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El cartel de 'completo' cuelga de la puerta de las residencias de mayores casi de forma permanente. «Somos incapaces de absorber la demanda ... con la oferta que tenemos», admite el subdirector de Dependencia del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass), Miguel Ángel Cavia, lo que inevitablemente engorda la lista de espera, que llega hasta los 819 casos (la mayoría para ingresar en residencia), cuando el número de dependientes crece al ritmo del envejecimiento poblacional. Según los datos al cierre de año, Cantabria contaba con 20.694 personas con reconocimiento de derecho, lo que supone el 3,6% de la población. «Y son un 6,4% más de casos respecto al año pasado y un 10% más que al inicio de la legislatura (+1.863)», apunta Cavia.
El mayor porcentaje de ellos lo representan las mujeres, «una constante desde el principio». Son 13.278, el 64% del total, frente a los 7.416 hombres. «El perfil medio ha ido subiendo de edad en los últimos años y ahora es una mujer de 79 años y grado II (dependencia severa)». En concreto, la región son 8.370 las personas catalogadas en ese nivel (un 13% más que en 2015), mientras que los grandes dependientes (grado III) suman 6.607 (aumentan un 3% respecto al inicio de la legislatura) y los de grado I, 5.717 (aquí la subida es del 15%). Desde el Icass subrayan que el número de personas que recibe alguna ayuda asciende a 15.402 (el 74,4% del total), aunque el balance de prestaciones se eleva a 17.569, porque «hay usuarios que perciben más de una».
20.694 personas están reconocidas como dependientes en Cantabria, de las cuales 15.402 perciben algún tipo de prestación.
Teleasistencia y centros de día Son los dos tipos de recursos que más han cambiado de situación, el primero porque se disparó (+111%) al volver a ser gratuita y el segundo se demanda un 26% más que años atrás.
8.517 personas cobran una prestación económica para el cuidado en el entorno familiar, el recurso mayoritario, supone un 49%.
Residencias Es el recurso que emplea el 25% del total de los dependientes. Al cierre de año eran 4.617 las personas en plazas concertadas y el motivo principal de la lista de espera, que suma 819 casos
3.245 solicitudes de ayuda a la dependencia están sin resolver por renuncia, al no estar de acuerdo con el recurso, o desistimiento.
Aunque la proporción de subvenciones económicas para el cuidado en el entorno familiar ha bajado hasta el 49% (antes era del 53%), sigue siendo el recurso mayoritario entre los dependientes cántabros -la cobran 8.517 usuarios-. Cavia resalta que la demanda del servicio de teleasistencia se ha disparado un 111% desde que se ha vuelto a ofrecer de forma gratuita -la utilizan 1.583 dependientes-; mientras que la ayuda domiciliaria ha crecido un 34%, hasta atender a 1.128 personas. Asimismo, el subdirector de dependencia destaca el aumento de la demanda de los centros de día, un servicio «potencialmente fuerte», pero que siempre ha estado «infrautilizado».
Al cierre del año, eran 1.724 las personas que acudían a ellos, lo que supone un incremento del 26%. Al crecer la demanda, «mejora el nivel de ocupación, que antes rondaba el 68% y ahora llega al 78%. Si seguimos generando plazas y diversificando más cerca de las personas, parece que funciona, se va aceptando este interesante recurso», apunta.
En cuanto a las residencias, «el servicio más potente y más solicitado desde el principio», son 4.617 los dependientes con plaza asignada -el aumento en este ámbito es sólo del 9%, que equivale a las nuevas plazas concertadas a lo largo de la legislatura-. «Existe mucha demanda, no abarcamos con la oferta. Tenemos una gran lista de espera, esa es una realidad», expone Cavia.
«Es cierto que en invierno se producen muchas bajas, pero seguimos teniendo una demanda continua de 600 plazas de residencias». El tiempo para ocuparla, depende del destino que se elija. «Hay personas que quieren una residencia en concreto y pueden llegar a esperar hasta dos años, pero eso implica que no tienen una necesidad acuciante, porque si fuera así aceptarían la opción que se les ofrece», considera Cavia.
Los centros de Santander, Torrelavega y de los municipios del entorno de la Bahía son los que acumulan más peticiones de entrada. «Estamos al 100%, cada plaza vacante se cubre inmediatamente, en cuestión de días», admite. Es más, calcula que si en la próxima legislatura se generaran 400 plazas concertadas más, «se cubrirían plenamente», porque en la actualidad todas las residencias están «a pleno rendimiento». «Continuamente estamos cubriendo plazas», añade.
