El denunciante anónimo que destapó el 'caso Obras Públicas' desveló también el de Gesvicán

Según la información recabada por El Diario Montañés, el 14 de febrero de 2023, es decir, apenas una semana antes de que se destapara el 'caso Obras Públicas' con la detención de ocho personas por la supuesta adjudicación de obras en carreteras a cambio de mordidas, la AEAT recibió un denuncia sin remitente contra dos técnicos de Gesvicán, ambos ingenieros de Caminos y contratados laborales, en la que se aportaba información sobre la posible participación interesada de sus dictámenes técnicos, así como detalles del cobro de comisiones a las empresas que concurrían a las licitaciones de las obras públicas.

Para entender el papel que jugaban ambos investigados, hay que tener en cuenta que la Consejería de Obras Públicas tiene suscrita con la empresa pública Gesvicán una encomienda de gestión para que preste apoyo e intervenga en la elaboración de las prescripciones técnicas en las licitación públicas. Y los investigadores tienen constatados que ambos participaron –en calidad de facultativos y autores de proyectos– en más de una veintena de actuaciones.

En la denuncia se aporta información sobre las posibles prácticas irregulares de los dos técnicos. «Como continuación de la información que les remití, en relación a la presunta práctica corrupta de Miguel Ángel Diez en el seno de la Consejería de Obras Públicas, les informo que tengo constancia de prácticas 'peculiares' de los técnicos de Gesvicán...», recoge el escrito de la persona sin identificar.

«Como saben, Gesvicán es una empresa pública del Gobierno de Cantabria que depende directamente de la Consejería de Obras Públicas. Entre ambas entidades hay firmado un convenido de colaboración que, entre otras cosas (me imagino), la primera hace a la segunda encargos y apoyo de su personal técnico al propio de la Consejería».

Dicho esto, el delator señala que los dos técnicos mencionados suelen redactar proyectos técnicos de obras, bajo la supervisión del personal funcionario de la Consejería encargado de la licitación y contratación de la obra. «También, y esta es la cuestión, debido a la sobrecarga de trabajo del Servicio de Proyectos y Obras de la propia Consejería, se les encarga la corrección técnica (puntuación) de las ofertas técnicas que las empresas constructoras presentan a la licitación de las obras». Es ahí donde actúan de forma «peculiar», según el anónimo. «Ellos mismos confeccionan las ofertas técnicas para alguna empresa 'cliente' que posteriormente corrigen y puntúan, obteniendo, obviamente, esta empresa 'cliente' la mejor puntuación entre todas las presentadas al proceso de licitación. Es decir, son juez y parte».

El denunciante finaliza su anónimo aportando las «tarifas económicas» que supuestamente cobran los dos técnicos de Gesvicán por los servicios prestados: 5.000 euros por elaboración de la oferta técnica, 7.000 por obtención de la máxima puntuación y 10.000 por adjudicación de la licitación.

Los investigadores de Vigilancia Aduanera y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional hilaron esta denuncia con dos llamadas realizadas dos meses antes (el 29 de diciembre de 2022) por el jefe de Carreteras y cabecilla del 'caso Obras Públicas', Miguel Ángel Diez, al director general de Senor, Ricardo Fernández, al que denomina 'El Rubio'. En el transcurso de la conversación ambos interlocutores denuncian los criterios subjetivos establecidos durante el proceso de criba de las empresas que se presentan a las licitaciones públicas, mencionando expresamente a uno de los ingenieros de Gesvicán que ahora está investigado.

En este sentido, Diez comenta que de las empresas que se presentan «solo tres pasan el corte de los 18 puntos», impidiendo al resto de las empresas continuar el proceso.

El responsable de Senor se lamenta de la dificultad para conseguir un informe técnico favorable de Gesvicán, haciendo mención expresa a las supuestas tarifas que se cobran en la tramitación del proceso: «Técnica más calidad= 2.500. Si te pongo el primero, otros 2.000 más, y si eres adjudicatario, hay una variable que es la oferta económica, otros 5.000. En total, 9.500 euros». Fernández se muestra molesto con las grandes diferencias existentes respecto a la valoración técnica, puesto que todas son iguales, ya que todos disponen de la misma documentación, dando a entender que ha caído en desgracia pues, anteriormente, era el mejor y ahora le penalizan. Por tanto, y a tenor de lo expuesto, los investigadores creen que el técnico al que se refieren el funcionario y el responsable de Senor «dispensa un claro trato de favor hacia las empresas que se avienen a satisfacer las correspondientes 'mordidas' a cambio de conseguir una buena valoración técnica».

En uno de los primeros informes que elaboraron en el marco de este caso, la AEAT y la UDEF hacen referencia a seis proyectos en los que, además de figurar el jefe de Carreteras, participa Gesvicán como autor del proyecto y, en concreto, los dos técnicos investigados, si bien uno de ellos interviene en una actuación y el otro en las cinco restantes. Esos seis proyectos son las reparaciones puntuales de la capa de rodadura en diversas carreteras de la región (aglomerado), la senda ciclable Barreda-La Revilla (Puente de la Barca), la limpieza y eliminación de sedimentos (limpieza de cauces), la instalación, reposición y mantenimiento de las mallas de triple torsión (mallas), el proyecto de conservación y mantenimiento y nueva implementación de barreras de seguridad en diversas carreteras (barreras) y la conservación y mantenimiento de elementos funcionales urbanos e interurbanos (elementos funcionales).

A juicio de los investigadores, los dos técnicos de Gesvicán, como autores de los proyectos de licitación, «podrían participar de forma interesada, favoreciendo en la adjudicación de la obra pública, a través de sus dictámenes técnicos, a las empresas que se avienen al pago de comisiones ilegales, pudiendo estas cometiendo un delito de cohecho».

Pero no solo eso, porque la AEAT y la UDEF también aprecian un posible delito de fraude en la contratación pública «ya que ambos intervienen de forma interesada en el procedimiento de los concursos de licitación ofertados por la Consejería de Obras Públicas». «De la denuncia anónima, así como las llamadas que protagonizaron el jefe de Carreteras y el director general de Senor, se deduce el cobro de contraprestaciones económicas percibidas de las empresas por la realización de informes y valoraciones técnicas que, de forma expresa, favorecerían la adjudicación de las obras a las empresas coautoras del fraude».

A raíz de esa denuncia anónima hilada a la citada conversación, los investigadores siguieron practicando diversas pesquisas que han derivado en la implicación, por el momento, de un total de cinco personas: los dos técnicos de Gesvicán y tres empresarios, dos de ellos de una misma entidad.