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Poco podían llegar a imaginar que las mofas, los insultos, los desprecios y las maneras de torpedear sus rutinas laborales iban a acabar llevándoles a ... una condena de entre tres y cinco años de cárcel. Ahora que ya hay sentencia del Juzgado de lo Penal Número 3 de Santander (aunque recurrida) y quedan probadas las coacciones protagonizadas por cuatro mujeres, técnicos especialistas del laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital Sierrallana, denunciadas por una secuencia de episodios que se sucedieron durante más de ocho años, y que han dejado secuelas psicológicas a varias de las personas acosadas, cabe preguntarse por qué no se actuó antes. No hacerlo, como se argumenta en la propia sentencia, fue lo que motivó que las acusadas tomaran «una posición de fuerza, dominación y poder en el servicio» para imponer su forma de trabajo y forzar, por la vía del «menosprecio» y «la intimidación», las renuncias de una decena de compañeros para ascender ellas mismas (tres eran interinas) en las listas de contratación.
La primera denuncia, como todas las que siguieron en los años siguientes, la formuló en 2011 José María Fernández Cobo, delegado de UGT (entonces aún era afiliado de USO), que no dejó que el tema muriera en los despachos, aunque fueron muchos por los que pasó, de forma insistente y con la documentación en la mano, «sin que nadie hiciera nada», asegura.
Es cuando el sindicato denunciante sitúa el inicio de los episodios de acoso dentro del servicio de Anatomía Patológica.
Dimite la coordinadora de Anatomía Patológica por las dificultades para trabajar con el grupo de las acusadas. Al año siguiente lo hizo su sustituta, que también comunica el acoso laboral que sufre. En los años siguientes, se suceden las renuncias de varios compañeros por el clima de «hostigamiento, menosprecios y faltas de respeto».
UGT denuncia el caso en la Consejería de Sanidad y se abre el expediente que da lugar a una inspección que se prolonga tres meses.
Concluye el informe de la Inspección Médica, que detecta conductas constitutivas de delito, dándose traslado en agosto a la Fiscalía.
Se publica la sentencia que condena a las cuatro técnicos por coacciones a compañeros, con penas de tres a cinco años de cárcel.
En aquella etapa, en la que estaba al frente de la sanidad cántabra la ahora presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga (PP), la Gerencia de Sierrallana la ocupaba César Baldomero Madrazo, a quien sucedió la médico María Isabel Priede, actual directora general de Farmacia y Coordinación Sociosanitaria del equipo de César Pascual, que fue gerente desde noviembre de 2012 a septiembre de 2015 y venía de ser directora médica del mismo hospital el año anterior.
En la documentación del caso constan varios escritos remitidos a la Dirección de Sierrallana en 2014 por víctimas (ahora reconocidas judicialmente) que describían el «acoso». Es el motivo que argumenta en mayo de ese año la coordinadora de Anatomía Patológica para justificar su dimisión –en noviembre de 2013 había renunciado también su predecesora–, porque ya no puede aguantar más «las agresiones verbales y las faltas de respeto personal y profesional». Y en junio de 2015 otro de los afectados también expone en otra carta a la Gerencia «las humillaciones y desplantes» sufridos para comunicar, a continuación, su negativa a aceptar más contratos en el hospital de Torrelavega, dado que «se ha visto afectada mi salud». La gerente en aquellas fechas, Priede, ha declinado hacer declaraciones sobre este asunto.
No fue hasta 2019 que saltaron las alarmas. No sólo porque ya entonces había pruebas de conversaciones y mensajes incendiarios en el grupo de whatsapp de las acusadas, sino porque «llega un momento en el que empiezan a pasar cosas que ponen en riesgo el funcionamiento del propio laboratorio (aparatos que no funcionan, enchufes que faltan...)», rememora María Antonia Urbieta. Como responsable médica desde 2015 –los técnicos ya dependían de su Dirección, y no de la de Enfermería como antiguamente–, estaba acostumbrada a lidiar con las disputas laborales en Anatomía Patológica, «una situación que heredas, pero en ningún momento te puedes llegar a imaginar lo que pasaba por debajo».
«No tienen nada que ver las discrepancias laborales que había en el servicio con la actitud execrable de las técnicos condenadas»
«Siempre pensamos que era una situación de mala convivencia laboral, no podíamos ni imaginar lo que pasaba por debajo»
«Fue brillante la actuación de la inspectora médica, el principal mérito es de ella; su informe estaba hecho cuando llegué al hospital»
«Estoy orgulloso de que se haya hecho justicia por toda esa gente que sufrió a estas personas, aunque nos costara tantos años»
Como sus antecesores en el cargo, «intentas por todos los medios arreglar las cosas, delimitar las competencias de unos y otros, y dejarlo todo escrito milimétricamente, incluso el reparto de las vacaciones... siempre pensando que era una cuestión de mala convivencia laboral difícil de manejar», señala. Un conflicto permanente que derivó también en una clara división sindical, con UGT de un lado y CSIF del otro. «Pero no se te pasa por la cabeza que pueda haber personas dedicadas a machacar a compañeros de esa forma hasta el punto de hacerles la vida imposible», reflexiona Urbieta, apenada por todas las personas con las que se cebaron.
