra es de once, lo que sitúa a la región la tercera por la cola. «Se están haciendo mejor las cosas, poco a poco, mejorándose las formas de actuación», informa Mirones. «El 20 de mayo entra en vigor una actualización del Protocolo Nacional Policial para la valoración del riesgo que llevará por nombre 'Protocolo 2025' y que incluirá mejoras en sistemas de valoración, planes de coordinación y protección», detalla la especialista de la Delegación del Gobierno.

«Es también crucial la renovación del Pacto de Estado, que contempla 461 nuevas medidas que refuerzan la prevención y la protección de las víctimas», agrega Mirones. Sobre todo porque la diversidad de casos es tan amplia que no existen prácticamente dos iguales. Las expertas hablan de situaciones complejas donde la mujer no tiene medios económicos para vivir por su cuenta, algo que genera muchos miedos a la hora de formalizar la denuncia.

También influye mucho el bagaje cultural, la familia -los hijos suponen para muchas de estas víctimas un freno para romper el núcleo familiar-. «Hay casos realmente complicados donde existen enfermedades mentales o adicciones en las víctimas que complican aún más la forma en que se puede atajar el problema», detalla Mirones.

Es ahí donde se vuelve de crucial importancia la sinergia entre instituciones. «En la Emume la colaboración con servicios sociales, el colegio de abogados y otros ámbitos de asistencia especializada es fundamental», explica González, que desde los despachos de la Comandancia de Peñacastillo asisten a más del 60% de la población cántabra, donde tiene competencia la Benemérita.

En un descenso al detalle, los municipios más poblados presentan mejoría en las cifras. En Santander los casos de delitos de violencia sexual caen hasta un 9%; un 15% en Castro Urdiales; y hasta un 50% en Piélagos (pasa de 4 a 2 casos). Crecen sin embargo en Torrelavega un 50% (de 12 a 18 casos) y en Camargo, un 75% (pasa de 4 a 7).

La mayor preocupación entre los colectivos implicados en la protección de todas estas personas es la deriva que está tomando en el sector más joven. «Nos damos cuenta de que son ellos los que deberían estar más concienciados y en algunas ocasiones no es así», explica Bolado, que insiste en cada foro en la necesidad de fomentar la educación en todos los ámbitos y escenarios. «Porque no se trata de un mal que afecta sólo a un sector sociocultural, o a un sector de un nivel económico concreto, no. Hay personas con más recursos y con menos, con estudios o sin ellos, etc».

Para eso existe el llamado Plan Director para la mejora de la seguridad en los centros educativos, que se ha actualizado para incluir la prevención en materia de violencia sexual. «Está teniendo una acogida estupenda en todos los centros educativos a los que nos estamos acercando», explica Mirones. Hay charlas que hablan de prevención sexual en redes sociales, de ciberacoso, de sexting (envío de mensajes sexuales) o de grooming (acoso sexual normalmente emprendido por adultos). «Tenemos que seguir trabajando en todo ello», aclara Mirones.