Diego se considera el «máximo responsable político» del proyecto fallido de Ecomasa

«Gobernar es decidir. Se acierta, se equivoca pero gobernar es decidir», ha dicho este martes Diego, último compareciente de la comisión de investigación que se estaba desarrollando desde hacía más de un año en el Parlamento.

En contra de lo afirmado por algunos portavoces de los grupos de la Comisión, como José Ramón Blanco, de Podemos, que ha insistido en que «fracasaron los controles», Diego ha insistido en que «se controló todo lo controlable» y se «auditó todo lo auditable», pero hubo «elementos imprevisibles» que no estaba en la capacidad de un auditor prever, sino en un «vidente».

Estos «elementos imprevisibles, graves y desequilibrantes» que, a su juicio, hicieron fracasar el proyecto Ecomasa, fueron el incendio de la fundición belga TDE, que además de planta de producción iba a comercializar en el norte de Europa los productos que iban a generarse en la fábrica de estufas de Maliaño (Camargo), y la quiebra de la comercializadora francesa Wanders tras falsificarse sus cuentas.

Cuestionado por la gestión del proyecto de los promotores privados Jesús Lavín y Andrés de León, Diego ha señalado que no responsabiliza a la gestión el fracaso de Ecomasa, aunque tampoco «le quita» responsabilidad.

Diego también ha aludido como causas del fin del proyecto de Ecomasa la no renovación de avales del ICAF en la etapa del actual Gobierno PRC-PSOE, una decisión, según ha dicho, del actual consejero de Economía, Hacienda y Empleo, el socialista Juan José Sota, que, a su juicio, fue «equivocada» ya que no permitió continuar con el plan de viabilidad la empresa.

Diego ha señalado que igual que fue una «decisión política» del Gobierno que presidió entre 2011 y 2015 implicarse en el proyecto, también lo fue la del actual Ejecutivo PRC-PSOE la de «cerrarla».

El expresidente popular ha señalado que Sota, al poco tiempo de llegar del Gobierno, en julio de 2015, cuando aún «había vida» en Ecomasa y había una «expectativa» para sostener el proyecto, ya se mostró contrario a seguir aportando fondos y a investigar el destino de lo aportado.

Ignacio Diego ha insistido en erigirse como el máximo responsable político de la decisión y el que dio «el primer paso», aunque ha subrayado que no hubiera «podido materializarse» si no hubiera sido «respaldada» por los órganos que tenían que hacerlo.

En este caso, uno de ellos fue el Instituto Cántabro de Finanzas (ICAF), entidad pública dependiente del Gobierno regional, el que dió su 'sí' a entrar en Ecomasa a la vista de los informes que había sobre el proyecto y tras aportar los 10 millones iniciales de dinero público -5 en avales y 5 en crédito (posteriormente se aportó más fondos de las arcas regionales, hasta 16,5, según Diego).

El expresidente de Cantabria y del PP autonómico ha insistido en que ese proyecto en su inicio contó con el respaldo de la «gran mayoría de la sociedad» de Cantabria, entre ellos los sindicatos, que lo «bendijeron» y la patronal.

Diego ha recordado que en el consejo de supervisión del ICAF estaban los entonces máximos responsables de los sindicatos, de la patronal, representantes de los partidos políticos -PP, PRC y PSOE- y miembros del mundo académico, entre otros estamentos, personas que «no estaban por sorteo» o que «pasaban por allí», sino que tenían su «razón de ser» y eran personas de prestigio o con altas responsabilidades.

Así, por ejemplo, ha recordado que formaban parte de es colectivo, por parte del PSOE, el ahora consejero de Educación, Cultura y Deporte, Francisco Fernández Mañanes. Este no fue sustituido, según ha dicho, por «pichucas el del Muelle», sino por el actual responsable de Economía, Hacienda y Empleo, Juan José Sota. Y por parte del PRC, ha señalado a Rafael Pérez Tezanos, que fue portavoz de Industria de los regionalistas en el Parlamento.

Diego ha defendido que esas personas no tomaron la decisión «porque sí», sino que «todos hicieron lo que tenían que hacer en ese momento y creyeron en lo que tenían que hacer y votaron desde el conocimiento». A su juicio, «ninguno puede alegar desconocimiento», ya que todos pudieron pedir la información que quisieron.

«Quien no pidió, pecó por omisión, con lo que no puede tirar piedra», ha dicho el exdirigente popular, que ha advertido que «todo aquel que acepta una responsabilidad», como la de pertenecer a un órgano como el Consejo de Supervisión del ICAF, «lo tiene que hacer de manera responsable y consecuente».

Al igual que Diego considera que los consejeros del ICAF hicieron «lo que tenían que hacer», también considera que hicieron lo propio los de Sodercan, cuando la sociedad pública entró posteriormente en el proyecto.

Diego ha recordado que el Parlamento de Cantabria pidió de forma «unánime» que el Gobierno se implicara en el proyecto. El expresidente regional ha insistido también en la existencia de informes técnicos que avalaban el proyecto Ecomasa. De hecho, ha asegurado que quizás sea el proyecto que «más informes técnicos» tuvo; y todos ellos «favorables».

Diego ha reconocido que el proyecto Ecomasa nació con las «dudas» y las «incertidumbres» que tienen, a su juicio, todos los proyectos empresariales, pero también con «ilusión» y «esperanza» en un momento «negro» en la región, con 47.000 parados y con múltiples ERE en empresas, entre ellos el de Teka.

De hecho, Diego ha insistido en que fue por la situación de los trabajadores de Teka y para darles una solución por los que el Gobierno se embarcó en este proyecto y realizó «innumerable esfuerzo de trabajo, de dedicación y de entrega».

El expresidente regional ha relatado que fue el empresario Andrés de León, que había sido director de Hergom, el que después de que Teka anunciara su ERE se dirigió a esta empresa de electrodomésticos y les planteó el proyecto Ecomasa.

Según ha dicho, fue el entonces vicepresidente de Teka, Arturo Baldasano, el que se puso en contacto con él y le informó la posibilidad que existía para cerrar un acuerdo con Ecomasa.