Dimite el presidente de Sogarca por la maniobra del Gobierno para vender la entidad a Castilla y León

El Ejecutivo del PP se ha convertido en el principal promotor y defensor de la absorción de Sogarca por la castellana Iberaval, la sociedad de garantías más grande de España que opera, también, en La Rioja, Galicia y Madrid. Es decir, la clásica situación de mercado en la que el grande se quiere comer al pequeño. Este interés del Gobierno para que la operación fructifique ha chocado frontalmente con la oposición interna de la propia entidad con sede en Santander. En Sogarca quieren mantener su independencia y no ser absorbidos, una postura que también han defendido el PRC en el Parlamento y el PSOE en el Ayuntamiento de Santander.

Por eso, Miguel Ángel Díaz quería que la Consejería de Industria -representante del Gobierno en el Consejo- tuviera en consideración la oferta de la vasca Elkargi. «No quieren ni siquiera analizarla pese a que es mucho mejor para Sogarca. La sociedad seguiría existiendo y Elkargi solo cubriría las operaciones que superan nuesto límite financiero, mientras que con los castellanos seríamos absorbidos y se llevarían 16 millones de Cantabria», denunció.

En la mesa donde se toman las decisiones de Sogarca hay once personas sentadas. Además del Gobierno –principal socio de la entidad y sin cuya financiación anual Sogarca no podría sobrevivir–, están a favor de la integración con Iberaval la CEOE, la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Santander. Otros dos sillones corresponden a bancos –Unicaja y Caixabank–, con cuyos votos cuenta también el Ejecutivo del PP, ya que ambos forman parte de la estructura de Iberaval desde hace tiempo. Las mayores reticencias a la operación llegan de los cinco empresarios locales que completan este órgano, presidido por Díaz.