El depósito de diésel costará 9 euros más en Cantabria si prospera el alza fiscal de Sánchez

La subida en los impuestos del gasóleo, que se aplicaría progresivamente en los próximos cuatro años, para equipararlos con los de la gasolina, se divide en dos partes: un aumento del impuesto sobre hidrocarburos de 9,5 céntimos por litro y una subida de hasta 4,8 céntimos para equipar el impuesto autonómico sobre carburantes. Como Cantabria no estaba aplicando el tramo regional, será una de las comunidades autónomas que más note la subida, que será de 14,3 céntimos por litro, lo que supone un incremento del gasto del 11,7%. Si a esa cantidad añadimos el IVA, el aumento se sitúa en el 17%, con lo que el impacto en el bolsillo del consumidor será de 9 euros en cada repostaje.

De este modo, el conjunto de los conductores cántabros que utilizan este carburante tendrá que efectuar un desembolso adicional de 14,3 millones de euros anuales (777,69 millones para el total de los usuarios españoles). Según un estudio del portal especializado en ahorro Kelisto, el gasto medio anual por vehículo pasará de 670,2 euros por usuario en España a 735,6 euros, mientras que para el consumidor cántabro, con un gasto actual similar a la media nacional (670,16 euros), el alza será superior y pasará a ser de 748,8 euros al año por usuario.

Cantabria, como España, es una región 'dieselizada'. Según la Dirección General de Tráfico, en la región hay 182.134 turismos diésel (el 61,82% del total), que el año pasado gastaron 122 millones de euros en repostaje, una cantidad que superará los 136 millones si el Gobierno aplica el nuevo impuesto 'verde'.

Los transportistas cántabros, el sector de la automoción y los empresarios de las estaciones de servicio, todos ellos afectados por la amenaza al diésel, y los expertos no salen de su asombro. Consideran «injustificada» la nueva fiscalidad 'verde' y abogan por una «transición progresiva» hacia un parque móvil más ecológico.

El catedrático de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Cantabria, Fernando Viadero, subraya que «desde el punto de vista técnico, la contaminación de los vehículos diésel actuales es similar a los de gasolina», por lo que «no es un impuesto 'verde'. Su afán es puramente recaudatorio. Es verdad que nuestro parque móvil puede estar obsoleto, pero eso es otra cosa». A su juicio, habría que hacer un «planteamiento más global e ir de la mano de las empresas y con un sector, el del automóvil, que supone el 10% del PIB nacional. Pero tiene que ser algo planificado y no una ocurrencia».

Jorge de Benito, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES), se pronuncia en esa misma línea. «Un coche diésel de hace 10 años contamina prácticamente lo mismo que 15 coches de hoy. Los niveles de contaminación de los diésel modernos son mínimos y no debería tener los días contados». Además aboga por «armonizar todos los impuestos para las diferentes fuentes de energía», incluidos combustibles como la electricidad, gas licuado o o gas, que «en estos momentos están exentos de impuestos especiales».

Por su parte, los transportistas alertan de que la nueva fiscalidad del diésel supondrá un «frenazo» para la recuperación que experimenta el sector tras una década de crisis. José Vicente González, presidente de Asemtrasan, colectivo que reúne 500 transportistas autónomos, asegura que es una «medida prematura» que repercutirá en la rentabilidad de las empresas. La mayoría de los vehículos pesados se mueven con diésel, pero son pocos los transportistas que tienen la 'cláusula del petróleo', que liga los precios a la fluctuación del combustible, por lo que «tendremos que subir tarifas». Para el presidente de la patronal AETRAC, que aglutina a 200 grandes empresarios del sector, es una iniciativa «desproporcionada». Andrés Táramo explica que «estos años hemos mantenido los precios estables, incluso a la baja en algunos casos, pero ahora no podremos asumir la subida, y su repercusión al final lo pagarán todos los consumidores».

Celia Monsalve, gerente del clúster de automoción GIRA, que agrupa a las empresas de la automoción de Cantabria, tampoco ve justificada la equiparación tributaria del diésel. «Hay conductores que acaban de comprar un diésel y no contaban con este cambio en la legislación. Habría que incentivar otros tipos de energías, pero no penalizar una ya existente». Y mucho menos cree que este sea el momento para suprimir el diésel. «Es un cambio que hay que dar, pero ahora es muy pronto. Tiene que haber una transición progresiva porque la tecnología alternativa no está desarrollada como para dar ese salto ahora».

Tampoco esconde las «nefastas» consecuencias que su supresión tendría para la industria de la automoción en España, aunque en Cantabria «no nos afecta de manera directa» porque las piezas de automoción que se fabrican en la región no van ligadas a la tecnología diésel. «Aquí se fabrican bisagras, frenos y alternadores que son igual para un diésel que para un vehículo de gasolina, pero si a nuestros clientes les va mal a nosotros nos terminará afectando».