Los diputados cántabros no se subirán el sueldo el próximo año

La revisión de los sueldos en el Parlamento fue planteada por su presidente, Joaquín Gómez, y contemplaba un incremento del 4% en las retribuciones de diputados y trabajadores –un 1,5% para hacer frente a la subida del IPC en 2022 y otro 2,5% adicional para las nóminas de 2023–, como reflejaba el documento que, según subrayó, había sido elaborado por los funcionarios del Servicio de Administración, de acuerdo con las negociaciones de ámbito nacional del Gobierno con los sindicatos. El texto también preveía un aumento del 6% en las dietas.

Los grupos parlamentarios no lograron aprobar esta modificación en su primer encuentro, el lunes de la semana pasada, por las reticencias del Mixto, del que forman parte Vox y Ciudadanos, pese al visto bueno de los demás. Finalmente, todos se pusieron de acuerdo en que la subida del 4% favoreciese únicamente a los trabajadores del Parlamento, aunque no a los cargos electos, que seguirán percibiendo las mismas cantidades en concepto de salario y dietas; alcanzado el consenso, se elimina uno de los escollos que estaban retrasando la aprobación de los presupuestos de la Cámara para el próximo ejercicio.

El Parlamento cántabro introdujo su última subida salarial, de un 2%, en enero de 2022, después de que en los dos años anteriores permanecieran sin cambios. La nueva actualización de retribuciones se proponía una vez que el Congreso de los Diputados ha dado luz verde a una subida del 3,5% tanto para sus empleados como para los políticos, un porcentaje idéntico al acordado entre el Ministerio de Hacienda y los sindicatos para la plantilla de funcionarios.

Los salarios de los parlamentarios cántabros se encuentran entre los más bajos de toda España: un diputado regional, con dedicación completa, percibe un sueldo base de 34.164 euros, repartido en catorce mensualidades, una cantidad a la que hay que sumar otros 13.493 anuales en concepto de dietas, que se le pagan en cualquier caso, sin necesidad de justificarlas.

Vox se ha mostrado partidario de cambiar el sistema de cobro de dietas, de modo que sea obligatorio dar cuenta de los gastos o, en caso contrario, integrar esas cantidades en el sueldo y que se cotice por el total, aunque no ha llegado a plantearlo de forma oficial en la Junta de Portavoces.