Las diez claves del 'caso Santillana'

La investigación nace a raíz de dos denuncias cruzadas que se tramitan en dos juzgados diferentes de Torrelavega, pero que tienen conexión entre sí, según las tesis de la Fiscalía. La primera denuncia la interpuso el exalcalde socialista Ángel Rodríguez frente a la actual regidora el pasado 6 de junio, el mismo día en el que Izquierdo le arrebató el bastón de mando de la Alcaldía mediante una moción de censura suscrita con el PP y AVI. En ella, Rodríguez denunciaba a la alcaldesa por adjudicar, desde su cargo de concejala de Turismo (en ese momento gobernaba en coalición con él), un contrato a una empresa (Ingenia) que después subcontrató a su hermana, que facturó 7.500 euros. Días después, la alcaldesa respondió con una denuncia por el borrado masivo de datos municipales por parte de la edil socialista Paula Pérez, a la que supuestamente el exalcalde ordenó realizar esa tarea, según se desprende de la investigación que está en marcha. La Fiscalía entiende que las dos denuncias tienen conexión y que cuando se borraron todos esos datos, pese a que después se comprobó que había una copia de seguridad en el Ayuntamiento, fue con la intención supuestamente de ocultar algo.

En principio, estos dos son los asuntos que dan pie a la investigación actual, aunque la trama puede tener una mayor magnitud ya que la Guardia Civil sigue practicando diligencias y no se descarta la implicación de más personas.

En principio, las personas a las que la Guardia Civil detuvo y puso en libertad con cargos a la espera de pasar a disposición judicial son la alcaldesa de Santillana y exconcejal de Turismo, Sara Izquierdo; su antecesor en el cargo, el socialista Ángel Rodríguez; la hermana de la alcaldesa y responsable de la empresa Sertuplan, Stela Izquierdo; el gerente de Ingenia, Carlos Liaño, que fue quien subcontrató a la hermana de la regidora: y la concejal socialista y exedil de Juventud, Paula Pérez, que fue quien borró los datos del servidor municipal del Ayuntamiento, supuestamente por orden del exalcalde.

Los cinco implicados están siendo investigados por supuestos delitos contra la administración pública. En concreto, por fraude en la contratación (castigado con la pena de prisión de 2 a 6 años), prevaricación (suspensión de empleo de 1 a 3 años), malversación de caudales públicos (de 2 a 6 años de cárcel) y daños informáticos (de seis meses a tres años de cárcel).

En el caso del delito de fraude en la contratación, al particular que haya cooperado con el empleado público se le impone la misma pena de prisión e inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con entidades que formen parte del sector público y para gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social de 2 a 7 años.

La investigación está dirigida por el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº1 de Torrelavega, Pablo Fernández de la Vega, si bien hay que decir que la denuncia por el borrado recayó en otro juzgado del partido judicial de la capital del Besaya. El caso cayó en manos de Fernández de la Vega al presentar uno de los fiscales de Torrelavega una denuncia. Este representante del Ministerio Público recibió la denuncia del exalcalde Ángel Rodríguez y practicó con la ayuda de la Guardia Civil unas diligencias de investigación de las que se desprendieron indicios de delito. A partir de ahí presentó dicha denuncia y solicitó al magistrado una serie de pesquisas. Fue entonces cuando Fernández de la Vega, en funciones de guardia la semana pasada, ordenó la detención de cuatro de los cinco investigados (la del exalcalde surgió a raíz de producirse las cuatro anteriores) y la práctica de otras diligencias al objeto de recabar pruebas que permitan esclarecer los hechos.

