El PP denuncia que el bipartito está asfixiando a las juntas vecinales

El PP de Cantabria ha denunciado que en la región se está sometiendo a numerosas juntas vecinales «a una asfixia económica para poner en riesgo su viabilidad». Según el vicesecretario de Política Local del partido, Julián Vélez, y el vicesecretario de Acción Social y Sectorial, Carlos Caramés, socialistas y regionalistas incurren en «claras contradicciones» respecto a las juntas vecinales.

A sus ojos, ambos partidos «han venido haciendo una defensa a ultranza» por mantener las juntas vecinales ante los medios de comunicación, mientras que en los ayuntamientos donde gobiernan, por separado o en coalición, «les niegan la financiación que garantice su funcionamiento».

Vélez ha dicho que en su etapa como presidente de la Federación de Municipios de Cantabria (FMC), PSOE y PRC «pasaron en corto espacio de tiempo de pedir a través de sus alcaldes la disolución de las juntas vecinales, a coger la pancarta de la demagogia en defensa de las mismas». Y hoy, «los mismos ayuntamientos que protestaron ante la FMC, llegando muchos de ellos a abandonarla por la reducción del Fondo de Cooperación Municipal del Gobierno de Cantabria, les niegan a sus juntas vecinales la financiación que les permita ejercer sus competencias», ha lamentado.

Los dirigentes populares han puesto como ejemplo «palmario» de esta situación el caso de Piélagos, donde el PP preside diez de las doce pedanías del municipio y donde, según advierten, el PSOE está tratando de «arrasarlas y enterrar su voz» mediante la aprobación de un nuevo reglamento de financiación de las juntas. Ese reglamento, según han explicado, modifica la manera en la que deben recibir las aportaciones que cada año les hace el Ayuntamiento y, además, «supone más burocracia».

Carlos Caramés, también portavoz del Partido Popular de Piélagos, ha señalado que los socialistas, que gobiernan en el Ayuntamiento pero en ninguna de las pedanías, saben que «la ley determina que si las juntas vecinales no se pueden financiar, deben disolverse». Por eso considera que esta actuación de la alcaldesa, Verónica Samperio, «no es una torpeza», sino que tiene «la clara intención de querer cargarse las juntas vecinales para campar a sus anchas».

Según ha expuesto, el nuevo criterio que quieren imponer los socialistas a las juntas vecinales de Piélagos es la concurrencia competitiva, «como si se tratase de empresas que piden subvenciones públicas». Caramés lo ha criticado porque los alcaldes pedáneos prestan servicio a sus vecinos «de manera totalmente altruista» y «no disponen de personal retribuido a su cargo» para poder tramitar toda la carga administrativa que implicará el nuevo procedimiento.

Caramés ha recordado que, hasta la fecha, las juntas vecinales de Piélagos recibían cada año una asignación directa a través de subvención nominativa en los presupuestos. La media era de 20.000 euros y en enero el pedáneo sabía lo que le correspondía y «podía planificar los servicios para su pueblo». Sin embargo, «ahora el equipo de gobierno municipal quiere que los pedáneos compitan entre sí por los recursos disponibles, presentando proyectos que luego ellos evalúan».