Desconcierto en los municipios ante los cambios en una Ley del Suelo que valoran como «positiva»

Al contrario que los colectivos proteccionistas, que lo ven como un «atentado medioambiental» y una apuesta sin tapujos por el modelo del ladrillazo por parte del Ejecutivo del PP, los alcaldes sí apoyan estos cambios. «Se habla mucho de la despoblación y se hace poco para combatirla. Para que los pueblos no se vacíen hacen falta industrias y afianzar que la gente pueda venir a vivir a las zonas rurales, y esta decisión va en la buena dirección», apunta el presidente de la Federación de Municipios de Cantabria y alcalde de Mazcuerras, Javier Camino, que defiende que no conoce a ningún colega regidor, de ningún partido político, que esté a disgusto con la modificación y, por tanto, con la vuelta al modelo de construcción en suelo rústico que ya estuvo en vigor entre 2012 y 2022.

Pero que apoyen su contenido -o al menos que no la critiquen a falta de conocer su desarrollo- no implica que no estén teniendo problemas para adaptarse al nuevo marco legal. «Tenemos a los funcionarios locos, aunque estamos seguros de que las cosas se van a hacer bien», reconoce Camino. En solo dieciocho meses se han sucedido en Cantabria hasta tres regímenes distintos para la construcción en suelo rústico: el que estuvo en vigor hasta junio de 2022 como consecuencia de la ley que aprobó el PP de Ignacio Diego, la ley que sacó adelante el bipartito PRC-PSOE y ahora la modificación de esta última por parte del PP con el acuerdo de los regionalistas.

Ese desconcierto entre los regidores y técnicos municipales se repite en toda la comunidad autónoma. «La estamos analizando para conocerla en profundidad. Ha faltado que el Gobierno de Cantabria traslade toda la información a los ayuntamientos», reclama Andrés Ruiz Moya desde Suances. Él es uno de los quince alcaldes socialistas de la región a los que apela directamente una cláusula que el titular de la Consejería de Fomento, Roberto Media, introdujo en la norma. Ante las críticas del PSOE en el Parlamento autonómico y su voto contrario al cambio del artículo que regula la construcción de viviendas en suelo rústico, el consejero ideó una fórmula para que cada ayuntamiento decida si quiere aplicar o no los cambios en esta materia. Que tenga autonomía para decidir si quiere quedarse con el modelo más liberalizador o con el más restrictivo. De esta forma, un municipio al que no le interese liberar ni un solo metro cuadrado para poner ladrillos fuera de las zonas urbanas tan solo tiene que llevar el asunto al Pleno local y votar la iniciativa. Una jugada política para tratar de poner de manifiesto las diferencias de criterio entre la dirección del PSOE y sus alcaldes. Media anticipaba que ningún regidor se acogería a esta posibilidad, y por ahora, a falta de que todos ellos estudien al detalle el documento, acierta.

Eso sí, lejos de considerar que el Gobierno les está dando libertad para decidir, lo que piensa este grupo de alcaldes es que el Ejecutivo popular les está dejando «a los pies de los caballos». «Es muy complicado que algún ayuntamiento lo aplique por la contestación social que tendría. Muchos vecinos no entenderían que no les dejemos construir en un suelo rústico aquí y que sí puedan hacerlo en el municipio limítrofe», cuenta César García, alcalde de Ramales de la Victoria. Esa es la misma crítica que hace Roberto Escobedo desde Val de San Vicente: «Lo que ha hecho Buruaga es dejar que esta responsabilidad recaiga sobre los ayuntamientos. Es habitual que este Gobierno regional, ante cuestiones que puedan generar conflicto, se eche atrás y no se moje».

Escobedo tiene previsto analizar con su técnico municipal a lo largo de la semana el nuevo escenario urbanístico. «Entonces tomaremos la decisión. Mientras tanto, lo que haremos será lo que hacemos siempre. Lo que hemos hecho con las otras leyes que hemos tenido: seguir tramitando los expedientes».

«Puestos a dejarnos decidir sobre los temas que nos afectan, nos podían haber dejado decidir sobre la colocación o no de eólicos que nos han impuesto sin preguntar», lamenta Eduardo Gutiérrez, regidor de San Miguel de Aguayo. Él sería partidario de no aplicar esta Ley del Suelo en su pueblo y apostar por la rehabilitación de viviendas frente a la construcción de nuevas casas, aunque cree que tampoco llevará el asunto al Pleno para no perjudicar a ningún vecino. También siguen estudiando el asunto otros municipios socialistas como San Vicente de la Barquera y Ruiloba, con el condicionante añadido en estos dos casos de que el PP es fundamental en la gobernabilidad.

Además del apoyo de los alcaldes populares, los cambios también tienen el respaldo de los regionalistas. Incluso se muestran más entusiastas que con la ley que dejó el bipartito. «El cambio va a ser muy positivo para Ribamontán al Monte y municipios medianos de Cantabria. Desbloquea nuestro desarrollo y crecimiento. Es una buena solución para que la gente sea libre para construir o vender su terreno. No creo que ningún alcalde renuncie a utilizarla al completo porque sería tirarse un tiro en el pie», entiende el regionalista Joaquín Arco, que defiende que con esta norma «no se rompe el equilibrio entre conservación del territorio y libertad para construir».

Como en Ribamontán al Monte, también hay «mucha demanda y solicitudes» para construir en rústico en Valdáliga. Su alcalde, Lorenzo González, reconoce que todavía no tiene «muy trillada» la nueva norma, pero está encantado con ella porque devuelve a los vecinos la posibilidad de hacer casas en sus terrenos siempre y cuando no sean espacios protegidos. Encantados los vecinos -al menos los propietarios- y también encantadas las arcas municipales, que a más inmuebles reciben más ingresos procedentes del IBI, «que es de lo que vivimos los ayuntamientos».

Quienes sí son radicalmente contrarios a la nueva norma son las más de dos decenas de colectivos que forman la iniciativa Cantabria Sostenible, que avanzan los efectos negativos que tendrá la Ley del Suelo sobre el mundo rural y el futuro de la región. La entidad censura que la norma permita «sacrificar los suelos más fértiles para convertir las mieses en solares urbanos para viviendas turísticas ocasionales», convirtiendo así a Cantabria en «un coladero» para estas edificaciones. Además, recuerda que este particular régimen es una excepción en las comunidades autónomas, incluso en las gobernadas por el PP.

Por su parte, Podemos se compromete a impulsar mociones en los ayuntamientos para hacer uso de la cláusula que permite crear ordenanzas para no aplicar la norma. Además, insta al PSOE a tomar el mismo camino.