La detención de la regidora fue la que más llamó la atención al producirse en el Ayuntamiento. Fue el pasado jueves, 1 de agosto. Según la información facilitada por testigos presenciales, los agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil se apostaron en la plaza del Ayuntamiento en torno a las 07.00 horas. Una vez allí esperaron la llegada de la alcaldesa, que apareció en torno a las 8.30 horas. En ese momento le comunicaron la detención y procedieron a leerle sus derechos. Después, los agentes, que iban de paisano, acompañaron a la regidora a su despacho, situado en la primera planta de la casona municipal, y la interrogaron durante horas, además de reclamar documentación e incautar varios equipos móviles e informáticos. Al parecer, Sara Izquierdo permaneció en dependencias municipales unas doce horas, hasta las ocho de la tarde, momento en el que fue trasladada a las dependencias de la Guardia Civil en Santander, donde siguieron el interrogatorio. Su puesta en libertad con cargos no se produjo hasta pasadas las seis de la mañana del día siguiente.

Situación diferente vivieron el resto de detenidos, que quedaron en libertad con cargos apenas unas horas después de prestar declaración ante los investigadores. Al parecer, la detención del exalcalde Ángel Rodríguez se produjo al día siguiente de la alcaldesa, es decir, el viernes, 2 de agosto.

Según consta en la documentación a la que tuvo acceso este periódico, lo que hizo Izquierdo no fue adjudicar el servicio sino proponer la contratación de la redacción de un proyecto de mejora y optimización de instalaciones y espacios deportivos que fomenten el turismo deportivo sostenible, con el fin de poder acceder posteriormente a subvenciones y ayudas del Consejo Superior de Deportes para mejorar y optimizar el Complejo Deportivo municipal Carlos Alonso Santillana.

Ese trabajo fue adjudicado a la empresa Ingenia Oficina de Ingeniería y Arquitectura SL, que presentó la oferta más económica de las tres aportadas por la edil, con un coste total de 17.968 euros, tras una resolución de la Alcaldía del 8 de agosto de 2023. El pago se aprobó dos meses más tarde, el 16 de octubre. Lo llamativo del caso era que Ingenia, la firma a la que se encargó el trabajo y cuyo responsable también está investigado, subcontrató a la empresa Sertuplan, en la que figura como socia y administradora única Stela Izquierdo (hermana de la alcaldesa y también investigada ahora), para realizar parte de ese proyecto, el «plan de mejora y optimización de instalaciones y servicios deportivos que fomenten el turismo sostenible» en Santillana del Mar, labor por la que Sertuplan facturaría 7.500 euros. La factura por esa tarea se presentó el 26 de octubre, diez días después de que el Ayuntamiento pagara a Ingenia. En su momento también llamó la atención que el objeto social de Sertuplan, empresa en la que también trabajó la alcaldesa, sea el de agencia de viajes, tal y como figura en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

Al tratarse de un contrato menor, por su cuantía, el Ayuntamiento pudo prescindir del trámite de convocar un concurso, y bastó con que la concejala propusiera las tres ofertas. El Consistorio optó por la de Ingenia, al tratarse de la de menor cuantía, exactamente 121 euros más económica que la inmediatamente superior.

Fue al día siguiente de tomar posesión cuando el secretario municipal comunicó a la alcaldesa que habían desaparecido documentos de varios departamentos que estaban en los equipos informáticos, algunos de ellos de las carpetas compartidas. A partir de ahí, y ante la «grave pérdida de datos» y la posibilidad de que pueda derivarse «alguna responsabilidad» por ello o se tratase de una «sustracción» de los mismos, se pidió un informe a la empresa de protección de datos, que hizo un barrido que solo contempló «las últimas 22 horas», es decir, lo ocurrido un día antes (el mismo día de la moción).

En dicho documento técnico se recogía que la mañana del 6 de junio, una hora y cuarto antes del cambio en el gobierno local, alguien «accedió y borró» todos los archivos «dejando los ordenadores vacíos». Según ese mismo informe –en el que se basó la denuncia presentada por la nueva regidora– el ordenador desde el que se accedió era el de la Concejalía de Juventud, cuya titular en ese momento era Paula Pérez.

