Las diferencias laborales merman algunas plantillas de policías locales en favor de otras

En aquellos municipios donde existe un cuerpo policial amplio se cobra más, se trabaja mejor –con más apoyo de personal y seguridad– y existen más posibilidades de promoción interna con diferentes niveles y jefaturas, aspectos que convierten en territorio suculento a las plantillas más nutridas y que no pueden igualarse en las localidades más pequeñas, donde no hay necesidad de contar con cuerpos policiales muy numerosos y tampoco presupuesto para hacerlo.

También hay circunstancias especiales, como el caso que se ha conocido recientemente en el que Reinosa y Camargo se disputan hasta siete agentes. Ahí han entrado en juego circunstancias económicas, de organización de los cuerpos, de trabajo en horas extraordinarias y de lealtad de los agentes a su superior. Una situación compleja que ha traído a la palestra la problemática que hay con la movilidad de agentes, que está desestabilizando plantillas enteras.

Hace semanas que Camargo abrió la convocatoria urgente para completar diez plazas de policía local mediante comisión de servicios. Una figura que se contempla en la Ley de Coordinación de Policías Locales y por la que un agente que haya cumplido al menos dos años de servicio en un destino puede solicitar el traslado a otro por un año prorrogable a dos. Es necesario contar con el permiso del consistorio, cosa que no ha otorgado Reinosa, donde siete agentes han solicitado en bloque el permiso para aprovechar esta oportunidad. Tampoco les han dado beneplácito a los dos que lo han solicitado en Santoña, ni al que lo ha hecho en Ribamontán al Mar.

«Lo que he hecho ha sido tratar de resolver un problema de seguridad que tenía en el municipio por la vía de urgencia y esta ha sido la manera», se justifica Daniel Movellán (PP), alcalde de Camargo. «Supongo que a la larga estos agentes que ya han demostrado su voluntad de venir a este municipio, terminen viniendo por otra vía de movilidad que permite la ley», justificó.

En el otro lado está Reinosa, donde su regidor, José Antonio López (PP), aclara que no lo ve «posible, porque no es responsable», conceder ese visto bueno. «Otorgarlo sería lo más conciliador, pero no sería responsable comprometer la seguridad en Reinosa porque hay que tener en cuenta que tenemos once agentes en plantilla». «Entiendo que los demás tienen necesidad de completar sus plantillas, pero no puede ser a costa de comprometer las de los demás», aclara el regidor campurriano.

De fondo existe una polémica alimentada por la eliminación de una retribución por 'productividad' –1.300 euros por agente– que se añadía a la nómina de los agentes en la capital campurriana por el trabajo de horas extra en las fiestas de San Mateo. «Un trabajo que se sigue remunerando como horas extra y que entiendo que es incompatible con una retribución más como es 'productividad'», aclara López. Por el momento las cosas se quedarán como están;pero el conflicto laboral continuará mientras no se encuentre una solución al descontento entre los funcionarios.

La única opción de los ayuntamientos pequeños es atraer a aquellos casos donde las circunstancias de cada uno pueden decantar la balanza:gente oriunda del lugar o ligada a la zona por alguna cuestión personal puede sacrificar otros aspectos por trabajar en casa. Pero para ello es necesario que el bolsillo, por ejemplo, no se resienta.

«Lo primero que tienen que hacer las localidades más pequeñas es cuidar un poco más a sus policías mejorando las condiciones laborales y económicas», defiende Benito Santamaría, presidente de la Asociación de Policía Local y Bomberos de Cantabria (APLB), el colectivo que vela por los intereses de todos estos profesionales en la región.

No puede ser, coinciden los responsables de muchos de estos cuerpos municipales, que existan importantes diferencias salariales entre un ayuntamiento y otro. Mientras en Reinosa un agente cobra 33.054 euros brutos al año, con todos los complementos, en Santander llegan a los 39.338 euros –aunque hay que matizar que en la capital se trabajan 5 horas semanales más–. Y esto es sólo la punta de un iceberg.

«Lo primero que ha de cuestionarse el Gobierno de Cantabria, que es quien tiene la atribución de coordinar todas las policías municipales, es pensar qué tipo de cuerpo quiere para la región», argumenta Juan Manuel Sánchez, responsable de UGT y policía local en Santander. «Si existe esta desigualdad entre municipios, lo que habrá que hacer será solventarla planteando una unificación de criterios».

Sánchez pone como ejemplo las policías autonómicas que existen en otras comunidades;aunque no hace falta llegar a ese punto. Más fácil sería, por ejemplo, «organizar una oposición conjunta para toda la comunidad. Solucionaría muchos problemas, como se ha hecho en otros lugares», insiste Santamaría. Se evitaría con ello una de las mayores disfunciones que presenta actualmente el sistema y que penaliza a los consistorios más modestos, porque de estas pruebas resultaría una lista única de aspirantes que irían distribuyéndose por los diferentes ayuntamientos, según calificaciones, que cubriría todas las vacantes y no dejaría ningún vacío.

Con el sistema actual, por contra, un mismo aspirante se apunta a diferentes pruebas y los mismos que optan a ser funcionarios en un consistorio, constan en las listas de oposición de otro. «Pueden aprobar en un lugar, tomar posesión de la plaza, y sólo unos meses más tarde aprobar en otro lugar que les conviene más y abandonar la plaza dejándola vacante», apunta Daniel Domínguez, responsable del cuerpo local en El Astillero.

Es la razón por la que muchos consistorios viven pendientes de lo que haga Santander, que este año está retrasando la celebración de las pruebas para su convocatoria de 29 plazas, algo que, según fuentes del cuerpo, se debe a la lista interminable de alegaciones. El trastorno es tal que este próximo mes de abril comenzará un nuevo curso de formación para los nuevos funcionarios cuya superación es imperativa para convertirse en funcionario de pleno derecho y en la que no estarán los que superen la oposición de Santander. «Yeso obligará a convocar semanas después otro curso sólo para ellos con el gasto que eso supone», agrega Sánchez desde UGT. En estas convocatorias de concurrencia libre se reservan también un 20% de las plazas a movilidad, con lo que cada vez que haya exámenes, habrá fuga de agentes de unos ayuntamientos a otros.

«Mucha de esta gente se mueve por la sencilla razón de que reside en Santander», explica el responsable de UGT, que aclara que todo esto redunda en el incremento de la inseguridad en los pequeños municipios, y ello, una vez más, en la pescadilla que se muerde la cola que genera mayor inseguridad en estas poblaciones más rurales.

La ley permite que un ayuntamiento con más de 5.000 habitantes tenga cuerpo municipal;pero obliga a que, si se pone en marcha, tenga un mínimo de 5 agentes. Además, el ratio de funcionarios está fijado en España en 1,5 por cada 1.000 habitantes. Es algo que no se respeta en muchos de los 35 consistorios que tienen policía en la región. Y ha quedado demostrado que la Guardia Civil tampoco cuenta con efectivos suficientes para cubrir esas deficiencias. Tampoco resuelven la papeleta los auxiliares de policía, que no tienen capacidad sancionadora.

«Necesitamos que el Gobierno de Cantabria, que tiene competencia para coordinar todo esto, la ejerza», apunta Juan Manuel Sánchez. Es fundamental que en las mesas de coordinación, que se reúnen de forma periódica para abordar todos estos asuntos con los responsables de todos los cuerpos municipales, se llegue a un acuerdo para poner solución a todos estos problemas.