De las 20.694 personas reconocidas como dependientes, hay 5.292 que no perciben ningún tipo de prestación, aunque por diferentes motivos. Así, 1.162 expedientes están en tramitación (pendientes de completar la solicitud) y 3.245 personas están clasificadas como renuncia o desistimiento, lo que implica que pese a tener resuelta su petición, no aceptan el recurso asignado o no han presentado la documentación requerida. Al margen de estos, otros 66 casos sí están resuelto pero se encuentran en situación de suspensión cautelar, generalmente por ingreso hospitalario o traslado a otra comunidad. Y el resto, que suponen 819 personas, representa la lista de espera efectiva. Son aquellos que ya tienen todo el papeleo hecho y que en su mayoría esperan la llamada para ir con la maleta a la residencia que se convertirá en su nuevo hogar.
«Estamos obligados a resolver los expedientes en un plazo de seis meses, y lo estamos haciendo en todos los casos, salvo en prestación económica, que tardamos un poco más por cuestiones de falta de personal», detalla Cavia. La demora para acceder a un centro residencial va a depender del destino escogido, puesto que «si lo normal es de 7-8 meses a un año y medio, hay determinados centros en los que puede tardar más».
Cantabria soporta la red de atención a la dependencia más cara de España, «y más del 80% es sufragado por la propia comunidad», recuerda el subdirector. Concretamente, en 2019 invertirá 139 millones de euros para este fin, la mitad del presupuesto del Icass. La explicación es que «apostamos por servicios de calidad, y por eso contamos con un alto porcentaje de plazas residenciales y de servicio de atención a domicilio, que son los más costosos». Precisamente, se acaba de adjudicar un nuevo contrato de ayuda domiciliaria (SAAD) que «va a su poner un gran avance. Hemos malvivido con un contrato malo, que generó muchos problemas, y a partir de ahora van a notar la mejora no sólo los usuarios sino también los trabajadores y el sistema en su conjunto», asegura Cavia, que hace hincapié, por ejemplo, en que la empresa tendrá un stock mínimo de material (grúa, cama articulada...) para ofrecer el servicio desde el primer día mientras se tramita vía préstamo o subvención del Gobierno.
Las empresas de la dependencia, que llevan toda la legislatura pidiendo «auxilio» al Gobierno, «ahogadas por la falta de personal» y los «aprietos económicos», anuncian que no se van a quedar de brazos cruzados cuando se publique la nueva normativa para implantar el modelo de atención centrado en la persona, que «agravará nuestra situación». Las tres organizaciones mayoritarias del sector, Federación Empresarial de la Dependencia (FED), Plataforma de Atención de la Dependencia (PAD) y Lares, que agrupan a 80 centros de la región, avisan: «En cuanto se publique la impugnaremos en el juzgado».
Critican que «no se puede obligar a unas empresas a cumplir unos requisitos técnicos y a otras no, y que no tenemos ni siquiera un estudio económico del coste de amortización». Por eso, defienden que, «para plantear cambios, primero debemos recuperar la ratio de personal, que se bajó en 2011, y subir el precio por plaza, ya que sólo se ha aumentado el IPC de los últimos cuatro años, pero seguimos estando por debajo del que teníamos antes de los recortes. Nos falta gente, por eso tenemos una tasa de absentismo laboral del 16-18%, el personal se quema, hace muchos esfuerzos». Rubén Otero, presidente de FED, pone un ejemplo: «Con ocho auxiliares para cien usuarios, el tiempo medio para cada uno es de una hora y cuarenta minutos por jornada, en el que hay que movilizar, asear, controlar medicación, ayudar con la comida, llevar al médico..., así es imposible llegar a todo, se necesita más personal».
A todo eso se añade, apunta, «las pérdidas que vamos a tener que asumir por el servicio de transporte, ya que la única empresa de Cantabria autorizada nos sube el precio, pero nosotros seguimos cobrando lo mismo de la Administración». Los empresarios no entienden «el empeño por sacar al final de la legislatura una normativa que no está consensuada».«La situación está peor que nunca.Los centros no pueden funcionar así. Si mantenemos la calidad de la atención, generamos déficit.Las filosofías están bien, pero se satisfacen con profesionales», subraya Gema Concha (Lares), que alerta de que «en 2018, por primera vez, con las plazas privadas no compensamos las pérdidas que tenemos con las concertadas».
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