PP denuncia que la Ley de Cambio Climático «pone en riesgo» cientos de negocios en Cantabria próximos al litoral

En rueda de prensa, el portavoz parlamentario del PP, Íñigo Fernández, ha explicado que esta norma impulsada desde el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que lidera Teresa Ribera, «vacía de contenido» la reforma de la Ley de Costas aprobada en 2013 y que, según ha dicho, «solucionó» el problema de los afectados por las concesiones administrativas en el dominio público marítimo-terrestre.

Según el PP, este problema que «parecía resuelto» con dicha reforma legislativa se ha «vuelto a activar» al «pretender revertir la situación de las concesiones administrativas en el dominio público marítimo-terrestre a la situación de precariedad en que las dejó la Ley de Costas de 1988«.

Fernández, ha alertado en rueda de prensa de las consecuencias que puede tener la aprobación de la Ley de Cambio Climático tal y como está redactada, en concreto en sus artículos 18.3 y 18.4, para cientos de negocios de Cantabria (empresas, talleres, explotaciones ganaderas) que ejercen su actividad en superficies próximas al litoral habilitadas en su día mediante concesiones administrativas.

A su juicio, el proyecto de ley establece de nuevo una visión «muy restrictiva» de los plazos de las concesiones, de los que dice en su artículo 18.4: «computarán en todo caso desde su otorgamiento e incluirán todas sus prórrogas, de ser estas posibles, sin superar los plazos máximos establecidos en la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas». Es decir, «vacía de contenido la reforma de 2013 y vuelve a poner en riesgo la actividad económica que se genera en dichos espacios y el empleo que se deriva de la misma».

Por ello, a través de una proposición no de ley, el PP cántabro persigue que, en el transcurso de la última fase de la tramitación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en el Congreso de los Diputados, se apruebe la enmienda que permita suprimir los puntos 18.3 y 18.4 del articulado de la ley, «en la medida en que pone en riesgo a una parte del tejido productivo y empresarial de la región y puede generar consecuencias muy negativas en el empleo».

Desde el PP entienden que resulta «imprescindible» el pronunciamiento del Parlamento de Cantabria puesto que la comunidad autónoma, junto con Galicia y Asturias, se encuentra particularmente afectada por esta reforma legal que amenaza con suprimir cientos de negocios y empleos en la región.

«No estamos pidiendo más que una cosa, salvarlos, dejarlos sobrevivir, no expulsarlos del terreno en el que han venido desarrollando su actividad a lo largo de los últimos años. Pedimos sensibilidad hacia los titulares de esas concesiones«, ha afirmado Iñigo Fernández, para quien la protección del litoral y la protección del medio ambiente es «compatible» con la actividad económica que se desarrolla en el dominio público marítimo-terrestre.

El portavoz popular ha afirmado que «no están Cantabria y España en un momento como para promover la desaparición de actividad económica». «No podemos permitirnos esos lujos», ha dicho Fernández, que ha advertido que, además del daño que hacemos a los particulares, a los titulares de esas concesiones, se estaría provocando un daño al conjunto de la sociedad porque «muchos» de esos negocios estarían abocados a la desaparición y al cierre y sus trabajadores al desempleo.

«¿Qué queremos? ¿Que todo el país entero pase la vida en ERTE?», ha aseverado Fernández, que ha denunciado que parece que la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, cada vez que interviene en algo en relación con Cantabria «es para agredir» a la comunidad. «No nos deja vivir en la alta montaña debido al lobo, no nos deja vivir en el litoral debido a la Ley de Cambio Climático. No podemos estar en manos de talibanes como Teresa Ribera», ha sentenciado.

El PP propondrá que esta iniciativa se debate en el próximo Pleno del Parlamento, que será el 12 de abril, fecha en la que, según lo previsto, ya se habrán debatido en Comisión del Congreso las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios al proyecto de ley, entre ellas una de los populares que, precisamente, pide la supresión de los puntos que ponen en riesgo a estos negocios.

Sin embargo, aun quedaría pendiente el debate en el Pleno del Congreso sobre esta norma.

Fernández ha recordado que la Ley de Costas de 1998 estableció un plazo máximo de 30 años, a partir de su promulgación, para el disfrute de estos espacios. A la conclusión de este periodo, todas las concesiones administrativas situadas en el dominio público marítimo-terrestre se considerarían caducadas.

Con el fin de mitigar el impacto económico de las medidas contenidas en la Ley de Costas de 1988, Fernández ha señalado que en 2013 con el Gobierno de Mariano Rajoy se procedió a reformar la misma de tal modo que fuera posible autorizar la prórroga de las concesiones en determinadas condiciones y allí donde la actividad económica y el empleo lo justificara.

Sin embargo, ha insistido en que la tramitación parlamentaria del Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en el año 2020, ha «activado de nuevo las alarmas» entre los integrantes del llamado colectivo de afectados por la Ley de Costas puesto que, según ha señalado, «anula en la práctica» la reforma de la Ley de Costas de 2013 que dio una solución a los negocios, fábricas, talleres y estabulaciones ganaderas que se encuentran ubicadas en la franja del dominio público marítimo-terrestre.