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La Ley de Régimen Jurídico del Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de Cantabria, aprobada la pasada legislatura, obliga a sacar a convocatoria pública las direcciones y gerencias de empresas públicas como Sodercán, Cantur, Sicán, Mare, la Sociedad Regional de Cultura ... y Deporte y Gesvicán (Gestión de Viviendas e Infraestructuras). De momento, se sabe que se han presentado 95 solicitudes para cubrir los puestos y que la identidad de las personas que serán finalmente designadas se conocerá sobre el 15 de septiembre. Y también han trascendido los nombres de algunos de los candidatos que al Gobierno autonómico le gustaría situar al frente de estos entes: a Bernardo Colsa en Cantur, o a Antonio Bocanegra en Sodercán. Aunque la ley se aprobó en noviembre con la unanimidad de los grupos parlamentarios, el ambiente durante el proceso selectivo, iniciado en agosto, se ha ido contaminando poco a poco.
El PP aseguró ayer que no confía en absoluto en las formas de selección que practica el Ejecutivo, y usó la dialéctica de los sinónimos para atacarlo: «Un paripé, un engaño, la crónica de un nombramiento anunciado», lo calificó la diputada popular Isabel Urrutia. «Es todo un desatino y, sobre todo, un engaño», siguió enumerando.
La diputada popular cree que en el proceso no se cumplen los requisitos de «igualdad, mérito y capacidad» que recoge la ley. Los nombres de Colsa y Bocanegra se convirtieron, entonces, en un argumento de peso para los populares y el hecho de que ya haya trascendido que el primero dirigirá el brazo turístico de la comunidad o que el segundo asumirá la dirección de la Sociedad para el Desarrollo de Cantabria pervertirían del todo el proceso. «Los elegidos están decididos de antemano, e, incluso, se han anunciado hace casi dos meses, antes de la convocatoria de los procesos selectivos», acusó el PP. También lo dijo de otro modo: «Lo único que hay es una contratación a la carta, una contratación a dedo».
De los seis puestos en liza, Urrutia se detuvo ampliamente en Cantur. Criticó que se hayan modificado las condiciones de acceso al puesto aprobadas en su momento por el consejo de administración y firmadas por la consejera Marina Lombó. Y aseguró que en esta convocatoria se ha añadido un requisito 'ad hoc': tener experiencia y conocimiento en la gestión de protección de datos, un área que ahora gestiona Colsa en el Gobierno.
El Gobierno respondió a las declaraciones de la diputada en un breve comunicado. El proceso selectivo, indicó, «se está realizando siguiendo escrupulosamente lo dispuesto en la Ley», y más concretamente en su artículo 123. «Siguiendo estrictamente este mandato legal, el pasado 23 de agosto se hicieron públicas las convocatorias de los seis puestos directivos [...], estableciendo las bases y requisitos mínimos exigibles, y, de la misma manera se están llevando a cabo los correspondientes procedimientos», expuso el Ejecutivo.
Pero los procedimientos, a ojos del PP, no existen. «En ningún caso hay procedimiento, ni comisión de resolución; y cuando la hay no se sabe quién la compone, no se dice qué criterios se van a seguir para baremar los currículos, ni qué puntuación se va a dar a cada uno de los méritos de los candidatos; e incluyen una entrevista que en ningún caso es obligatoria», criticó el PP. La entrevista está en el punto quinto de la convocatoria y es una de las herramientas que pesará en la decisión final.
Todo es tierra quemada para los populares, «todo es una ocultación y una falta de transparencia totalmente contraria, precisamente, a la previsión que estableció la ley», resumieron.
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