Hasta que llega el día en que «empezamos a sospechar que había algo más: vemos que las incidencias en las máquinas del laboratorio pueden llegar a suponer un riesgo para los pacientes». Hay que tener en cuenta que Anatomía Patológica, entre otras cosas, maneja muestras de médulas óseas, de biopsias y de piezas quirúrgicas de tumores. «Podíamos tener un problema asistencial grave, así que hablé con la Inspección Médica para abrir un expediente. Fue una de mis últimas decisiones como gerente de Sierrallana», señala Urbieta. Ella había asumido el cargo en 2018, cuando su entonces jefe, Benigno Caviedes, recibió la llamada de la consejera de Sanidad, María Luisa Real (PSOE), para suplir el vacío en la cúpula del SCS tras las dimisiones derivadas de la sonada polémica por las irregularidades de los contratos. El propio Caviedes reconoce que conocía de sobra «las tensiones laborales» que habían marcado al servicio de Anatomía Patológica, puesto que dirigió Sierrallana en dos etapas distintas, de 2007 a 2009 (su responsable médica entonces era la actual directora general de Salud Pública, María Isabel de Frutos) y de 2015 a 2018, cuando cogió el testigo Urbieta, que tuvo a Manuel J. Otero Ketterer como número dos.
De lo vivido antes de su marcha de Sierrallana a la Gerencia del SCS, Caviedes cuenta que «aquellas tensiones surgidas por las dinámicas y la organización del trabajo, que no sólo afectaban a los técnicos sino también a los médicos (con dimisiones de los jefes incluidas), y en las que tuve que intervenir en múltiples ocasiones –no hay servicio del hospital al que haya tenido que bajar más veces–, no tienen nada que ver con las actuaciones execrables de este grupo de personas ahora condenadas». Y lo repite una y otra vez. «En muchos servicios puede haber discrepancias por cuestiones organizativas del trabajo y no pasa nada. Lo de estas trabajadoras era otra cosa, era una estrategia organizada para fastidiar a otros compañeros y obtener réditos personales (continuidad en sus plazas como interinas)», añade. «Pero eso no lo sabíamos en aquel momento, con los dos sindicatos defendiendo versiones opuestas. Cuando se descubrió lo que realmente pasaba, tomamos medidas inmediatamente», asegura Caviedes.
La «estrategia organizada» de las condenadas provocó la renuncia de más de una decena de compañeros
Cuando la Dirección médica vio riesgo de «un problema asistencial grave» pidió que se investigara qué pasaba
El delegado de UGT, Fernández Cobo, presentó denuncia por registro en la Consejería en marzo de 2019 –en sus manos tenía los whatsapp y las fotos que acreditaban de forma clara lo que estaba ocurriendo–, insistiendo en que «tras la sucesión de ceses, renuncias y traslados», el grupo de personas causantes de aquel «infierno» se habían visto «reforzadas en sus posiciones», «haciendo la vida imposible a quien no se plegase a sus condiciones». Es ahí cuando se abre expediente y se activa la inspección, que se prolonga durante tres meses.
«Esto es más gordo de lo que parece». Esa fue su conclusión, como apunta Urbieta. De hecho, el informe resultante (firmado en julio de 2019) fue tan demoledor –habla de acoso a trabajadores que acabaron enfermando y abandonando su puesto, pero también de manipulación de máquinas que podían dar lugar a errores en diagnóstico y tratamiento de pacientes– que el asunto se trasladó directamente al Ministerio Fiscal al detectarse conductas que podían ser constitutivas de delito.
El traspaso del expediente de Anatomía Patológica a la Fiscalía coincide en el tiempo con el relevo en la Gerencia tras el cambio de Gobierno. De la mano de Miguel Rodríguez (PSOE) como nuevo consejero de Sanidad, llega a Torrelavega Pedro Herce, en noviembre de 2019, que vuelve a fichar a María Antonia Urbieta como directora médica. «Enseguida me cuentan cuál es la situación, que la inspectora, que hizo una actuación brillante, había encontrado material constitutivo de delito y se había dado traslado al Ministerio Fiscal, que abre diligencias previas. Desde el primer momento, al margen de la disputa sindical sobre el tema, que nos llevó múltiples reuniones, lo tomé con mucho interés. Fui absolutamente diligente y rápido en contestar todos los requerimientos que hizo la justicia. Antes de irme, entregué toda la documentación en mano», señala Herce, que ha conocido el desenlace judicial desde su nuevo puesto en Asturias.
La sentencia del juicio celebrado el pasado noviembre, conocida a principios de este enero, concluyó que hubo delitos de coacciones, que representa mayor pena que el acoso (motivo de la denuncia inicial), imponiendo de tres a cinco años de cárcel a las cuatro acusadas y cerrando una historia que pasó por cinco Gerencias del hospital en tres legislaturas.Aunque ese cierre aún no es definitivo –siguen formando parte de la plantilla– hasta que se resuelva su recurso ante la Audiencia Provincial de Cantabria. El consejero de Salud, César Pascual, que consideró los hechos de «extrema gravedad», dijo también que no se puede proceder al expediente administrativo mientras quede abierta la vía judicial, lo que se traduciría en la pérdida de la condición de personal estatutario y la salida de la bolsa de contratación.
La «sorpresa» por el «calado» de la condena es compartida por todos. Aunque si hay alguien que siente este desenlace como el mayor éxito de su lucha sindical es Fernández Cobo (recién jubilado), que celebra que «se haya hecho justicia con toda esa gente que tanto sufrió el acoso de este grupo de mujeres, aunque nos costara demostrarlo ocho años». Como lo hizo cuando declaró en el juicio, lamenta que «los hechos que se les imputaban a las acusadas eran absolutamente conocidos por la Gerencia y las direcciones médicas del hospital. Con todos y cada uno de los que han pasado durante estos años mantuve reuniones para informarles del problema». Incluso la magistrada recoge en la sentencia que, pese a que «este grave conflicto era plenamente conocido en todo el hospital», de «manera incomprensible», no se adoptaron medidas para ponerlo fin.
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Ana del Castillo
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