Blanco sobre la denuncia: «Confío en la Justicia y estoy tranquilo»

«Todo el mundo tiene derecho a los recursos», dijo antes de reiterar su confianza en la Justicia y en definir como «más llamativo» el procedimiento penal. «En estos días estamos contestando los recursos de alzada que se presentaron y ahora tenemos que esperar a ver qué dicen los tribunales, que creemos que contestarán en pocos días», valoró el consejero al hablar de los retrasos que estos hechos pueden suponer para el inicio de las extracciones de lobos.

Blanco se manifestaba así como respuesta a la denuncia que la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel) ha presentado ante la Fiscalía de Medio Ambiente contra el consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, y su director de Biodiversidad, Antonio Lucio, por presuntos delitos de prevaricación tras las últimas resoluciones publicadas el pasado viernes que autorizan «la matanza» de tres lobos. Considera el colectivo que las mismas son nulas porque contienen «numerosas deficiencias o arbitrariedades» y, según afirma, «obedecen a la reiterada posición política del consejero» de «sortear» el mandato del Estado, tras la entrada en vigor de la Orden Ministerial de septiembre de 2021 para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) y del Catálogo de Especies Amenazadas. Ascel también ha pedido la paralización cautelar de los sacrificios programados.

Según el escrito registrado ayer por la asociación ante la sala de la Fiscalía de Medio Ambiente de Madrid, Blanco «no ha cejado» desde aquella publicación de la orden de manifestar «su voluntad de obviar o desobedecer» el dictamen ministerial. Además, argumenta que, en el caso de las últimas resoluciones publicadas autorizando la muerte de tres lobos en Sejos, Palombera y El Bardal, la cosa está «más clara» ya que ellos (en referencia a Blanco y Lucio) «saben de sobra» que tienen que tener un informe del Ministerio para la Transición Ecológica del que carecen «y van subiendo en chulería, diciendo que como no lo reciben, dictan la suya, y eso es una ilegalidad», explicó ayer a El Diario Montañés Ignacio Martínez en nombre de toda la Junta Directiva del colectivo conservacionista. «Un personaje que manifiesta que 'hay que proteger al lobo pero tenemos que ponerlo en su sitio' se merece un ajuste», añadió. «La vida silvestre no está para que llegue un consejero de tres al cuarto y le diga a los animales donde tienen que estar».

En el escrito de Ascel a la Fiscalía, se acusa a Lucio de «arbitrariedad» en sus planteamientos para justificar las resoluciones de sacrificios ante los recursos planteados o de «falsear el cupo» de grupos familiares de lobos.

También se argumenta que las últimas órdenes no respetan la estrategia de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente sobre la gestión del lobo publicada en el BOE en agosto, a la que se adhiere el Gobierno de Cantabria. Según describe la asociación, dentro de esta especie de «protocolo para matar el lobo» (la estrategia), el Estado planteaba la necesidad de contar con un «informe preceptivo pero no vinculante» sobre la petición motivando la matanza que presente cada comunidad autónoma. Pues bien, según los conservacionistas, esta es una documentación que, a día de hoy, no tiene el Gobierno de Cantabria. A la par, señalan que el departamento de Blanco tampoco se puede escudar en un supuesto legal por silencio administrativo, ya que las resoluciones presentadas son «anteriores» a la aprobación de la citada estrategia.

En este sentido, recuerdan que ya en el mes de junio, Blanco y Lucio se rodearon de «los suyos» para presentar en rueda de prensa sus planes para matar diez lobos en tres territorios, unas resoluciones que fueron recurridas por el colectivo solicitando una suspensión cautelar de la medida. No obstante, el TSJC dio la razón al consejero por ser una «autorización ejecutiva» que no había sido recurrida judicialmente. Sin embargo, apuntan desde Ascel a que hubo un voto particular del presidente de la sala -el juez Losada Armada- que ya alertaba de que había jurisprudencia del Constitucional contraria y advertía de deficiencias en las resoluciones del Ejecutivo, como la de plantear sacrificios «sin diferenciar unos ejemplares de otros, si es una hembra con sus cachorros» o no calcular bien la repercusión en el Medio Ambiente.