Desarticulado un grupo criminal dedicado a explotar laboralmente a empleadas del hogar en Cantabria

La Guardia Civil ha desarticulado un presunto grupo criminal que actuaba en Cantabria y otras comunidades del norte de España captando a mujeres extranjeras y sin permiso de trabajo para explotarlas laboralmente a través de una empresa dedicada al cuidado de personas mayores a domicilio y servicio doméstico con condiciones laborales «que vulneraban toda normativa reguladora».

Tras una investigación de nueve meses, bautizada como 'Zimersa', la Benemérita ha detenido a dos personas e investiga a otras cuatro por delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, contra los derechos de los trabajadores extranjeros, falsedad documental y delito contra la Hacienda Pública y Seguridad Social, así como pertenencia a grupo criminal.

Bajo la apariencia de legalidad, este grupo adoctrinaba a las mujeres, todas ellas de origen latinoamericano y en situación irregular en España, para trabajar en localidades «pequeñas, alejadas de centros urbanos de forma que las contratadas tuvieran dificultades para relacionarse con otras o personas».

Según la Guardia Civil, los presuntos autores buscaban un perfil de mujeres «que ellos denominaban», «buenas trabajadoras», de carácter «dócil y calladas», sin permiso de trabajo y situación muy precaria en su país de origen.

Los contratos eran falsos y la identidad de la empleada no correspondía con la de las mujeres captadas, sino a la de otras trabajadoras en situación regularizada. De esta forma, carecían de contrato efectivo, no era dadas de alta en la Seguridad Social y se le imponían unas condiciones laborales «que vulneraban toda normativa reguladora».

Los detenidos e investigados incluso las aleccionaban y advertían de cómo se debían comportar en el caso de ser identificadas en controles policiales. También les impedían acudir a centros médicos y hospitalarios si no estaban acompañadas por algún miembro de la empresa.

A lo largo de la investigación, han señalado desde la Guardia Civil, se comprobó que esta empresa mostraba una estrategia «muy agresiva de expansión» con sucursales en Cantabria, Salamanca, Valladolid y Gijón y con la previsión de abrir nuevas sedes en otras provincias.

Una vez finalizada la primera fase de la investigación con la correspondiente autorización la Jueza de Juzgado de 1 Instancia e Instrucción de Castropol, el pasado 25 de enero se registraron las cuatro sedes, además de dos domicilios particulares. Así, se detuvo al gerente de la empresa y cabecillas, así como a su pareja sentimental. Además, se tomó declaración a las cuatro personas encargadas de cada una de las sedes.

La investigación, que continúa abierta, se ha desarrollado de forma conjunta por la Guardia Civil de Asturias y Salamanca, con el apoyo de la de Cantabria y Valladolid y la colaboración de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de cada una de las provincias implicadas.

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