El INE detecta tres ayuntamientos y once concejos con inflado sospechoso del censo

En los casos señalados, el Censo comunica que el número de electores ha subido de forma significativa sin la suficiente justificación, lo que no implica necesariamente que hayan sido alterados de forma irregular. En unos casos se reprocha que los ayuntamientos o concejos no han justificado los incrementos del número de residentes, en otros que no han dado respuesta a los requerimientos de la OCE en los plazos establecidos, y en otros, que ni siquiera ha habido contestación.

El Boletín Oficial de Cantabria publicó el viernes el anuncio del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el que este organismo público señala, con nombres y apellidos, a las localidades con recientes incrementos del censo para que las candidaturas puedan formular reclamaciones administrativas. De hecho, esas impugnaciones no pueden ser realizadas por cualquier vecino sino únicamente por los representantes de las candidaturas políticas que concurran a las elecciones.

Dos de los ayuntamientos bajo sospecha -Santiurde de Toranzo y Noja- son reincidentes, ya que en las elecciones municipales de 2015 la Oficina Electoral alertó también de «incrementos de población indebidamente justificados» en estos municipios. El caso de Santiurde llevó al exalcalde y actual portavoz del PRC, Estanislao Fernández, ante la Justicia, acusado de falsear el padrón municipal al certificar catorce nuevos empadronamientos de personas que no vivían en el municipio. La supuesta alteración del censo no sirvió a Fernández para revalidar el mandato porque, aunque obtuvo la mayoría de los votos, se produjo un pacto 'antinatura' entre el PP y PSOE, que hizo alcalde al socialista Víctor Manuel Concha, que fue expedientado por ello gobernando en minoría como concejal no adscrito.

En estos comicios, en los que Concha encabezará la lista del PP, el Censo señala de nuevo a Santiurde de Toranzo como sospechoso de amaños en los empadronamientos.

Un portavoz autorizado de este ayuntamiento explicó a este periódico que en noviembre se detectaron tres altas dudosas. Efectuadas las correspondientes indagaciones «se comprobó que los censados no tienen residencia habitual» en el municipio, por lo que «se ha abierto expediente» para darles de baja de oficio. En enero de este año hubo diez incrementos bajo sospecha y «se han justificado ocho, otro lo hizo fuera de plazo y el último no ha respondido a nuestros requerimientos». Según los datos del INE, entre noviembre y marzo el censo de este municipio creció en 17 personas, al pasar de 1.390 a 1.407.

En Noja, en la consulta de mayo de 2015, el PRC sacó apenas diez votos más que el PP (759/749), lo que les dio cinco concejales a cada uno de ellos. Por eso, cualquier alteración del censo puede escorar el resultado a un lado u otro. El Censo ha metido ahora también a Noja en la lista de sospechosos porque el Ayuntamiento «no ha justificado» los incrementos dudosos. Sin embargo, su alcalde, el regionalista Miguel Ángel Ruiz Lavín, señala que «no se ha detectado ninguna irregularidad y así se ha justificado al INE», una versión que no se corresponde con la resolución de la Oficina del Censo. De acuerdo con los datos de la OCE, entre noviembre y marzo se incorporaron 43 nuevos residentes al censo, que pasó de 1.943 a 1.977 personas, lo que despertó el sistema de alertas de este organismo.

En Valderredible, en estos últimos cinco meses el censo experimentó un incremento injustificado de 21 vecinos (827 en noviembre y 848 en marzo). Dos concejos de este municipio -San Cristóbal del Monte y San Martín de Valdelomar- figuran también bajo la sospecha del INE. En el primero, el censo ha pasado de 13 residentes censados en noviembre a 19, y el segundo, de 13 a 17, lo que ha hecho saltar todas las alarmas. Precisamente, su alcalde, el regionalista Fernando Fernández, con quien este periódico intentó contactar sin éxito, está siendo investigado por un supuesto delito electoral, acusado por la Agrupación Independiente de Valderredible de alterar el censo sin criterio.

Estos empadronamientos injustificados no han sido los únicos. El pasado mes de marzo, el INE anuló 32 altas del censo de San Pedro del Romeral, que había sido recurrido por el PRC, por resultar claramente irregulares. En Potes, también se observaron altas no justificadas, pero su alcalde señaló que hubo un error porque no se remitió el informe de la Policía Local que justificaba los nuevos residentes.