Diego Higuera y Pablo Sámano recurren la sentencia de Conurca

La magistrada Amaya Marchán concluye en su fallo, ahora recurrido, que ambos acusados, durante los años 2010-2011, «de forma concertada y obviando las mínimas exigencias legales, planearon distintas contrataciones» entre la empresa pública CANTUR y CONURCA (Consultoría de Urbanismo de Cantabria S.L.), «con conocimiento de que suponían un fraccionamiento consciente y deliberado en la contratación y cuya finalidad no era otra que la de eludir los principios de libre concurrencia y publicidad que deben imperar en la contratación administrativa«.

La sentencia señala que Higuera y Sámano (nombrados en sus respectivos cargos por el entonces consejero de Cultura y dirigente del PRC, Francisco Javier López Marcano), «convinieron adjudicar de forma directa» a Conurca varios trabajos relacionados con el proyecto de instalación de un sistema de innivación artificial en la estación de esquí de Alto Campoo, por un importe que superó los 117.000 euros sin IVA.

«No se dan en tal contratación los requisitos exigidos en la Ley de Contratos; por su contenido y cuantía no podía realizarse mediante adjudicación directa, no se da la preceptiva publicidad; no seabre formalmente un expediente de contratación; y se trata de disfrazar la adjudicación directa mediante una invitación a otras empresas, (procedimiento negociado)», concluye la jueza.

En otro punto de la sentencia insiste en que «no hay acuerdo de apertura de expediente de contratación, ni presentación de presupuestos, ni valoración de adjudicación, ni publicidad, ni acuerdos de adjudicación por el Consejo de Administración, ni contratos formalizados, se van confeccionado los documentos -hoja de pedido- según van interesando, se facturan doblemente por los mismos conceptos o trabajos, y no hay concurrencia real de otras empresas«.

«En definitiva existía una absoluta toma arbitraria de decisiones, y todo ello con una clara finalidad, adjudicar los trabajos directamente a Conurca«, concluye.

El fallo, recurrido por ambos, según han confirmado a Europa Press fuentes judiciales, condena a ambos al pago de las costas, incluidas las de la empresa pública Cantur, que ejerció la acusación particular. La magistrada acepta la atenuante de dilaciones indebidas con el carácter de muy cualificada.

Y ordena que se deduzca testimonio para que se investigue si en uno de los contratos cuestionados se «fabricaron ad hoc» dos propuestas de empresas aportadas a la causa, por si ello fuera constitutivo de los delitos de falsedad y de aportación a juicio de documentos falsos.

Esta causa contra Higuera y Sámano tiene su origen en la comisión de investigación del Parlamento sobre Cantur, impulsada por el PP al llegar al Gobierno regional en 2011 tras dos legislaturas de coalición PRC-PSOE, y la posterior denuncia de la Fiscalía.

Es la última causa que Higuera tenía pendiente después de que el pasado mes de marzo la Audiencia le condenó a dos años de prisión y cuatro de inhabilitación por malversar 20.000 euros, tras una denuncia de Cantur en 2012, también bajo el mandato del PP. Fiscalía y Cantur cuantificaban inicialmente la malversación en 92.000 euros y pedían siete años de prisión.