El desafío sanitario de julio a septiembre

«Estamos ante una auténtica crisis sanitaria por la falta de profesionales médicos para contratar», ha reconocido esta semana el consejero de Salud, César Pascual, que comparte preocupaciones con sus homólogos autonómicos, sean del color que sean, que sin aspirantes en las bolsas de trabajo compiten por hacer fichajes. Porque la problemática de Atención Primaria, que no ha hecho más que agravarse por más vueltas que se le da al plan de rescate desde el Ministerio de Sanidad, afecta por igual a todo el territorio nacional. Así que cubrir más o menos vacantes depende de la oferta laboral y las condiciones que lleve asociadas. Cantabria, como ya venían haciendo tiempo atrás otras comunidades, ofrece contratos de tres años para las plazas de difícil cobertura. Las primeras en ser consideradas como tal fueron las del Hospital de Laredo, donde faltan anestesistas, neurólogos, neumólogos, radiólogos, oftalmólogos y traumatólogos, más los médicos de familia necesarios para dar respiro al servicio de Urgencias del centro pejino, ahogado por las bajas y las despedidas hacia otros puestos más atractivos. Incluso desde la Dirección de Valdecilla se admite que «nos estamos preparando para un eventual rebosamiento de las urgencias en Laredo a lo largo del verano». Una época difícil de gestionar para un municipio que multiplica su censo estival con la población flotante, pero no su plantilla médica.

El Gobierno cántabro intentó suavizar la situación con «el histórico acuerdo» alcanzado en mayo con el equipo de Anestesiología de Valdecilla, que garantiza profesionales voluntarios para cubrir guardias en Laredo, con la idea de evitar recortes de servicios.Pues no sería la primera vez que se derivan los partos a Santander por falta de personal para atenderlos allí. Se hizo en 2021 y se repitió en 2022. Además, el acuerdo para «aliviar la presión asistencial, que fue anunciado durante la visita a los nuevos quirófanos del centro pejino, inaugurados el 3 de junio, abarcaba también a Neurología, Oftalmología, Neumología y Reumatología, bien desplazando profesionales días concretos para pasar consulta allí o asumiendo pacientes remitidos a Valdecilla. Un plan que estuvo a punto de saltar por los aires con la propuesta del concurso de traslados que provocó la rebelión en bloque de los jefes de servicio y forzó a Sanidad a dar marcha atrás.

No es casualidad que haya sido a las puertas del verano cuando se ha planteado el pacto por la sanidad, que no ha estado exento de polémica entre las organizaciones sindicales. No solo por haberse firmado primero con el Sindicato Médico, quien ha asegurado la mayor subida salarial para los facultativos (400 euros mensuales que percibirán de forma progresiva a lo largo de cuatro años), sino también por las discrepancias surgidas por el porcentaje de incremento para el resto de categorías profesionales.Nadie pierde de vista, y en el equipo de Pascual menos aún, que los problemas se afrontan con mejor cara cuando la nómina también mejora. La propuesta en sí supondrá un desembolso durante la legislatura de 80 millones de euros, pero se ha topado con el rechazo de las organizaciones sindicales –tanto las que la conocían porque habían hecho sus propias propuestas (CSIF y Satse) al borrador, como las que se lo encontraron hecho y presentado (CC OO, UGT y ATI)–.

«Es la mayor apuesta que se ha hecho nunca», como destacó el consejero, que no entiende que se pueda decir que no a una oferta que, cuando se complete la subida prometida en 2027, habrá engordado el presupuesto anual de personal del SCS en 27 millones. Un montante al que hay que añadir el gasto destinado a la actividad extra para desatascar un sistema sanitario que tiene las peores listas de espera de la historia del SCS y de España. El Gobierno de Cantabria diseñó un plan de choque que cifró en 65 millones de 2024 a 2026, en el que se incluye también el concierto para las derivaciones a la sanidad privada, que tiene al Hospital Santa Clotilde como principal adjudicatario para intervenciones de Traumatología y Oftalmología.

Y la idea del SCS es que ahora que el sistema sanitario está «a pleno rendimiento, operando más que nunca antes», la maquinaria no se frene demasiado cuanto se abra el periodo de vacaciones de la plantilla. Un gigante de más de 10.700 profesionales, entre sanitarios y no sanitarios (los médicos representan unos 2.000), repartidos entre los hospitales y la red de centros de salud, consultorios, SUAP y 061. Por eso, se mantendrán los programas especiales por las tardes, las famosas peonadas, a las que desde comienzo de año se está destinando un millón de euros al mes, tanto para la actividad hospitalaria extra (no solo cirugías, sino también consultas y pruebas) como para los programas de absorción de la demanda de Atención Primaria, que se traduce en horas de consultas por las tardes para atender lo que no se ha visto por la mañana por estar las agendas llenas, con ese máximo de 31 pacientes por día establecido para evitar la sobrecarga que llevó a la huelga médica en 2023. Esa solución, y quién sabe si también la implantación del polémico sistema de agendas, que tanto enfureció a los médicos porque les limita su capacidad para citar, puede tener que ver con el descenso de las demoras que refleja la web del SCS. Aunque, claro está, el desafío del verano tendrá su impacto en ese indicador, toda vez que los consultorios que se queden sin médico por falta de sustitutos enviarán a su 'clientela' a los centros cabecera.

A la espera del resultado de esa red de traslados gratuitos en taxi, minibus o VTC, para la que el Gobierno ha provisionado los primeros 300.000 euros, quienes temen sufrir el efecto rebote son los SUAP. Y ahí los hay que ya entran en el verano con el nivel de saturación al máximo. De hecho, ese es el motivo de la huelga planteada por CSIF, que resucita el conflicto de las Urgencias cerrado en falso al final de la pasada legislatura, pero un año después, «no solo sigue sin solucionarse sino que las circunstancias son peores», claman los profesionales que están viendo hasta cien pacientes por guardia.

En ese mapa de puntos rojos se pueden señalar todos los municipios turísticos, además del propio Santander, cubiertos con SUAP con menos refuerzos de los necesarios. Torrelavega, por ejemplo, ya sufre la falta de profesionales sin haber empezado el verano. Y lo mismo ocurre en Castro, donde el alivio se espera de la mano de la nueva base del 061 que esta misma semana ha empezado a funcionar en La Barrera y que servirá para complementar a la de Laredo en la atención a las emergencias de la zona oriental.