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De enero a junio de 2023, el número de desahucios en Cantabria fue de 76. Tomando como referencia el mismo periodo de este año, la cifra se ha ido hasta los 166 lanzamientos. Más del doble. De hecho, los porcentajes de subida en la región ... están entre los más altos del país. En la comparativa del primer trimestre –es la periodicidad con la que salen los datos–, la escalada fue del 158,8%. La más alta de España. En la del segundo, de abril a junio, con datos recién publicados en el Informe sobre los Efectos de la Crisis en los Órganos Judiciales, del 85,7%. La tercera. Sólo Asturias supera en el global, en lo que va de año, a la comunidad autónoma. «Esto está íntimamente ligado al aumento de los impagos de los alquileres», destaca Ana García, de G3 Servicios Jurídicos. Los datos avalan este comentario. Los «lanzamientos practicados como consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos» –así se describe en la estadística– fueron 62 de un total de 78 en ese último balance. Y esto impacta de lleno en todas las aristas del actual debate sobre el problema de la vivienda.
Los datos. Durante el primer trimestre de 2024 se ejecutaron 88 desahucios (frente a 34 del mismo periodo de 2023). En el segundo, los 78 reseñados (42 en el ejercicio anterior). El aumento medio en España fue del 12,8% y del 7,8% en esos dos periodos analizados. Muy, muy (sí, dos veces) por debajo del que se registró en Cantabria. El informe (tablas con datos recogidos de forma periódica que puede consultar cualquiera) destaca también el número de lanzamientos practicados por cada 100.000 habitantes. Ahí también, claro, se refleja el aumento. Entre enero y marzo, de 5,8 a 15 al comparar estos dos últimos años. Entre abril y junio, de 7,1 a 13,2.
78 desahucios
es el número de casos entre abril y junio de 2024 (hubo 42 en el mismo periodo de 2023).
62 de los lanzamientos
ejecutados en el primer trimestre fue por el impago de alquileres.
85,7% creció
el número de desahucios en la región frente al 7,8% de ascenso a nivel nacional.
13,2 lanzamientos
por cada 100.000 habitantes (eran 7,1 en el mismo periodo de 2023).
Centrándose en esos 78 últimos casos, 13 fueron como consecuencia de procedimientos de ejecución hipotecaria. En términos relativos, en porcentaje, la subida fue del 225% en este apartado, pero su volumen real está muy por debajo de los casos vinculados al impago de los alquileres (62, con una subida del 82,4%). Para completar el total, el informe atribuye a «otros motivos» los tres casos restantes.
Entre otras cifras, el documento ofrece también las de «Verbales posesorios por ocupación de viviendas» («procedimientos tramitados por los Juzgados de Primera Instancia que permiten, en los supuestos de ocupación ilegal de viviendas pedir la inmediata recuperación de la plena posesión siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento»). Van nueve en los que va de año en la región (7 y 2, por trimestres).
«Los retrasos en los juzgados que se dan aquí como en toda España y las novedades en la Ley de Arrendamientos Urbanos dificultan enormemente los desahucios. Se retrasan», valora la experta Ana García al hilo de todos estos datos.
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Para el 15% de los españoles –según el último barómetro del CIS– la vivienda es el principal problema del país. Desde luego, no le faltan aristas al debate. Un mercado de viviendas de alquiler cada vez más reducido y a precios imposibles, unos propietarios que ven con recelo los alquileres de larga duración por miedo a los impagos, la proliferación de pisos turísticos, la larga lista de viviendas vacías, la reclamación de más alquileres sociales, la okupación, las emergencias habitacionales de muchas familias...
Cantabria no es, ni mucho menos, ajena a todo esto. El pasado lunes en el Parlamento PP y PRC pactaron el compromiso presentación del proyecto de Ley de Vivienda de Cantabria en un plazo de nueve meses –hasta finales de junio de 2025–. A esto hay que sumar, por ejemplo, el decreto para regular las viviendas de uso turístico un asunto que se está retrasando más de lo previsto). O el tira y afloja con la declaración de zonas tensionadas.
Al hilo de algunos de estos asuntos, el consejero del ramo, Roberto Media, aseguró esta semana que en la región hay «montones» de viviendas «cerradas y vacías» –más de 50.000, según sus datos–, que no se sacan al mercado no porque la gente sea «idiota» y no quiera «ganar dinero», sino por «miedo» a la okupación, extremo que vinculó también con el auge de los pisos turísticos (y asuntos que achacó a la legislación nacional).
Al hilo, Media habló también del Plan 'Moviva' puesto en marcha por el bipartito (pretendía que el Ejecutivo gestionara el alquiler de viviendas privadas garantizando el cobro a los propietarios por un periodo concreto). Ese plan, explicó, se ha traducido en solo siete alquileres. «Los ciudadanos no se fiaron ni de que su propio Gobierno sea capaz de garantizar que no se okupaban». La idea, dijo, es retomarlo con un enfoque «más atractivo».
Defensor de la construcción de más vivienda pública, Media avanzó que tienen intención de subir las ayudas al alquiler hasta 700 euros, dado que es «difícil» en la actualidad encontrar un piso por menos de 500 (cuantía actual de la subvención). Esta medida –aseguró– se pondrá en marcha «en breve».
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