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Como el río Guadiana, el debate en torno a la conocida como 'deuda de Valdecilla' juega a dar la cara y a esconderse. Alterna ... meses en los que puede ser uno de los puntos clave de la actualidad informativa con otros en los que cae en el más absoluto olvido. Ha venido siendo así desde 1999, cuando se produjo el derrumbe de la fachada oeste de Traumatología. Fallecieron cuatro personas y se hizo patente la necesidad de acometer una reforma integral del hospital. Dio comienzo entonces la historia de una reconstrucción que ha estado sembrada de desencuentros entre el Gobierno nacional y el autonómico por la demora en los pagos prometidos. Es un relato que aún colea hoy, justo cuando llega de Madrid el anuncio de que este año próximo abonará en una última anualidad la cantidad necesaria para saldar las cuentas.
Lo que marca el recorrido de todo este relato es una promesa: tras el derrumbe, el Estado se comprometió a financiar íntegramente las obras del nuevo Valdecilla y la rúbrica del convenio llegó en 2002 con el Gobierno de José María Aznar (PP). El documento recogió entonces 206 millones para acometer la primera fase de los trabajos para levantar el nuevo hospital, pero un lustro después esa cantidad ya se había extinguido y para continuar la obra en una segunda fase Cantabria se vio obligada a poner de su bolsillo otros 96 millones.
En 2012 llegó la tercera fase, que requirió algo menos de 100 millones más que fueron costeados por Ferrovial con el condicionante de que se llevaría la concesión de todos los servicios no hospitalarios durante los siguiente veinte años. Estas dos últimas cantidades sumaban 192 millones y desde entonces ha sido la cantidad conocida como la 'deuda de Valdecilla'. El montante adelantado por Cantabria y que debería abonar el Estado.
El pago ha sido lento y ha estado plagado de discusiones, de reivindicaciones y de pleitos entre ambos ejecutivos porque lo que en un inicio parecía un derecho cántabro nacido en aquella primera promesa de 1999, luego se ha antojado mucho más complicado de cumplir.
José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) no transfirió nada -porque no habían comenzado las obras de la tercera fase- y con Mariano Rajoy (PP) se pagó un millón en 2013; al año siguiente, en 2014, abonó 28 millones, y otros 28 llegaron en 2015. El mayor conflicto fue en 2016, cuando se consignaron 22 millones para este fin pero nunca llegaron a la región. Después de mucho esperar, el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla (PRC), decidió reclamarlo en los tribunales. Defendió siempre que se trataba de «un desprecio a la región», mientras María José Sáenz de Buruaga, máxima responsable del PP, defendió a sus compañeros de partido en la capital del país y aseguró que era culpa del Ejecutivo autonómico porque no se habían enviado las facturas para justificar la trasferencia.
En 2017, los populares olvidaron el compromiso con Valdecilla y a Cantabria no llegó un duro; mientras que en 2018 lo recuperaron en los Presupuestos, pero tras la moción de censura fue Pedro Sánchez (PSOE) quien lo abonó. Después, fue en 2021 cuando el Gobierno central embolsó de golpe 66 millones -correspondiente a tres anualidades- y este año llegaron otros 22.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado a Revilla que en 2023 se saldará la deuda histórica. De momento están ya consignados en los Presupuestos dados a conocer esta semana 22 millones, una cifra que no encaja con los 33 que espera el PRC. Madrid confirma que los 22 que aparecen a día de hoy son un error -se ha copiado y pegado la partida de las anualidades ordinarias que venían llegando hasta ahora y esta es extraordinaria, algo superior- y que se corregirá por vía enmienda durante la tramitación de la ley presupuestaria en el Congreso de los Diputados. Lo que no ha dicho Hacienda es si las cuentas de Revilla son correctas, si realmente el dinero que queda pendiente de pago son 33 millones o una cifra algo superior. En semanas se resolverá esa duda y en meses, si el Estado cumple, la deuda de Valdecilla será ya historia.
El Estado hace transferencias a través del sistema de financiación a las autonomías para que puedan costear sus gastos y después están las inversiones de los ministerios y sus entes asociados en los distintos territorios. Lo que no es tan común es que hagan, como se pactó para pagar la deuda de Valdecilla, transferencias directas con carácter finalista. Cantabria es uno de los pocos territorios que se beneficia de esta herramienta y hace un año logró que se aplicara también para apoyar con 22 millones las obras del Mupac y La Pasiega.
Lo que ha hecho esta semana Hacienda es la excepción sobre la excepción: permitir a Cantabria usar en 2023 el dinero que no ha gastado en 2022 por el retraso en el desarrollo de ambos proyectos. Y encima dará otros 11 millones (para el centro logístico) y 11 millones (para el museo), a mayores. Desde el PSOE cántabro destacan los esfuerzos de Zuloaga para lograr convencer a Madrid, ya que el Ministerio era inicialmente muy reacio a esta fórmula.
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