Una «deuda de tres millones» del Gobierno obliga a Amica a pagar sólo la mitad del sueldo a la plantilla

Castillo señala en su comunicado a la plantilla –remitido vía correo electrónico a las ocho de la mañana del viernes, día 3– que, «aunque estamos en contacto permanente con la Consejería de Economía, aún no nos han dado una solución. Ante esta difícil situación la Comisión Ejecutiva ha decidido, en vez de retrasar el pago de toda la nómina, realizar una entrega del 50% aproximadamente». Asimismo, el gerente apunta que «en cuanto tengamos noticias del Gobierno, y podamos cobrar al menos una parte de la deuda» se informará a los trabajadores de la fecha de pago del 50% restante de la nómina, así como de la previsión de pago de los atrasos pendientes. «Esperamos disponer de esta información la semana próxima», confía.

Castillo recuerda que «en la historia de Amica», que precisamente en 2019 celebró su 35 aniversario, «esta situación se ha producido varias veces y siempre hemos salido adelante manteniendo la unidad y siguiendo trabajando con ilusión. Así siempre hemos superado las dificultades». Palabras con las que intenta transmitir ánimo a su equipo, consciente del delicado momento en el que llega este recorte. Reconoce que «aunque hemos tenido grandes atrasos de pago del Gobierno de Cantabria a lo largo de 2019, hemos logrado afrontar las importantes subidas salariales y de cotizaciones a la Seguridad Social, consiguiendo pagar puntualmente los salarios durante todos los meses». Sin embargo, añade, «nos resulta imposible realizar el pago completo de esta nómina sin cobrar algo de la deuda pendiente del Gobierno».

Amica tiene en Cantabria dos centros de formación y empleo con lavanderías industriales y talleres de confección industrial; un centro de formación y empleo en medio ambiente con una planta de tratamiento de envases y un centro de transferencia de residuos. En octubre la entidad pidió auxilio al Ejecutivo cántabro para afrontar el aumento de los costes extras derivados de la subida del salario mínimo. A través de un decreto, la Administración regional se comprometió a inyectar 3,4 millones a los centros especiales de empleo, con lo que se cubriría el 75% de los sueldos. Pero el dinero comprometido no se acabó de ingresar.