«El dinero presupuestado en los últimos años para la discapacidad es nada»

-¿Está en peligro la viabilidad de los centros de atención a la discapacidad en Cantabria?

-Muchas de las entidades sociales de atención a la discapacidad en Cantabria tendrán que cerrar. Me refiero a centros históricos, que dan servicio a mucha gente, cuyo futuro es incierto y no saben cuánto tiempo les queda. Lo están pasando realmente mal. Si observamos el desglose de los presupuestos vemos que la cantidad destinada los últimos años a la discapacidad es nada. Los centros del Cermi Cantabria son 41, que atienden a 1.100 personas. El Icass solo tiene uno, el CAD de Sierrallana, que atienden a 120 personas. No es coherente que las entidades sociales sin ánimo de lucro se tengan que endeudar y asumir parte del coste de los apoyos que prestan cuando estos tienen la consideración de servicio público. Es una situación insostenible.

-¿Los recortes repercuten en la calidad del servicio que ofrecen?

-Sí. La calidad cae desde los recortes de 2012. Con la nueva ley que entró en vigor en marzo han aumentado las exigencias a los centros, pero no las subvenciones. Esta ley la hemos impugnado desde los servicios sociales; ambos sectores, el de mayores y el de discapacidad, ya que no podemos mantenernos. Debemos recordar a la sociedad que no tenemos financiación propia. Damos servicios como si fuéramos centros públicos, pero el precio de la plaza concertada es tres veces inferior al del público.

-¿Qué mensaje le gustaría transmitir de forma prioritaria para asegurar el futuro del sector?

-No podemos seguir planificando para personas sin discapacidad y para personas con discapacidad de forma separada y excluyendo a estas de muchas actividades. Tenemos que entender la discapacidad incluida de forma transversal en todas las políticas, no solo en los servicios sociales. Las personas con discapacidad estudiamos, nos formamos, accedemos a un trabajo, a una vivienda, usamos el transporte público. En definitiva, queremos participar en la sociedad, y la accesibilidad universal es necesaria. Los gobiernos deben hacer política teniendo en cuenta la pluralidad de la sociedad y no dejando fuera a un sector.

-¿Cómo han recibido el anuncio del presidente regional sobre posibles nuevos recortes?

-Es una noticia que ha inquietado mucho al sector, aunque no podemos hacer un posicionamiento firme al desconocer los detalles y el alcance real. Lo que sí podemos afirmar es que las entidades de discapacidad no pueden soportar ni un recorte más.

-¿Cantabria avanza en materia de accesibilidad urbanística?

-Aunque en los últimos años se ha avanzado mucho seguimos estando muy lejos de afirmar que nuestro entorno es accesible. El plazo marcado para el 4 de diciembre de 2017 como fecha para lograr la accesibilidad universal está claramente incumplido, y tenemos que verlo como un fracaso colectivo como sociedad y como país, porque los poderes públicos, las Administraciones, las autoridades y los agentes y operadores oficiales no han sido capaces de cumplir y hacer cumplir las leyes en materia de accesibilidad universal, y han permitido que una parte importante del entorno siga sin poderse disfrutar por muchas personas, lo cual supone una clara vulneración de sus derechos.

-¿Qué temas urgentes están en estos momentos sobre la mesa?

-Uno de los temas que traslado al Gobierno reiteradamente es la necesidad de aplicar medidas urgentes que permitan conciliar la subida en más de un 22% del salario mínimo con la sostenibilidad de los centros especiales de empleo, que dan oportunidades de empleo a personas con discapacidad. Ello pasa por adecuar los precios de los concursos públicos, que siguen bajando año tras año, por incrementar las subvenciones para que se adecuen a la subida de salarios y por incentivar las inversiones en las empresas sociales, que no se está dando.

-¿El sector se siente como ciudadanos de segunda?

-Lamentablemente esa es la percepción que tenemos muchas personas con discapacidad. El problema es que se sigue sin entender que los recursos destinados a las políticas de apoyo a las personas con discapacidad son una inversión y no un gasto, pues tienen un retorno social y económico que supera con creces lo invertido. Y además seguimos sin comprender que estas políticas son un tema de derechos humanos y no algo graciable.

-¿Cómo afectan las desigualdades entre comunidades?

-La descentralización de los servicios sociales tiene su aspecto positivo en cuanto que permite promover una gestión más ágil, cercana al ciudadano y más adaptada a las necesidades reales de cada territorio, pero crea situaciones de desigualdad preocupantes tanto entre las personas en el ejercicio de sus derechos y acceso a recursos, como entre las entidades sociales en relación a la sostenibilidad. Deberíamos apostar por modelos comunes en todo el territorio nacional, que garanticen a las personas el ejercicio de derechos independientemente de la comunidad donde se viva, aunque manteniendo la gestión autonómica.

-¿Cuándo será realidad una comisión permanente de discapacidad?

-Es un compromiso que la mayoría de las formaciones políticas asumieron con Cermi Cantabria en el periodo electoral, por lo que velaremos para que se cumpla.