Las diferentes condenas de Suesa, Corbán y Castelar abren el debate del homicidio vial

En el caso de Suesa, en el que fallecieron tres personas, Jaime Acebes, que casi triplicaba la tasa de alcohol permitida y superaba en 29 km/h el límite de velocidad, llegó a un acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones particulares por el que ha sido condenado por tres homicidios imprudentes muy graves a cinco años y nueves meses de cárcel, tres meses menos de los que pedía inicialmente el fiscal. Esta condena es apenas seis meses mayor que la impuesta al conductor del accidente de Corbán (está recurrida al Supremo), en el que fallecieron dos mujeres, y que también fue calificado como homicidio imprudente.

Frente a estas dos condenas, está la del autor material del atropello mortal de Castelar, Bryan Barroso, al que el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TJSC) le ha elevado la condena inicial de 5 años de cárcel por homicidio imprudente a 13 años y ocho meses por homicidio doloso, y se le aplica la circunstancia agravante de reincidencia.

La diferencia de penas entre los dos primeros casos y este último –en Cantabria no hay un precedente de una condena tan alta– ha dado lugar a una serie de reacciones entre la ciudadanía. «Al fin algo de justicia. Sin embargo, no puedo dejar de pensar en las dos chicas que perdieron la vida en Corbán. Al menos la familia de Bret ve algo de justicia y Barroso va a pasar un tiempo en la cárcel. ¿Alguien sabe si el sujeto que mató a las chicas de Corbán puso un pie dentro? Y estoy de acuerdo, en este país matar sale muy barato», afirmaba una de las lectoras de este periódico hace unos días.

«Esta sentencia (la segunda de Castelar), al menos, se acerca un poco más a la gravedad de los hechos, aunque ya nadie le va a devolver la vida al joven fallecido. Espero que en el atropello múltiple de Suesa los jueces tomen nota y cambien la sentencia tan irrisoria e incomprensible que habían dictado en primera instancia», opinaba otro lector. Aunque hay que señalar que la condena de Suesa es firme al haber acuerdo entre las partes.

Para entender en que contexto nos encontramos es importante referirse a las últimas reformas del Código Penal (2019 y 2022). Así, se considera imprudencia grave cualquier delito contra la seguridad vial (exceso de velocidad, conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas, sin carné…) que ocasione heridos leves, heridos graves o fallecidos. Las penas van de 1 a 4 años de cárcel si hay fallecidos y hasta un año si hay lesiones.

La pena por imprudencia grave de hasta 4 años de cárcel puede ser elevada hasta los 6 años si se provoca la muerte de dos o más personas, o la muerte de una y lesiones graves de otra. Además, la condena podrá subirse hasta los 9 años de prisión en el caso de que el número de fallecidos fuera «muy elevado». Finalmente, estaría el homicidio doloso –cuando hay intención de matar–, o el dolo eventual –cuando eres consciente de que puedes matar a alguien y persistes en tu acción– penados con entre 10 y 15 años de cárcel.

A la hora de explicar las diferencias entre estos tres casos, el fiscal superior de Cantabria y delegado de Seguridad Vial, Jesús Arteaga, asegura que hay que tener en cuenta que no es lo mismo la «posibilidad» que la «probabilidad» de que haya muertos en un accidente. Con lo que «la pena a imponer es más elevada cuando la probabilidad es mayor». Eso explicaría, según señala, que los casos de Suesa y Corbán se califiquen como homicidio imprudente con peticiones de penas de seis años (por haber dos o más muertos) y el de Castelar, con 14 años.

¿Y por qué recibe más pena el que mata a una persona que el que mata a tres? «Lo que se busca es la culpabilidad personal del autor y el grado de riesgo en su conducta. Sí se tiene en cuenta el número de muertos, porque así lo recoge el Código Penal, pero no se puede hacer una regla de tres», explica Arteaga.

