Sanidad tramita la rescisión del contrato con la empresa de ambulancias Diavida

Esta situación, que nunca antes se había dado en el Servicio Cántabro de Salud (SCS), devuelve la incertidumbre a una prestación esencial, como es la que se encarga del traslado en ambulancia de pacientes que acuden a tratamiento (rehabilitación, diálisis, quimioterapia...) o que vuelven a casa tras el alta hospitalaria. Ámbitos en los que, desde el desembarco de Diavida en la región, han estado marcados por los retrasos, principal motivo de queja en las más de 600 reclamaciones recibidas. Incluso la propia concesionaria reconoció las dificultades tras coger el testigo de Ambuibérica. No había pasado ni un mes desde que la nueva flota (54 vehículos), gestionada por Antonio Moreno, echó a andar, cuando ya le cayó el primer expediente sancionador, valorado en 100.000 euros. A los problemas logísticos que acompañaron el arranque, con un sistema informático que hubo que ajustar sobre la marcha y bases de los vehículos sin acabar de acondicionar –las obras se acometieron después, dentro de los plazos marcados en el pliego–, se sumaron los retrasos en las nóminas de sus trabajadores.

La compañía valenciana, cuya situación financiera se complicó tras sufrir el azote de la dana, tuvo problemas para pagar el sueldo de octubre, y aunque adelantó la nómina de noviembre para tratar (sin éxito) de evitar la huelga convocada por UGT (cuyos miembros antes pertenecían a CSIF), volvió a demorarse en los meses siguientes –paga de Navidad incluida–, dando razones al comité para pedir una y otra vez a la Consejería el fin de la adjudicación. Una batalla en la que han contado con el apoyo de la oposición. Tanto el PSOE, responsable de la división del contrato de transporte sanitario en dos lotes (urgente y programado) la pasada legislatura, como el PRC han denunciado «las continuas deficiencias» del servicio de ambulancias, exigiendo a Sanidad que «no mirara para otro lado» y resolviera el problema que sufrían a diario los pacientes.

Y ha sido en respuesta a las preguntas formuladas por la diputada regionalista Paula Fernández, que exigía aplicar las medidas administrativas y jurídicas necesarias para restablecer la normalidad en el funcionamiento del transporte programado, cuando el consejero ha hecho pública la decisión que también venía reclamando con insistencia el comité de empresa, integrado por UGT, CC OO, CGT y USO. De hecho, esta misma mañana enviaba un comunicado pidiendo al Gobierno la rescisión al considerar que hay «motivos más que suficientes», como «miles de reclamaciones e incidencias con retrasos y cancelaciones en los traslados» de pacientes. Además de los incumplimientos «constantes» del convenio colectivo, «resoluciones de denuncias e inspecciones de trabajo» que ellos mismos han recopilado en un informe de casi cien páginas.

El consejero, que ya reconoció semanas atrás que «somos conscientes de que el servicio que se está prestando es insostenible», ha esperado a tener bien atado el proceso antes de anunciarlo. «Voy a cumplir con la ley, es un procedimiento complejo, no se puede hacer una resolución del contrato por razones políticas, porque lo decida esta Cámara o lo pida el PRC. Se tiene que hacer con un procedimiento administrativo bien hecho», ha declarado Pascual. Tras recordar que la ley de contratos del sector público reconoce al órgano de contratación la prerrogativa de «acordar la resolución y sus efectos», ha precisado que establece condiciones de incumplimiento «calificadas de esenciales». «Y en esas nos tenemos que basar, no en ocurrencias». Hasta que resuelva el Consejo de Estado, «buscaremos una solución negociada para garantizar el servicio del transporte programado».

En sus seis meses de gestión, Diavida ha tenido que lidiar con las penalizaciones por los fallos, con la oposición sindical y con la crítica política, mientras trataba de sacar adelante un servicio que hacía aguas. Sin olvidar el sabotaje de varios de sus vehículos. «Desde el principio se ha querido echar a Diavida de Cantabria, no lo entiendo», declaraba el gerente de la empresa en declaraciones a este periódico en enero, cuando reclamaba la colaboración del SCS para resolver problemas de funcionamiento que requerían de «esfuerzos por ambas partes», a sabiendas de que su futuro ya pintaba oscuro.

Cuando ganó la adjudicación del transporte programado, en abril de 2024, la sorpresa fue mayúscula, dado que partía en desventaja en las valoraciones de los criterios técnicos frente al otro aspirante, el grupo andaluz SSG (Servicios Sociosanitarios Generales), que se presentaba con la firma Digamar. Pero la oferta económica presentada dio la vuelta al resultado: 11,9 millones, con una bajada de 1.249.896 euros. Una cuantía que ya los sindicatos advertían que era «insuficiente» para afrontar la prestación respetando los derechos laborales y cumpliendo con la calidad del servicio. De hecho, USO llegó a recurrir la adjudicación, ante el Tribunal Central de Recursos Contractuales, que lo desestimó, igual que hizo con el presentado por la asociación de empresarios del transporte sanitario Aetrans-Sanit, de la que formaba parte también Diavida, que en este caso nada tenía que ver con el resultado del concurso, pero sirvió para paralizar el cambio de concesionaria durante el verano.

Ahora queda por ver cómo transcurre el proceso de despedida y quién asume las riendas de las ambulancias del servicio programado. Tal vez contando con lo que podía pasar, Moreno ya advertía en la entrevista con El Diario que «deberían valorar que Diavida no está cumpliendo por muchos factores del propio SCS y que si Diavida desaparece va a entrar otra empresa y mínimo el contrato va a subir 5 o 6 millones».