Diavida asegura que viene «para mejorar el servicio de ambulancias de Cantabria»

De un lado, SSG, un gigante del transporte sanitario, con una flota de más de 1.000 ambulancias y servicios en más de 20 delegaciones en todo el territorio español –lo cual lleva añadido una ristra de conflictos y tensiones laborales en distintas comunidades–, que partía como favorito tras la puntuación de la valoración técnica. Y de otro Diavida, «una empresa familiar, pero muy trabajadora», como defiende Moreno, que opera en Valencia, Alicante, Almería y Madrid, y «tiene bastante experiencia en el transporte de pacientes para diálisis, rehabilitación y consultas».

Consciente de los «muchos problemas» que arrastra el transporte sanitario programado en Cantabria y de la incertidumbre que reina entre la plantilla (aún dependiente de Ambuibérica hasta que se formalice el nuevo contrato), el gerente de Diavida pide un voto de confianza para demostrar que «podemos dar un buen servicio», pese a que «hemos tenido que sacrificar un poco el margen». Ese sacrificio se traduce en 1.249.896 euros, que es la bajada sobre el precio de licitación (su oferta fue de 11,9 millones) con el que ganó el concurso, frente a los 13,1 millones que puso sobre la mesa SSG-Digamar.

Y aunque otras empresas del sector coincidían en que las condiciones del contrato del transporte programado eran tan ajustadas que no veían la forma de que saliera rentable –razón que esgrimían para no presentarse e incluso para descolgarse en el último momento, como hizo Autransa (antes Ambuibérica)–, Moreno se muestra tranquilo «porque sabemos lo que tenemos que hacer para sacar rentabilidad y vamos a intentar dar el mejor servicio a los ciudadanos de Cantabria».

Para ello sabe que es clave empezar esta nueva etapa en sintonía con los trabajadores: «No se puede estar en conflicto permanente con el personal, a todos nos interesa que el servicio funcione. Vamos a hacer una apuesta fuerte por Cantabria, hay que cambiar la manera de trabajar, pero estamos seguros de que el transporte programado va a salir muy bien». Moreno dice que «ya tenemos los vehículos nuevos preparados» –54–, por lo que confía en poder comenzar esa renovación «en tres meses», aunque el plazo es de 180 días a partir de que se formalice el contrato, que será 15 días después de la adjudicación definitiva, prevista el 8 de mayo (salvo que haya un recurso).

Y mientras tanto, el PSOE amenaza con ir a la Fiscalía para obligar al Gobierno regional (PP) a «asumir la responsabilidad» de hacer cumplir los contratos públicos a las empresas privadas adjudicatarias de los servicios, especialmente los sanitarios. Y ahí se incluye la otra parte del contrato de las ambulancias, la referida al transporte urgente, gestionado por Autransa. Para los socialistas, «es evidente que el Gobierno no está cumpliendo con su misión, que es velar por la calidad de los servicios públicos», ya que «no asume su responsabilidad a la hora de sancionar los incumplimientos», reprochó Zuloaga. Como ejemplo de algo «sancionable» mencionó que «tenemos ambulancias nuevas que no se están utilizando porque la empresa responsable no ha formado a los trabajadores» para poder utilizarlas.