Diez detenidos por promover la inmigración irregular por medio de una inmobiliaria de Cayón

Un «incremento inusual» de solicitudes de empadronamiento en pueblos de los municipios de Santa María de Cayón, Castañeda y Penagos, alertó el pasado mes de febrero a la Policía Local de Cayón -que a su vez informó a la Policía Nacional- cuyos agentes acaban de hacer público que han logrado desarticular una red criminal dedicada, presuntamente, al favorecimiento de la inmigración irregular y la falsedad documental.

La operación denominada 'Cayón' se inició a raíz de ese movimiento poco habitual de peticiones de empadronamientos en los cuales figuraban, siempre, contratos de arrendamiento que eran tramitados por una ciudadana española que regenta una inmobiliaria.

Tirando de este hilo, se supo de la existencia de una agencia que se estaba dedicando al alquiler de pisos en las zonas citadas siempre ligados a extranjeros que pedían certificados de empadronamiento y de convivencia y, después, planteaban solicitudes de reagrupación familiar en la oficina de Extranjeros de Santander.

La dirección de la trama la llevaba en todo momento la propietaria de la empresa inmobiliaria asentada en Santa María de Cayón, quien no solo se dedicaba al alquiler de los pisos, sino que intermediaba en las gestiones que se debían de realizar en las Administraciones locales y que, incluso, en alguna ocasión presentó documentación en la Oficina de Extranjeros, bajo la excusa de que los solicitantes de las reagrupaciones no hablaban español. Debido a que los extranjeros que alquilaban los pisos no residían en los mismos, la propia gestora de la agencia coordinaba el pago de los suministros, entre los propietarios y los arrendatarios.

Esta persona ofertaba los pisos que controlaba a ciudadanos extranjeros que residían y trabajaban en el País Vasco. Una vez contactaban con la agencia, se desplazaban a las viviendas para la firma de los contratos de alquiler, «dándose la circunstancia que los documentos se firmaban dos veces y en lugares diferentes y nunca llegaban a coincidir los propietarios y los inquilinos», relata la Policía Nacional. Una vez los inmigrantes obtenían los papeles oficiales que precisaban (los certificados de empadronamiento y convivencia), regresaban al País Vasco y no llegaban a residir nunca en los domicilios que arrendaban.

Por medio de esta fórmula, alguno de los pisos que se utilizaron fue alquilado en tres ocasiones en el periodo de un año. En las declaraciones que se tomaron a los titulares, estos manifestaron que no llegaron a conocer personalmente a sus inquilinos, que recibían mensualmente la renta en sus cuentas y que los recibos de suministros los enviaban directamente a la agencia inmobiliaria, donde se encargaban de tramitar el cobro.

A resultas de la investigación, se ha detenido en Bilbao a un total de ocho personas, acusados de cometer delitos de falsedad documental. También hay un detenido en Irún por falsedad documental y en Santander se detuvo a la principal investigada por delitos de favorecimiento de la inmigración irregular y falsedad documental.

Con la investigación se ha evitado la concesión de 36 autorizaciones de residencia por reagrupación familiar y se ha evitado el «efecto llamada», que la actividad estaba generando en el valle de Cayón y por extensión en las solicitudes de reagrupación familiar.