Cae en Cantabria una de las mayores redes internacionales de tráfico de armas del país

En el salón de actos del cuartel de Campogiro se respiraba esta mañana satisfacción. Se presentaba el resultado de una profunda investigación internacional que se inició en septiembre del año pasado, adelantada por este periódico, cuando comenzaron a seguir los pasos de un vecino de Riotuerto que se surtía de armas compradas en el sur de Francia y después vendía aquí. Unas fincas, algunas en propiedad y otras alquiladas, con restos de impactos en árboles y latas agujereadas a modo de dianas les puso en la pista. El cabecilla, que carecía de antecedentes penales y de licencia de armas, viajaba periódicamente al país galo acompañado por varias personas. La policía judicial francesa fue la encargada de hacer el seguimiento. Fueron tras sus pasos sin intervenir. Para constatar los hechos. Después, se fueron intercambiando la información con sus colegas españoles «en reuniones periódicas». De hecho, esta «gran colaboración» fue uno de los puntos en los que más han incidido en rueda de prensa los guardias civiles.

Lo tenían perfectamente estudiado. Un vehículo hacía de lanzadera para advertir de la presencia policial y en otro escondían el arsenal que compraban en la zona a anticuarios y comerciantes ilegales. Después, regresaban a Cantabria y las arreglaban antes de ponerlas en venta. «A cualquiera», explica el capitán Juan Antonio Álamo Montes. «No eran para protección personal, pasaban directamente a manos de los delincuentes comunes. Ahí residía el gran peligro», advierte Echevarría. «Les preferían porque estos no les regateban en el precio», añade el capitán. El negocio era redondo. Compraban fuera y luego lo vendían aquí por cuatro veces más de lo que les había costado. «Incluso fueron al Hospital Valdecilla para enseñarle un arma a una persona que se había sometido a una operación de corazón», cita el capitán Álamo. Un ejemplo de entrega a domicilio.

Pero su clientela era aún más amplia. La Guardia Civil destaca que había cuatro perfiles perfectamente definidos, además de los citados delincuentes habituales. «Cazadores con licencia en vigor que querían armas cortas o tenían documentación específica para ella, coleccionistas (ya que algunas eran piezas originales) y gente que ya no tenía el permiso para usarlas o que simplemente se les había denegado su renovación por razones de edad», explica Álamo. «Sin la ayuda de la Policía Judicial francesa no hubiera sido posible», se felicita Luis Antonio del Castillo, coronel jefe de la Guardia Civil en Cantabria. La policía gala llevó a cabo el registro de dos inmubebles y se hizo con dos armas cortas y cuatro largas, todas ilegales, que tenían dos personas de nacionalidad portuguesa. Las 196 restantes fueron interceptadas en Cantabria. En julio comenzaron las entradas en cabañas, locales comerciales y almacenes de Riotuerto, Selaya, Saro, Sobremazas, Beranga, El Astillero, Anaz, San Salvador y Solares.

La organización estaba perfectamente estructurada. Cuando al cabecilla, que al principio siempre viajaba solo, le empezó a ir bien comenzó a rodearse de ayudantes. Y también aumentó la frecuencia de las visitas al país vecino. También cambió la estructura. Unos traían las compras, otros «acaldaban», según el argot, las armas viejas y los último actuaban como 'comerciales' en su distribución.

La operación 'Cíclope' se enmarca detro de un Plan integral para el Control de las Armas de Fuego (Picaf) que el Servicio de Información de la Guardia Civil desarrolla en todo el país. «En los últimos cinco años se han realizado 36 operaciones contra este tipo de redes con el resultado de 335 personas detenidas, más de 3.500 armas de fuego incautadas y 383.627 cartuchos metálicos intervenidos», explica el teniente Ismael, de la Jefatura de Información.

La vistosidad de las intervenciones en Cantabria llamó el 2 de julio la atención de muchos vecinos en Beranga o Selaya. Ese día la Guardia Civil desplegó un gran dispositivo en el que incluso intervino un helicóptero. En la búsqueda del arsenal, la Benemérita quiere destacar «a los perros que con su olfato nos han ayudado a encontrarlas», pues muchas de las armas se hallaban escondidas en pajares y cabañas.

En todo momento, la operación ha estado dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Medio Cudeyo.

Aún continúa abierta y, aunque pueden producirse más detenciones, ya que hay ocho personas aún investigadas, la Guardia Civil y el delegado del Gobierno han preferido ser cautos y no desvelar ningún secreto. Y de posibles condenas, tampoco. «En el peor de los casos, entre cinco y diez años de prisión», respondieron escuetamente.