La deuda pública se dispara casi en 1.000 millones durante los últimos cinco años

En realidad, la historia de la deuda pública autonómica sigue el mismo guión que la de todas las administraciones. Sólo hay que echar la vista atrás una década. Antes de la crisis su nivel era moderado al situarse en los 434 millones a finales de 2007. La ratio de deuda pública sobre el PIB cerró ese año en el 3,40%, eso es, que por cada euro de producción se acumulaban 3,4 céntimos de deuda. Sin embargo, con la recesión los números rojos empezaron a crecer a gran velocidad y en los seis primeros meses del presente ejercicio alcanzaron los 3.132 millones (+2.968 millones), es decir, un brutal 721% más que antes de las turbulencias financieras. Esta subida vertical en los gobiernos de la mayoría absoluta del PP, con Ignacio Diego a los mandos, y del último bipartito de Miguel Ángel Revilla, han llevado a Cantabria a acumular una deuda que supone el 25% de lo que produce en un año.

El Gobierno tiene que pagar cada día a los bancos más de 1,2 millones de euros en concepto de las amortizaciones de préstamos a corto plazo, a largo plazo, más los intereses. Un total de 476 millones, de los que 414 van a pagar los créditos pendientes y los otros 52 son nuevos. A los que habría que sumar otros ocho millones repartidos en subconceptos por el Presupuesto de las distintas consejerías para préstamos. El abono de la deuda y de los intereses se ha convertido en una «consejería» más dentro de los Presupuestos de la comunidad, hasta el punto de ser ya el tercer gasto más importante del documento económico, por detrás de Sanidad y Educación, y representar el 16% del total. Las cuentas son evidentes. La Consejería de Economía ha presupuestado para el próximo ejercicio 467 millones para abonar la deuda pública, la misma cantidad que refleja el capítulo de Educación, Cultura y Deporte, y sólo superada por los 874 millones que presenta el Servicio Cántabro de Salud.

El acreedor principal del Gobierno autonómico es el Estado desde hace seis años. El problema radica en que, lejos de moderarse esa evolución por la mejora de la economía, el pasivo autonómico en manos estatales no ha parado de crecer. Así, alcanzó casi el 77% al cierre del segundo trimestre, según los últimos datos publicados por el Banco de España. Tres meses antes era del 73% y en 2014 no llegaba al 43%.

El motivo de estas continuas alzas está en los mecanismos de financiación extraordinarios como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) o el Fondo de Facilidad Financiera, a través de los cuales Hacienda inyecta miles de millones a los gobiernos regionales. Unos instrumentos sobre los que cada vez hay más presión para que se terminen y permitan a las autonomías financiarse por sí mismas gracias al favorable contexto en los mercados por la política monetaria del BCE.

La característica de este pasivo es que en su mayoría se debe al Estado, que desde 2012 -el peor momento de la crisis en el que varias regiones tenían imposible salir a los mercados- puso a disposición de las comunidades mecanismos como el citado FLA -que implican una tutela política y económica por parte del Gobierno central- para costear los servicios básicos, o bien el plan de pago a proveedores para hacer frente a las facturas pendientes. Estos mecanismos reparten el dinero a un tipo de interés, eso sí, bastante más bajo que el exigido por los inversores. Un dinero facilitado a cambio de cumplir con la ley de estabilidad e ir corrigiendo el desequilibrio presupuestario.

Cantabria está en la senda y este año podría solicitar por primera vez poner en el mercado sus bonos y vender su deuda. Sin embargo, el consejero de Economía, Juan José Sota, lo descartó durante la presentación del Presupuesto de 2019 porque los intereses que ofrece el Gobierno central son mucho más bajos.

Precisamente este elevado volumen de deuda ha motivado las exigencias de región para abordar una reestructuración del pasivo en manos del Estado, ya que la posibilidad de una quita fue rechazada por el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Eso sí, el Gobierno aceptó que se bajaran todavía más los intereses y se alargaran los vencimientos. Esas medidas beneficiarían a todas las comunidades y evitarían las acusaciones de agravio comparativo entre unas y otras. Habrá que ver ahora si la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es partidaria de seguir en esa línea o prefiere ser más ambiciosa.

¿Por qué se ha producido este incremento? La clave está en un sistema fiscal deslavazado y maltratado al calor de una burbuja inmobiliaria dopante. A la hora de repartir responsabilidades, bipartito y populares se lanzan los trastos a la cabeza y nadie quiere tener la mancha de ser el responsable. La Consejería de Economía, capitaneada por Juan José Sota, critica que durante la etapa de Gobierno del PP (2011 -2015), «se concertaron préstamos por un importe total inicial de 1.940 millones de euros -según los datos el Banco de España fue de 1.384 millones- , entre ellos uno de 326,6 millones de euros del Plan de Pago a Proveedores (FF PP), para pagar facturas en el cajón». Unas palabras con las que asumen que el anterior bipartito PRC-PSOE, que gestionó la región entre 2003 y 2011, dejó cuentas sin abonar cuando el 'tsunami popular' de la mayoría absoluta se les llevó por delante y les desalojó de Peña Herbosa, especialmente.

El grueso de esa cifra, que obligó a pedir un crédito extraordinario que fue aprobado por el Gobierno central, se destinó al pago de facturas anteriores al 1 de enero de 2012, atribuibles al primer bipartito PRC-PSOE, y a un cambio contable motivado desde Europa que supuso la inclusión en la estadística del Banco de España de conceptos de deuda de las comunidades que antes no se contabilizaban. El PP sólo sostiene que 800 de los 1.300 millones fueron a «pagar el confeti de la fiesta del primer Ejecutivo de Revilla». Destacan los «300 millones para pagar facturas de hasta 2008, 200 millones de euros de la llamada financiación estructurada que tras un cambio normativo empezaron a computar como deuda y otros 80 del ICAF». Sólo asumen como propios 500 millones, «los que se corresponden con los déficit». Idéntica cifra, apuntan, lleva acumulada a sus espaldas esta legislatura el bipartito «pero con muchos más ingresos».

Sin embargo, en Economía se defienden y dicen que «ese préstamo no lo devolvió el Gobierno del PP, sólo amortizó una mínima parte, que ha tenido que asumir el Gobierno actual y del que aún se deben 183 millones de euros. Es decir que el PP pidió un préstamo, pagó las facturas y dejó el préstamo sin pagar». El bipartito insiste en que «de las amortizaciones que debemos afrontar por préstamos concertados durante el Gobierno de Diego son 229.225.810 euros, el 55% del total del total de 2019, una pesada carga por la elevada deuda que acumuló el PP durante la pasada legislatura».