Teniendo en cuenta que en el caso de un fallecido el Código Penal recoge una pena máxima de 4 años por homicidio imprudente grave y a partir de 10 si hay dolo, en España son varias las asociaciones de víctimas y magistrados que plantean la necesidad de crear el denominado 'homicidio vial' (de 5 a 10 años de cárcel), que ya está implantado en países como Francia e Italia.

La asociación Stop Accidentes reivindica la creación de este delito para desterrar que se califique como «imprudencia grave con resultado de muerte» los hechos de conductores que se emborrachan y drogan, o conducen sin el permiso de conducir o a una velocidad excesiva, siendo conscientes de que pueden matar a alguien.

El fiscal superior de Cantabria cree que se puede plantear la creación de este delito, pero con matices. «Creo que por muy grave que sea una acción de tráfico no deja de ser una acción, salvo que nos conste que un conductor quería matar a alguien». «Bryan no salió de casa pensando en matar. No hay esa intención inicial, ni antes del atropello. No es buscarlo, pero es probable», argumenta.

Para Arteaga, no encajaría este nuevo delito en los casos de conductores que solo conducen bebido o con exceso velocidad, porque «ahí estamos en una imprudencia muy grave». «Habría que ver el caso concreto. No es lo mismo una acción en zona urbana o en la autovía a las cuatro de la madrugada, por ejemplo».

El magistrado de la Audiencia Provincial de Cantabria, Ernesto Sagüillo, coincide en que hay que examinar cada caso de forma individual. «Si acaso añadiría que, si a la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, se une un notorio exceso de velocidad y una ignorancia manifiesta de las reglas básicas de la circulación vial, es posible que el conductor se represente los riesgos derivados de su acción».

Sagüillo cree que la creación del delito de homicidio vial «merece un estudio detenido». «En esta clase de delitos se atacan dos bienes jurídicos: por un lado, la vida e integridad de las personas y, por otro, la seguridad vial. Esta circunstancia podría justificar la creación de un tipo penal intermedio entre el tradicional homicidio doloso y el imprudente. En cualquier caso, es una responsabilidad del legislador y exigiría una reflexión profunda».

Dicho esto, el magistrado recuerda las últimas modificaciones del Código Penal «para intentar una mayor protección de las víctimas de accidentes de tráfico mediante el endurecimiento de la persecución penal de esta clase de delitos». Aun así, comprende que haya ciudadanos para quienes, en determinados supuestos, la penalidad del homicidio imprudente parezca «insuficiente» y, sin embargo, la aplicación de la pena por el homicidio doloso se vea «desproporcionada».

Medidas preventivas

El abogado especializado en seguridad vial, Miguel Trueba Fraile –que apunta que la línea entre la imprudencia y el dolo «es muy delgada»– coincide en la necesidad de crear ese nuevo delito de homicidio vial y el endurecimiento de las penas, «porque a veces sale muy barato causar la muerte de una persona». En su opinión, «una persona que se pone al volante bebida o drogada ya es suficientemente consciente de que está creando un perjuicio, teniendo en cuenta que las facultades para conducir se merman considerablemente».

Al margen de esto, Trueba también cree que es importe implantar sistemas preventivos en los vehículos, por parte de los fabricantes. «Por ejemplo, que no puedas arrancar el coche o sacar el cinturón si no te haces un test de saliva. Lo mismo que detectan cuando te duermes, que los coches intervengan en estas situaciones. Hay que aprovechar la inteligencia artificial para reducir los siniestros».

La delegada de Stop Accidentes en Cantabria, Maribel Fernández, que piensa que el segundo conductor de Castelar «tiene la misma responsabilidad que el primero», también considera que hay que hacer una labor de «concienciación» entre los conductores que consumen alcohol o drogas y dicen que «controlan».

Pero lo que más le preocupa es que «las muertes salgan gratis» y, por eso, pide a los jueces «que tengan humanidad a la hora de sentenciar».