La desescalada en los juzgados de Cantabria mantiene la apertura de uno nuevo en Santander

El proceso de desescalada de la Justicia de Cantabria incluirá «profundos» cambios organizativos en las sedes judiciales, medidas procesales y la incorporación de nuevos modos de gestión y organización, aunque como medida de alivio se pondrá contar con un nuevo juzgado en Santander. Y es que la comunidad autónoma cuenta ya con los medios personales y materiales necesarios para la puesta en marcha del Juzgado de Primera Instancia número 12 de Santander, una nueva unidad judicial, que se ubicará en principio en el Edificio Europa y que ayudará de forma a dar salida y «aliviar» los procedimientos acumulados.

Así lo ha anunciado este miércoles la consejera del ramo, Paula Fernández, en el marco de la reunión telemática que ha mantenido con representantes del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), Fiscalía y Secretaría de Gobierno para analizar conjuntamente el proceso de desescalada en la actividad de la Administración judicial, en el que, según ha dicho, tendrán especial protagonismo las nuevas tecnologías de la comunicación y el expediente judicial electrónico«.

En la reunión, la Sala de Gobierno del TSJC ha trasladado a la consejera el Protocolo de Actuación para la Reactivación de la Actividad Judicial y la Salud Profesional, documento que ha aprobado la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Este protocolo está encaminado a la reactivación de la actividad judicial y a la adopción de medidas destinadas a la prevención de contagios del Covid-19 en sedes judiciales y ha sido elaborado por el servicio de prevención de riesgos del CGPJ, ha informado en un comunicado el TSJC que ha recogido E. Press

La consejera de Justicia ha asegurado los medios necesarios para afrontar los cambios previstos que entrarán en vigor mañana jueves.

De este modo, ha informado del alcance del plan organizativo diseñado por su departamento y que, en distintas fases del proceso, prevé la dotación de medios, con especial atención al teletrabajo y los sistemas telemáticos para la celebración de los juicios.

Desde el Gobierno se ha resaltado en un comunicado que en este proceso de desescalada es «imprescindible» la seguridad y la salud de las personas trabajadoras de los juzgados para lo que se proporcionarán los medios de protección adecuados, como es el caso de mascarillas y mamparas.

En este ámbito, para reforzar la seguridad se limitará el acceso del público, se reordenarán los espacios de los edificios judiciales y el Gobierno regional procederá también al análisis de los puestos de trabajo para una mejor prevención de los riesgos laborales.

En la nueva organización judicial de Cantabria, también se establecerán un sistema de turnos de trabajo presencial para los empleados públicos del Gobierno regional.

En el protocolo del CGPJ recoge medidas colectivas que deben observarse en las sedes judiciales, como la regulación ordenada de los accesos, los controles de temperatura corporal en los mismos, la limpieza y desinfección periódica o la disponibilidad de material deprotección para todo el personal.

Otras medidas se refieren al aforo de las salas de vistas y otras dependencias judiciales, y a los elementos de protección colectiva, como las mamparas de seguridad en los puestos de atención al público, oficinas y salas de vista, o la instalación de fundas de plástico para los micrófonos.

Respecto al nuevo juzgado que se pondrá en marcha en Santander, el órgano de gobierno del poder judicial en Cantabria ha trasladado la necesidad de que comience su actividad en la fecha prevista, que es el 30 de junio.

También ha pedido que se mantega su naturaleza de órgano de la jurisdicción civil y no como juzgado que conozca exclusivamente de procedimientos de todo orden asociados al Covid-19.

En el encuentro de hoy han participado, además de la consejera, el director general de Justicia del Gobierno cántabro, Pablo Ortiz; los miembros de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), encabezada por su presidente, José Luis López del Moral; la fiscal superior, Pilar Jiménez, y la secretaria de Gobierno, María Socorro García Melón.

Actualmente, se encuentra vigente la suspensión de plazos y actuaciones ordenada por el decreto de alarma, y lo estará, al menos, hasta el 10 de mayo.

No obstante, se ha seguido trabajando en las sedes judiciales y, en el caso de los miembros de la carrera judicial y de los letrados y letradas de la Administración de justicia, también lo han podido hacer desde sus casas mediante teletrabajo.