La demografía en cantabria: un problema grave

A lo largo de las cuatro últimas semanas he dedicado este espacio a transmitirles las principales conclusiones de un estudio que, junto con Ángel Agudo y Adolfo Maza, he realizado sobre la evolución reciente, situación actual y perspectivas de la economía cántabra. Entre otras cosas, en el mismo se puso de manifiesto que una de las cuestiones más preocupantes para el futuro de la región es la relacionada con la demografía. Y esto es así porque, aunque es cierto que la misma presenta un aspecto positivo (la existencia de un continuo de poblaciones costeras con una densidad de población relativamente elevada), priman sobremanera los aspectos negativos: fuerte desequilibrio costa-interior, regresión demográfica, reducidas tasas de fecundidad y reemplazo, y elevadas tasas de envejecimiento y dependencia.

Pues bien, recientemente un informe del Icane, del que se ha hecho eco este periódico, ha alertado aún más sobre la gravedad de la cuestión demográfica al poner de relieve que, de seguir las cosas como hasta ahora, «Cantabria perderá 50.000 habitantes durante las dos próximas décadas», un 9% de la población actual. La apabullante magnitud de estas cifras nos debería hacer pensar, cuando menos, en tres cosas: sus causas, sus consecuencias y, si es que las hay, sus posibles soluciones.

En relación con las causas, la explicación es harto sencilla: se producen menos nacimientos que defunciones y este saldo vegetativo no se ve compensado por la entrada neta de emigrantes. La caída de la natalidad está relacionada, a su vez, con factores económicos y sociales; entre los primeros, las dificultades para encontrar un empleo estable y medianamente retribuido son el factor más importante; entre los segundos, los problemas para lograr una verdadera conciliación familiar y el cambio de mentalidad de los jóvenes («que ahora no dan tanta prioridad a tener un hijo como a su ocio o su carrera profesional») se llevan la palma. En cuanto a los movimientos migratorios, el factor decisivo es la falta de oportunidades en la región, que hace que algunos (normalmente los más capacitados) se vayan y que sean muy pocos los que, pese a otros muchos elementos favorables, la encuentran atractiva como lugar donde asentarse.

Las consecuencias de la pérdida de población (y del correlativo envejecimiento de la que permanece en la región) tendrá consecuencias negativas en distintos ámbitos. Dejando de lado el tema de la sostenibilidad del Estado del Bienestar, por ser una cuestión de índole más nacional que regional, creemos que algunas de las más importantes serán las relativas a la reducción de la demanda agregada (y, por ende, de la actividad económica), a un menor empuje innovador (los que innovan suelen ser los jóvenes) y a una desaceleración del crecimiento de la productividad. Adicionalmente, muchos municipios (sobre todo los que en términos relativos pierdan más población) se encontrarán con problemas para financiar algunos de sus servicios públicos básicos, como agua, luz, recogida de basuras y alcantarillado, amén de, quizás, otros como los educativos (¿supresión de más escuelas rurales?).

En cuanto a cómo hacer frente a la intensa regresión demográfica que auspicia el informe del Icane, las soluciones teóricas son más que conocidas: reactivación económica sostenida, mejora del funcionamiento del mercado de trabajo, y políticas de fomento de la natalidad, entre las que tendrían que ocupar un primer lugar las destinadas a incrementar y mejorar la conciliación familia-trabajo. Aunque no hay ninguna varita mágica que permita que todo esto se logre, en los artículos de las cuatro semanas precedentes apuntábamos qué se podía hacer, y cómo se podía hacer, para conseguirlo: hay que contar con un plan estratégico de desarrollo regional, consensuado entre el gobierno, los partidos de la posición y las principales fuerzas sociales, e intentar desarrollarlo hasta sus últimas consecuencias. Es cierto que con el mismo no está garantizado que se logren los objetivos propuestos (y, más en particular, el cambio de las tendencias demográficas) pero sin él esto será, a todas luces, mucho más complicado.

La elaboración de este plan estratégico requiere, en primer lugar, que el gobierno esté convencido de su necesidad; en segundo lugar, exige que el gobierno ejerza el liderazgo correspondiente; y, en tercer lugar, necesita que el gobierno (los sucesivos gobiernos) muestre(n) la fortaleza suficiente para llevarlo adelante. De no ser así, dentro de veinte años seguiremos debatiendo sobre el tema y planteándonos cómo solucionarlo. El ‘tema demográfico’ exige actuar ya y exige hacerlo con determinación. ¿Seremos capaces?