Con esta información la alcaldesa presentó una denuncia ante la Fiscalía, que es la que también ha dado lugar a la investigación, si bien hay que decir que el Ayuntamiento tenía copia de seguridad con lo que la información, al menos, no se ha perdido.

Solo la alcaldesa ha salido a la palestra para defenderse de los cargos que se le imputan, el resto ha preferido guardar silencio, entre otras razones, con motivo del secreto de sumario en el que se encuentra el procedimiento. Desde el primer momento, la regidora, que ha descartado su dimisión, ha manifestado su «tranquilidad» porque «no tengo nada que ocultar». respecto al motivo de su detención, Izquierdo insistió en que el expediente con el que se contrató a una empresa, que a su vez subcontrató a su hermana, es «correcto». «El trabajo existe y el problema que yo veo ahora es que no se ha pagado todavía».

En este sentido, recordó las palabras que pronunció hace dos meses cuando el exalcalde anunció que le iba a denunciar. «Si tuviese algo que ocultar no hubiese firmado una moción de censura para ser alcaldesa. De hecho no me ha sorprendido que la Fiscalía haya abierto una investigación como esta a raíz de las dos denuncias. Pero no tengo miedo porque actué correctamente, aunque reconozco que se pasa mal y no es agradable pasar por esto».

Sobre la reacción de su partido y sus socios de gobierno ante este asunto afirmó que «mi partido ya sabe todo lo que hay y me apoya al cien por cien, al igual que mis compañeros de gobierno del PP y AVI, con los que di un paso importante por el bien de Santillana».

Tanto PRC y PSOE como el PP se pusieron de perfil a la espera de que se levante el secreto de sumario y se conozcan todos los implicados y los detalles de la investigación judicial. La secretaria de Organización del PSOE, Noelia Cobo, ha pedido «cautela». «Estamos a la espera. Tenemos un respeto absoluto a los tiempos de la investigación, así que nuestra postura es la de esperar», señaló la diputada nacional, quien aprovechó para destacar el trabajo de los alcaldes socialistas que han gobernado en Santillana del Mar durante 25 años.

El PRC, partido al que pertenece la alcaldesa, Sara Izquierdo, se manifestó en una línea muy similar a la del PSOE: «Respetamos la causa judicial y estamos a la espera de conocer los resultados de la investigación». Los regionalistas también mostraron su apoyo a la regidora y aseguraron ser «los primeros interesados en que se esclarezcan los hechos».

El PP, actualmente en el equipo de gobierno municipal tras la moción de censura, también coincidió con el resto de partidos en el «respeto» a las acciones judiciales. «Los procedimientos en este momento son secretos y no disponemos de elementos suficientes de valoración. Tendrían que ser, en su caso, PRC y PSOE los que expliquen esta situación. Esperamos que los hechos se esclarezcan cuanto antes por el bien de los vecinos de Santillana del Mar».

Por su parte, Agustín García, el portavoz de la Alternativa Vecinal Independiente (AVI), tercer socio de gobierno en Santillana del Mar, recordó que cuando se firmó la moción de censura «ya estaba sobre la mesa» la denuncia a la alcaldesa presentada por el exregidor. «Ella nos dio todas las explicaciones y nos parecieron convincentes. Lo enmarcamos todo en una rabieta del PSOE por salir de la Alcaldía».

Teniendo en cuenta que este caso está en una fase inicial, son muchas las incógnitas pendientes de resolver. Una de ellas es saber hasta dónde puede llegar el asunto, teniendo en cuenta que ha habido un borrado de datos que, presuntamente, buscaba la destrucción de cierta información que podría ser comprometedora.

Aun así, la Guardia Civil requisó el pasado 1 de agosto toda la documentación que se preservó finalmente en el Consistorio, además de dispositivos móviles de algunos de los investigados y otros aparatos electrónicos como tables y ordenadores. Con todo eso habrá que ver si la nómina de investigados crece. Pero para conocerlo habrá que esperar, al menos, a que el juez levante el secreto de sumario.