La demanda en las residencias crece, pero la mitad de los centros que iban a construirse no prosperan

A partir de ahí, queda pendiente que finalice la obra del CAD San Pedro, en Polanco, que contará con 60 plazas, aunque destinadas a personas con discapacidad. Y no hay más construcciones a la vista, ya que la anunciada en Canalejas (Santander), que tenía autorización previa, ni siquiera ha comenzado; y también se cayó del todo, en septiembre de 2023, el proyecto de la Residencia Ignacia, que iba a reconventir el antiguo Hotel Central (calle Ataúlfo Argenta) en un centro para 53 usuarios. El grupo inversor Onisan Inmuebles desistió de la idea tras perder tres años a vueltas con las licencias. Y en punto muerto está el proyecto municipal para levantar una residencia en el Primero de Mayo, del que se empezó a hablar hace ya doce años. Después de varias licitaciones desiertas, el Ayuntamiento de Santander no acaba de decidir si lo volverá a intentar o desiste. Un vacío de movimientos que paraliza otra iniciativa privada, con terrenos ya adquiridos en la misma zona, para un proyecto similar a cargo del Grupo Calidad en Dependencia, el mismo que prevé construir el CAD Santa Bárbara en Puente San Miguel (64 plazas), que tampoco se ha iniciado por el momento. A futuro, el plan de usos del complejo de Parayas contempla habilitar dos centros, con 90 y 120 plazas, pero la idea no ha pasado del papel; y justo este mes de marzo se acaba de registrar en la Crotu el proyecto básico para levantar un centro residencial en Villaescusa (con capacidad para 103 usuarios), con una inversión prevista de 4,5 millones de euros.

Así las cosas, únicamente se podría hablar de 218 plazas ejecutadas en 2025, contando que en los próximos meses abra sus puertas por fin la residencia de Rubayo. Suponen una tercera parte de la previsión de necesidades que había realizado el grupo de investigación de Economía Pública y de la Salud de la UC, en el informe encargado por la Consejería de Inclusión Social. Según ese estudio presentado en agosto de 2024, que cruzaba los datos demográficos con la lista de espera, la oferta y las vacantes, se había calculado que la red de atención a la dependencia necesitaría para este año 628 plazas más en residencias de mayores (en aquel momento tenía 4.470 concertadas) y otras 134 para discapacidad (a añadir a las 667 actuales). No obstante, la consejera del ramo, Begoña Gómez del Río, ya entonces rebajó esas expectativas porque, en paralelo, se ampliaba la cartera de servicios del Icass precisamente para «potenciar la atención en el domicilio y retrasar el ingreso en residencias», que es el objetivo de «la estrategia de desinstitucionalización 2024-2030».

Desde la Consejería admiten que «la atención residencial es necesaria, porque siempre habrá personas que, por distintas circunstancias, deban ingresar en residencias. Pero lo ideal es que sean atendidas el mayor tiempo posible en su hogar». De ahí que desde el Gobierno cántabro «se hayan dado pasos en ese sentido», bien haciendo compatibles servicios que antes no lo eran -como la ayuda a domicilio y el centro de día-, o implantando la teleasistencia avanzada (el contrato está ahora en licitación), operativa las 24 horas para dar respuesta a la llamada a través de la medalla o de la pulsera, que tendrá apoyos tecnológicos complementarios, como la geolocalización, la detección de situaciones de riesgo en casa (escape de gas, de agua o fuego) o el aviso en caso de caída de los usuarios.