La deuda de los municipios cae a mínimos en dos décadas y 75 ayuntamientos están a cero

Cuatro años después, pese a las tensiones que produjo la pandemia, los ayuntamientos cántabros han mejorado aún más su posición. A 31 de diciembre de 2023, 75 de los 102 consistorios están a cero, mientras que los 27 restantes que sí deben dinero suman un pasivo de 52,7 millones, el mínimo en dos décadas.

La foto fija general es positiva, pero analizando los casos particulares se aprecian situaciones de todo tipo. Por ejemplo, durante la pasada legislatura, hasta 14 consistorios -los que aparecen en la tabla anexa- lograron liquidar el 100% de su deuda. Castro Urdiales es el caso paradigmático, ya que logró deshacerse de una pesada mochila de más de 8 millones de euros. Según explica su concejal de Hacienda, Pablo Antuñano, un pasivo que tenía que ver con el pago de sentencias por asuntos urbanísticos y de proyectos como la obra de los túneles de Ocharan. «La alcaldesa nos encargó reducir la deuda y nos pusimos en marcha. Hemos recurrido al remanente y eso nos ha permitido ahora tener mayor capacidad para realizar inversiones y seguir mejorando los servicios. Eso sí, sabiendo siempre lo que somos conscientes de asumir y lo que no», explica el edil, que defiende que los vecinos pueden comprobar que el mayor control de las cuentas no se ha traducido en una paralización de las inversiones. Entre otras cosas, por la obsesión de acudir a todas las convocatorias de subvenciones del Gobierno central y del regional para no perder ninguna oportunidad.

Además de no dejar una herencia envenenada a las futuras generaciones, Antuñano señala que poner la deuda a cero les ha permitido que la tasa de reposición para cubrir las vacantes de trabajadores municipales sea del 125% y no del 100%, un privilegio que el Ministerio de Hacienda permite a aquellos ayuntamientos que están saneados. Y aunque todavía están atados por los bancos, otras localidades que también lograron reducir sustancialmente su deuda en los últimos cuatro años son Laredo, El Astillero y Valderredible. En cifras absolutas, donde más cayó fue en Santander. Pese a la reducción de más de 6,4 millones de euros desde 2019, a día de hoy está en 42,5 millones.

Esto quiere decir que la capital concentra el 78% de la deuda que suman todos los consistorios de la región. Su concejal de Hacienda, Javier García, prefiere ver el vaso medio lleno. Pone en valor la reducción acumulada y también que el nivel de endeudamiento es del 19% respecto al presupuesto, inferior al de la mayoría de capitales de España. «Si te pasas del 75% hay que pedir autorización al Ministerio para contratar nuevos créditos. Estamos lejos, en una posición privilegiada y de solvencia, con las cuentas saneadas», apunta el edil, que por encima de todo valora que la reducción de la deuda se está haciendo sin aumentar impuestos: «Otros la están bajando, pero subiendo impuestos». Además, confirma que en 2024 se seguirá reduciendo y no se pedirán nuevos créditos. Quizás en el futuro sí, sobre todo teniendo en cuenta el gran desembolso que tendrá que asumir la ciudad para poner su parte -el 20% del total de la obra- de la integración ferroviaria.

Ese, el soterramiento, es uno de los motivos por el que Torrelavega lleva apostando desde hace años por apretarse el cinturón. Sabe que tendrá que endeudarse cuando haya que empezar a pagar el convenio por el cual el Estado asume el 50% del presupuesto de la actuación y Cantabria otro 30%, por eso tomó la decisión de no recurrir al crédito hasta ese momento. A día de hoy debe 158.000 euros, una cifra insignificante para una localidad de su tamaño, ya que a cada vecino le tocaría hacer frente a una media de 3 euros.

En el lado contrario, el mayor pasivo por habitante es el de Tresviso. El municipio más pequeño de Cantabria lleva años encabezando el ranking de deuda por habitante. Está en 84.000 euros (1.400 euros por persona frente a los 246 de Santander). Ni tan mal teniendo en cuenta que partía de 110.000 euros en 2019.

Solo hay 11 municipios donde la deuda creció en los últimos cuatro años. En términos absolutos, donde más subió fue en Reinosa. Ascendió en 1,6 millones hasta los 2,6 millones. Su alcalde, José Luis López Vielba, reconoce que los números que presenta Hacienda encajan con los que él maneja. Corresponden a un crédito contraído con el ICO en 2012 para construir viviendas protegidas que no caduca hasta 2041 y con Unicaja de 2021 para un plan de obras municipales. «Para hacer las obras de la calle Mayor y la plaza de España hacía falta sí o sí endeudarse. También para poner al día infraestructuras deportivas y culturales en las que se han hecho mejoras que se van a disfrutar durante mucho tiempo. Había que mantener este patrimonio local, pero como cada vez somos nos cuesta más esfuerzo», detalla.

En términos proporcionales a su tamaño, el que más se endeudó la pasada legislatura fue Argoños. Su deuda creció en 563.000 euros, 301 por vecino. Juan José Barruetabeña, su alcalde, tiene las causas identificadas: «En ambos casos son asuntos heredados. Un litigio perdido con el dueño de una finca que se arrastraba desde hace 20 años y las indemnizaciones de dos viviendas con sentencias de derribo». Si se aprueba el PGOU que está en tramitación, el Ayuntamiento podrá vender esas viviendas y saldará parte de la deuda. Si no, el problema será mucho mayor porque tendrá que indemnizar a 250 propietarios con hasta 30 millones de euros, un horizonte que prefiere no imaginar. No es deuda, pero adicionalmente tiene otros 700.000 euros retenidos para posibles indemnizaciones futuras: «La de cosas que podríamos hacer con ese dinero. Nos están destrozando los puñeteros derribos».